JOSÉ RAMOS: CHILE Y LA MUNICIPALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN

           José Ramos Bosmediano, educador, miembro de la Red Social para la Escuela Pública en las Américas (Red SEPA, Canadá), ex Secretario General del SUTEP (Perú)

 

Mientras fui dirigente nacional del SUTEP, particularmente durante la dictadura de Fujimori, Wladimiro Montesinos, las Fuerzas Armadas y el empresariado agrupado en la CONFIEP, debí de pronunciarme constantemente contra la entrega (transferencia le  denominan) de las escuelas a las municipalidades, abriendo, al mismo tiempo, todas las puertas para la privatización de la educación básica y superior.  Esta decisión se comenzó a tomar desde fines de 1991 (Decreto Legislativo 699), 1992 (Decreto Ley 26011) y 1997, cuando a la municipalización de la educación se unió la de la salud. Las decisiones políticas de aquellos años tuvieron como centro de inspiración el modelo de reforma educativa neoliberal que impuso la dictadura de Pinochet en Chile, más la orientación del Banco Mundial y la exigencia del Fondo Monetario internacional.

El hecho de que el fujimontesinismo no lograra imponer la municipalización de la educación en el Perú debe explicarse por la lucha de los maestros organizados en su sindicato.  Sus tres intentos fueron desbaratados no solamente a través de la lucha en las calles, sino con argumentos que se hizo llegar a los padres de familia y a  los alcaldes de aquellos años. 

Una lucha con argumentos

La lucha del sindicato magisterial, en aquellos años, fue casi solitaria, pues hasta los que hoy están apoyando la lucha de los estudiantes chilenos tuvieron, frente a la municipalización de la educación y a toda la reforma educativa neoliberal una actitud complaciente en algunos casos, y de apoyo en otros, pues, aduciendo sus discrepancias con la dirección "sectaria" y "oposicionista" del SUTEP, colaboraron con aquella reforma y hasta lucraron participando de sus programas de capacitación y concursos docentes.  No consideraron adecuada nuestra posición de lucha contra esa reforma como parte de la lucha contra el neoliberalismo, muchos menos nuestras afirmaciones sobre el fracaso de la reforma chilena, pues desde fines de los años 80 del siglo XX, la investigadora Viola Espinola reveló ese fracaso a través de un libro que pocos han leído y casi nadie recuerda.  Consideraban, más bien,  que había "resquicios" para "hacer algo" a favor de la educación. No pocas onegés dedicadas al asunto de la educación convivieron, amigablemente, con los reformadores neoliberales. 

Nuestro argumento central para oponernos a la municipalización educativa  fue, y sigue siendo, su mandato macroeconómico fondomonetarista de transferir las obligaciones económicas del gobierno central al pueblo a través de la administración municipal de la educación, como luego ocurrió en Argentina bajo el dominio del neoliberalismo del ex Presidente Saúl Menem.  Hay, desde luego, otros argumentos importantes que pretenden ignorar ciertos alcaldes y hasta presidentes regionales.  Pero, como lo dijo en algún texto el ex funcionario de UNESCO Juan Carlos Tedesco, la esencia de la reforma educativa neoliberal en Chile y en cualquier parte es de índole presupuestaria, su objetivo de disminuir los gastos del Estado en educación para resolver los problemas de los equilibrios macroeconómicos en una economía de libre mercado donde el sector privado requiere ampliar sus tasas de ganancias apoderándose de todos los sectores de la economía y los servicios.  Todo lo demás sobre la pedagogía constructivista, el supuesto mejoramiento de la calidad educativa, las evaluaciones docentes estandarizadas, la enseñanza por competencias y otros adornos de aquella reforma, no son sino aditamentos para encubrir el objetivo central señalado.

Del fracaso a la lucha

Como ha quedado demostrado, toda la reforma  educativa neoliberal, pero especialmente la municipalización de la educación, han fracasado en Chile y en  todos los países donde han sido impuestas.  La lucha de los estudiantes chilenos y de sus maestros, que vienen desde los primeros años del siglo XXI, ha estallado hoy golpeando el duro cerebro de sus gobernantes y removiendo el encéfalo de muchos otros que ayer ni se inmutaban frente a la reforma neoliberal, a la cual, más bien, aplaudían.

La Concertación chilena, realmente, no movió un dedo durante los 20 años que le correspondió gobernar, pese a que durante la campaña electoral del 2006, la entonces candidata presidencial de esa agrupación, supuestamente de izquierda, Sra. Michele Bachellet, encaró la pésima educación chilena como argumento para enróstralo a su contendiente, el hoy Presidente Piñera.

La lucha estudiantil en el Chile del 2011 es, qué duda cabe, el estallido de un descontento frente a un programa educativo fracasado y a las profundas desigualdades generadas por el neoliberalismo en ese país.  La lucha por una nueva educación chilena, que recobre, por lo menos, su carácter gratuito, laico, democrático y mejor nivel académico, ha despertado la conciencia de los millones de chilenos niños, adolescentes y adultos, haciendo converger a los más vastos sectores que no pueden pagar la educación que ofrecen los privatizadores de la enseñanza, quienes consideran que los créditos y las "becas" son la panacea para democratizar la enseñanza.

La lucha de los estudiantes chilenos se da en las calles, un escenario donde se han definido muchas conquistas proletarias y populares.  Esa lucha demuestra, una vez más, que la lucha de masas no ha periclitado, como afirman en el Perú ciertos voceros del conservadurismo neoliberal ni algunos representantes de la aristocracia obrera que pretende oponer la acción directa a la "propuesta".  Cierto tipo de componenda con los patrones de turno busca limitar la lucha de los trabajadores al mero diálogo, eterno e improductivo.  Los estudiantes chilenos están demostrando que el diálogo es adecuado si su soporte es de masas en lucha y si tiene un resultado positivo para los objetivos de esa lucha.  Piñera quiere demostrar que la lucha de masas es contraria al diálogo. 

La municipalización de la educación en Chile, al lado de las escuelas subsidiadas bajo una dirección privatizada, ha contribuido al descalabro de toda la educación chilena. 

El gobierno chileno, como ya lo dijimos en un artículo anterior, no puede más que ofrecer más de lo mismo: mantenimiento del sistema con "más becas", "más créditos educativos", un poquito más de presupuesto para ciertas regiones con mayor pobreza y, lo que ya se esperaba, más represión contra los  estudiantes.

¿Y qué más podría ofrecer el gobierno de don Sebastián Piñera si este señor es uno de los más genuinos representantes de la gran burguesía neoliberal de Chile que colaboró con el golpe de Pinochet y luego dio un viraje táctico para seguir manteniendo su situación de uno de los hombres más ricos de Chile (más de 3 mil millones de dólares americanos)?  Si la Concertación no hizo más que consolidar el neoliberalismo en Chile, a Pinochet le cabe la responsabilidad de mantenerlo a cualquier precio.  Difícilmente podrá ceder a las exigencias de la actual lucha estudiantil en Chile.  Solamente una lucha más amplia, que involucre a las demás fuerzas populares, en especial a los trabajadores organizados en su central sindical, a los maestros del Colegio de Profesores (que es, en realidad, el sindicato) y a todo el pueblo. 

Nueva lección para el Perú

Si el gobierno del Presidente Ollanta Humala tuviese un proyecto de educación para romper con la reforma educativa neoliberal en el Perú, dejaría de estar titubeando con la municipalización de la educación que iniciara el gobierno aprista.  Si primero se afirma que la municipalización de la educación queda suspendida, luego en evaluación, nuevamente que "ya  no da más", y no tomar una decisión legal para definir su destino, es signo de una falta de proyecto para la educación peruana, pero también expresión de un trasfondo de presión desde el Ministerio de Economía y Finanzas en manos de un conspicuo representante del gran capital y del proyecto neoliberal, como lo es el Ministro Castilla.  No debe olvidarse que uno de sus antecesores, Luis Carranza, advirtió que "es peligroso" dejar de aplicar las políticas educativas que ha impuesto el gobierno aprista.

La mejor lección que hoy nos da Chile en materia educativa es que si no se desmonta el proyecto neoliberal, es difícil dar curso a un nuevo proyecto educativo y a la recuperación de la educación  pública como un derecho social y una obligación del Estado.

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En defensa de la Amazonía Peruana: sobre la derogatoria de la denominada Ley CORINA

José Ramos Bosmediano, educador, miembro de la Red Social para la Escuela Pública en las Américas (Red SEPA, Canadá), ex Secretario General del SUTEP (Perú)

 

Acaba el Congreso de la República del Perú aprobar una Ley que deroga la del número 29760 que promulgara, en las vísperas de su salida del gobierno central, el hoy ex Presidente Alan García Pérez, del partido aprista. Es de suponer que, de inmediato, la Ley será promulgada por el actual presidente Ollanta Humala Tasso, ya que sus parlamentarios han sido quienes, con más fuerza,  han impulsado la aprobación del Proyecto de Ley.

La anticientífica Ley CORINA

La Ley 20760, de fines de julio del 2011, carece de la fundamentación científica que debe tener toda Ley, en este caso, de las referidas a las estructuras geo-ecológicas de la gran cuenca amazónica (de cualquier cuenca que pueda afectarse con una obra física).  La mencionada Ley sólo impone la "necesidad pública" de trasvasar aguas "excedentes" del río Marañón y del río Huallaga, arterias fundamentales en el curso del río Amazonas que se origina y baja desde la Cordillera del Mismi en Arequipa; pero que son, fundamentalmente, dos de los ríos cuyo caudal se alimenta paso a paso, desde sus orígenes en los andes del norte del Perú, manteniendo el equilibrio ecológico muy útil para cientos de miles de comunidades indígenas y campesinas, amén de las poblaciones urbanas de la Amazonía peruana y de los países asentados en la gran cuenca amazónica.

Los geógrafos y quienes están especializados en los estudios de los ecosistemas, si son personas que se deben más a la ciencia que conocen y practican y no a los negocios de las transnacionales de los grandes proyectos carreteros, ferroviarios, hidroeléctricos y de la gran agricultura de riego intensivo para la exportación, debieran de decirnos con claridad que una cuenca no puede alterarse a capricho de los negocios, ni se debe considerar como excedente un supuesto porcentaje de sus aguas, de su humedad y su relación con la correspondiente biodiversidad que genera.  La cuenca amazónica, en su conjunto, es tal y tiene lo que tiene porque su volumen de agua y de humedad, más la temperatura ambiente que posee, origina el equilibrio actual, bastante ya en peligro, precisamente, por la acción irracional e interesada de quienes, desde el gobierno y desde los negocios privados nacionales y extranjeros han venido talando, explotando y envenenado sus aguas, generando, como se sabe el peligrosísimo proceso de disminución de los caudales de los grandes ríos, al tiempo que propician el secamiento de los riachuelos, quebradas y lagunas (cochas) de nuestra Amazonía.

La Ley 29760 maneja el concepto de "aguas excedentes" de los ríos amenazados por el trasvase desde un criterio terriblemente empírico, interesado, vulgar, como si fuera un proceso simple y sin consecuencias río abajo, cuenca abajo, en toda sus extensión.  Para los mentores y ejecutores de la promulgación de esa Ley todo río tiene excedentes, es decir, una proporción de agua que "se pierde" y puede llevarse a otro lugar sin afectar la cuenca.  Y no se trata de un riachuelo, como no lo son los ríos Marañón y Huallaga.  Esta concepción es totalmente contraria a las leyes del equilibrio ecológico conformado por un proceso de miles de años que se pretende alterar sin tener en cuenta la realidad histórica de los sistemas ecológicos.  A los ríos de la Amazonía peruana, y la cuenca amazónica en general, no le sobran aguas, y el excedente del que se pudiera hablar es del agua que llega, finalmente, al mar.  Quitar aguas a los ríos en su propio curso es, pues, generar alteraciones peligrosas en la cuenca, en los habitantes que la pueblan, etc.

Es evidente que, concomitantemente, las poblaciones indígenas originarias de la Amazonía peruana serán parte importante del perjuicio que se pretende originar con el trasvase, y por eso la consulta, si fuese necesaria, debe hacerse también a toda la población amazónica, rural y urbana. Pero tengo la convicción de que la pretendida consulta es improcedente, pues no se puede consultar aquello que es evidentemente perjudicial para todas las poblaciones amazónicas y para todo el Perú, pues la Amazonía peruana es no solamente un pulmón para la vida sino la vida misma y fuente de infinitas riquezas para el futuro si es que la cuidamos y explotamos con racionalidad y justicia.  Si se diera la consulta, estaríamos frente a un derroche de recursos para la campaña a favor del trasvase, y ya se sabe quiénes "invertirán en ese gasto para convencer a un importante sector de las poblaciones amazónicas.

Argumentos y razones de los promotores del trasvase

Me ha sido particularmente fastidioso escuchar al gobernador regional (¿para qué un gobernador regional donde hay presidente regional?) de Loreto, de evidente filiación aprista, que esgrime los argumentos más falaces para oponerse a la derogatoria de la Ley del trasvase de aguas "excedentes".

Arguye que solamente se trasvasará el 1 % de las aguas objeto del trasvase.  En su torcido y retorcido razonamiento, no significa nada para la cuenca, cuando lo que se observa es el conjunto de problemas que ya tenemos con los mencionados ríos y otros debido al efecto del calentamiento global.  Se pretende extraer "solo un poquito" de agua y no ha de ocurrir nada.

Su otro argumento a favor del trasvase es que necesitamos más hidroeléctricas para estar a la altura de países como China, España, etc., sin tener en cuenta que en esos países las hidroeléctricas se construyen sin afectar los ecosistemas, con estudios adecuados o sin perjuicio de devolver las aguas utilizadas al mismo cauce.  En el caso del trasvase propuesto por la ley derogada en el Legislativo peruano, esas aguas no volverían más a su cauce ni a su cuenca.

El tercer argumento es el que genera miedo: sin ese trasvase no tendremos suficiente energía en   el futuro, y la costa norte del Perú no podrá incrementar su producción.  Se oculta el hecho de que hay tecnología moderna para producir energía hidráulica suficiente sin afectar nuestro ecosistema y para obtener agua por otros medios, pero las transnacionales necesitan ganar mucho más con gigantescas obras no importa los efectos que produzcan en los territorios donde operan.  No se tiene en cuenta, además, que hay tecnología para producir energía alternativa, no solamente en la Amazonía peruana sino en las cuencas occidentales del país.

Y finalmente, no podría faltar el argumento demagógico de anunciar que las hidroeléctricas construidas nos producirán más canon y mucha energía interconectada "para nuestro desarrollo sostenible".  ¡Qué hermoso anuncio!  Mejor, ¡qué ingenuidad interesada!  No importa que la Amazonía pierda el equilibrio ecológico y el ecosistema amazónico se deteriore si con todo eso tendremos más energía y más canon.  ¿Estos dos elementos podrán revertir el deterioro de la Amazonía peruana?

Pero debe quedar claro que los retorcidos  argumentos del gobernador no son suyos.  Pertenecen a quienes ya tenían en su cartapacio o en su USB todas las ganancias proyectadas al realizar las grandes obras de ingeniería moderna, culminadas las cuales, se irían del país con el bolsillo lleno, no con las aguas del Marañón y del Huallaga, sino con los dólares pagados por el Estado peruano, hasta otra oportunidad.

Final, por hoy

Las autoridades políticas y científicas, además de los maestros, tienen hoy la brillante oportunidad de introducir la pedagogía del conocimiento de nuestra cuenca amazónica para impedir que los cachupines de las transnacionales sigan engañando a la población con sus retorcidos e interesados argumentos, que ocultan los reales intereses del neoliberalismo.

Iquitos, 14 de octubre del 2011

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Perú: la marcha popular del 12 de octubre, ¿apoyo o exigencia?

                José Ramos Bosmediano, educador, miembro de la Red social para la Escuela Pública en las Américas (Red SEPA, Canadá), ex Secretario General del SUTEP

La Marcha Popular realizada en el Perú el día 12 de octubre, a casi tres meses de iniciado el gobierno del Presidente Ollanta Humala, fue convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú como una jornada de apoyo al gobierno actual, señalando como fundamento de ese apoyo las medidas gubernamentales que, supuestamente,  vienen favoreciendo al pueblo, a los trabajadores y al país.  Después de la convocatoria en los términos señalados, los dirigentes convocantes trataron de concentrar la acción de lucha en las exigencias de medidas políticas y laborales más claras por parte del gobierno, pues, los trabajadores, hasta el momento, no ven ninguna política de reversión de las políticas laborales neoliberales que han conculcado todos los derechos de los trabajadores peruanos.  Esta percepción ponía en peligro la convocatoria y era necesario dotarla de un enunciado que responda a las expectativas actuales del movimiento popular y de los sectores políticos que han apoyado la candidatura del Presidente Humala para hacer posible "la gran transformación" que ofreciera durante su campaña electoral, pero que hasta el momento no aparecen como expresiones de ese cambio prometido, factor ideológico y político fundamental para la derrota de toda la derecha neoliberal en el Perú.

El giro de la convocatoria en los términos de exigencia de cambios verdaderos determinó que la marcha nacional sea aceptablemente acatada, incluso por numerosos maestros del SUTEP que, sin una paralización efectiva de clases, no suelen concurrir a las marchas para no dejar solos a sus alumnos en las escuelas.

¿Con el gobierno o contra la derecha neoliberal?

En el momento actual en el Perú, ¿la contradicción política principal es entre el gobierno y la derecha neoliberal o entre esta derecha y el pueblo?  Mi punto de vista es la segunda, pues el gobierno, pese a la derrota de la derecha neoliberal en las elecciones generales del primer semestre del presente año, no ha logrado dar el paso fundamental para enfrentar las estructuras económicas y sociales que ha dejado el neoliberalismo en los últimos 20 años en el Perú.  Empezó, nada más,   a rasguñar las ingentes ganancias de las grandes empresas mineras nacionales y extranjeras, incluso sin que estas hicieran polvareda, pero no ha tocado, hasta la fecha, el armatoste de política laboral del neoliberalismo.  El manejo de la macroeconomía está bajo el control del mismo staff neoliberal que dejara el gobierno aprista. Los periodistas que se definen como "liberales" no cesan de exigir al gobierno generar "más confianza en los inversionistas", vale decir, no tocar sus intereses. En el campo educativo, como veremos en otro artículo, toda la estructura heredada permanece intocable, salvo intentos de mejoras en la administración de aquellas políticas educativas, y manteniendo a los maestros en la misma situación de fragmentación profesional y congelamiento remunerativo.

Hoy queda más claro que la distribución de alimentación y dinero para los más pobres (PRONAAA y JUNTOS, respectivamente), no solamente produce el aprovechamiento mafioso de la burocracia intermedia de esos programas, sino que las condiciones en las que se ofrecen a los sectores más marginados del Perú son de las más deplorables, como siempre lo han sido, poniendo en peligro la vida de los niños.  Hay que decir que los casi 800 millones de soles anuales que se gastan en el asistencialismo neoliberal, más una suma mayor en la distribución en  dinero efectivo, tendría un fin digno si se invirtiera en la promoción de la pequeña y mediana agricultura para generar una economía familiar y alimentaria realmente moderna.  Para esto, como lo demuestra la "Revista Agraria", se requiere replantear el sistema de adjudicación de tierras aptas para la producción agraria.   Nada de esto aparece hasta el momento.

No es, pues, una convocatoria adecuada cuando ella es motivada por el apoyo al gobierno actual.  Este error ya ocurrió cuando gobernó Juan Velasco Alvarado, en cuyo período (1968 – 1975), un gran sector de la clase obrera fue orientado al apoyo incondicional de aquel gobierno, cuyo horizonte burgués no podía, como no lo pudo,  sentar las bases de un nuevo Estado y una nueva sociedad en el Perú.  El seguidismo no es una buena opción para organizar a las masas oprimidas.

En este período político, diferente al que vive Bolivia y Venezuela, la contradicción principal en el Perú se da entre el pueblo y los trabajadores, como sectores oprimidos del país, y  la gran burguesía con su proyecto neoliberal que no ha sido tocado.  Exigir al gobierno un programa de cambios verdaderos es la cuestión del momento, sin dejar de luchar por el programa de cambios en la economía, la defensa de los recursos naturales, una nueva educación, la salud gratuita y universal, la seguridad social plena, la industrialización del país, una nueva reforma agraria que recupere el papel del campesinado en la producción agraria, una política de desarrollo de la Amazonía peruana en su conjunto, política energética nacional y de autoabastecimiento, la recuperación del papel del Estado en la economía, la educación, la salud y la cultura.

La derecha neoliberal debe ser enfrentada y derrotada

La derecha neoliberal no ha sido derrotada en lo fundamental.  Su derrota política electoral no le ha impedido seguir manejando la economía del país.  Su objetivo es seguir manteniendo su hegemonía económica sobre la base de negociaciones con el actual gobierno para frenar cualquier reforma que vaya más allá de donde llegó Lula da Silva en el Brasil, o Correa en el Ecuador.  En el interregno, el gobierno de Humala, de proseguir el ritmo de la indefinición programática, podría debilitarse y aislarse de las masas que le apoyaron como candidato, lo que facilitaría a la derecha neoliberal recuperar el pleno poder en el 2016.

Cometeríamos un nuevo error si seguimos confiando solamente en un gobierno reformista, como el de Humala, para avanzar en la lucha por un nuevo sistema social en el Perú, sin tener en cuenta que es el pueblo organizado, en especial los trabajadores, la fuerza fundamental para transformar las estructuras económicas y sociales del Perú actual, mucho más cuando estas estructuras han sido consolidadas por los últimos dos gobiernos neoliberales del siglo XXI (2001 -2006 / 2006 =2011).

El discurso del Sr. Abugattás

El Sr. Abugattás, uno de los principales dirigentes del partido gobernante y Presidente del Congreso, ofreció a las masas reunidas en el mitin de cierre de la marcha un discurso de agradecimiento y de ambiguos enunciados sobre lo mucho que los manifestantes esperan del gobierno, pero sin definir esos "muchos", salvo la "lucha frontal contra la corrupción" que hasta los propios corruptos del fujimorismo se atreven a pronunciar.  Lo único que pudo escucharse con claridad es la reiteración de la promesa del aumento del salario mínimo vital, apenas una parte insignificante de las necesidades de reivindicaciones laborales para los trabajadores peruanos.

En el Perú podríamos marchar hacia la construcción de un gobierno que inicie el desarme del programa neoliberal y la aplicación de un programa diferente y opuesto, o también a un proceso de debilitamiento del gobierno y la preparación de condiciones para que la derecha neoliberal vuelva a hacerse del gobierno. 

La organización política del pueblo y de los trabajadores sobre la base de un programa de transformaciones en todos los campos de la vida nacional, será el fundamental factor del nuevo rumbo que el Perú requiere seguir.

Iquitos, octubre 13 del 2011.

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Perú: el nuevo gobierno y la educación, los anuncios y la realidad

                    José Ramos Bosmediano, educador, miembro de la Ed Social para la Escuela Pública en las Américas (Canadá), ex Secretario General del SUTEP

 

En los últimos días el gobierno del presidente Humala Tasso ha hecho anuncios sobre el incremento del presupuesto educacional para el año 2012,  la aplicación del Programa Cuna Más que ofreciera durante su campaña electoral y las metas de mejorar el rendimiento en comprensión lectora, matemáticas y ciencias, según los requerimientos de las pruebas PISA.  Mientras tanto, la Ministra de Educación, de las canteras de Foro Educativo y del Consejo Nacional de Educación, al igual que sus viceministros, entre diálogo y diálogo con la dirigencia nacional del SUTEP (Sindicato Unitario de los Trabajadores en la Educación del Perú), sigue persistiendo en buscar la "aplicación plena" de la Ley 29062, mal llamada Ley de Carrera Pública Magisterial (CPM) que el gobierno aprista y el Parlamento correspondiente aprobaron y promulgaron.

 

El apoyo interesado de Idel Vexler Talledo

Como ocurre con las propuestas de carácter económico, que tranquilizan a los neoliberales, los anuncios del nuevo gobierno en materia educativa están mereciendo elogios por los mismos funcionarios del gobierno anterior y de aquellos que, sin ser funcionarios, han apoyado todas las políticas educativas de aquel. 

El más significativo de los apoyos viene del profesor Idel Vexler Talledo, ex Viceministro de Educación del gobierno aprista, también integrante  de Foro Educativo y relacionado con la educación privada, premiado con varios Honoris Causa, lo que le otorga la autoridad que mucho pesa en nuestro país del barroco administrativo. De todos los artículos que Vexler viene escribiendo en la columna Notas de un Educador, en la página de opinión de La República, nos parece resaltante el artículo Anuncios sobre educación (La República de Lima, 05/09/2011, p. 12).

Su primera idea no puede ser más contradictoria con la actuación del Ministerio del cual formó parte entre el 2006 y el 2011: "Se han establecido como altas prioridades las de atender la educción inicial y rural, en el marco de una reforma del Ministerio de Educación que fortalezca su rectoría nacional". Semejante saludo a los anuncios serían considerados sinceros si, en su momento, hubiese protestado por el abandono de la educación pública durante el período indicado, con un presupuesto que llegó al 2.9 % del PBI, manteniendo los wawawasis y los PRONEI en la precariedad pedagógica y remunerativa, como siempre han estado,  abandonando la educación rural a su suerte y convirtiendo al Ministerio de Educación en una simple agencia de concesiones de negocios a empresas privadas, incluso para la elaboración de material didáctico de dudosa calidad.

Pero donde sí expresa su reacción sincera es cuando el gobierno actual anuncia la continuidad de la llamada meritocracia a través de la CPM, aun cuando Vexler apruebe también el "énfasis" en "la evaluación de la especialidad y el desempeño", algo impensable en las evaluaciones estandarizadas aplicadas desde 1995 y elevadas a la enésima potencia de la calidad desde el 2007.  No podría ser mejor para Vexler Talledo el continuismo meritocrático, que no solamente se expresa como evaluación estandarizada, sino también como promotor del  espíritu competitivo e individualista entre los maestros, además de ser un instrumento para segmentar a los maestros en un escalafón cuyos niveles IV y V son solamente para no más del 10% de maestros, luego de endeudarse para obtener maestrías y doctorados al precio del libre mercado enriqueciendo a los dueños de las universidades privadas. 

Con falaz afirmación, dice que las críticas que hubo sobre la CPM no fueron  a esta Ley sino a los procedimientos, a su implementación y no a la norma.  Como estaba en su atalaya ministerial, Vexler no pudo enterarse de lo que no le interesaba leer o escuchar. Parece que leyó solamente a periodistas áulicos o ignorantes en materia educativa. ¿Y desde cuando la implementación de una Ley se hace al margen del espíritu de esta?  Lo que debe agregarse es que esa implementación se dio también con el "valor agregado" de la corrupción y el clientelaje aprista.

El colmo de Vexler es que ahora acepta que la municipalización de la educación "no caminó" y que "es un acierto" desactivarla.  Tampoco se enteró que ese engendro pinochetista hace tiempo que fracasó en Chile, en Bolivia, En México y otros países. ¿Ignorancia o intereses burocráticos?

También afirma un acierto seguir en el marco del Proyecto Educativo Nacional, cuyo contenido es simplemente declarativo en sus objetivos generales, pero irreales como proyecto, pues el verdadero proyecto educativo se encuentra en la Ley General de Educación, norma neoliberal que legaliza toda la reforma que dejó el fujimorismo.  Es irreal cuando se dice que con el 0.25% de aumento anual del presupuesto para la educación se llegará en cinco años al 6% del PBI, pues el aumento demográfico escolar y la inflación absorben ese magro incremento.  Además el programa neoliberal, sin no es reemplazado por otro, impedirá un aumento sustancial del presupuesto para la educación.

Como una especie de juzgador, luego de haber cumplido funciones principales en la farsa educativa del gobierno aprista, reclama la jornada escolar de las 8 horas, propuesta que no es condición necesaria para generar una nueva educación en el Perú.  No hay presupuesto ni para los gastos de la jornada actual, y se pretende prolongarla con las mismas remuneraciones a los maestros.

Los anuncios y la realidad

Es muy fácil en el Perú republicano ensalzar medidas políticas sin profundizar el análisis de su contenido y del marco en el cual se realizan.  Tales han sido las reformas educativas de los últimos 50 años, muy pródigas en enunciados efectistas, pero vacías en su relación con la realidad objetiva del Perú.

Soy testigo directo, durante la lucha contra la reforma educativa neoliberal de Fujimori y Montesinos (1990 – 2000). Periodistas y "expertos" ponderaban las medidas de aquel régimen, hasta la construcción de deficientes locales escolares.  Otro tanto ocurrió durante los dos primeros gobiernos del siglo XXI: Plan Huascarán, Colegio Mayo, Colegios Emblemáticos, Meritocracia y evaluaciones estandarizadas, capacitaciones y concursos y, como non plus ultra, la CPM.  En no pocos artículos de opinión en La República de Lima el extinto profesor universitario y lingüista, Luis Jaime Cisneros ha expresado su apoyo a los concursos y las evaluaciones estandarizadas realizados por el gobierno aprista, inclusive con expresiones despreciativas hacia los maestros y su sindicato, muy propio de personas que no tuvieron jamás la necesidad de organizarse para defender sus derechos como trabajadores. .¿En qué hemos quedado con todo el "presupuesto por resultados"? 

¿Es tan difícil restituir los derechos de los maestros y discutir una nueva Ley del Profesorado,  que contenga una verdadera carrera pública magisterial?  Es difícil y hasta imposible si es que no se parte de la revaloración de la Escuela Pública y la reducción drástica de la privatización  de la educación. 

Se requiere una nueva ley de educación, democrática y patriótica, integral y científica, que exprese la unidad de escuela y trabajo, que garantice igualdad de oportunidades para todos con la gratuidad y la universalidad de la educación como derecho y no como negocio.   Al margen de un proyecto de nueva educación, el gobierno del presidente Humala pretende, con sus anuncios, revertir la situación de crisis de nuestra educación.  Sus medidas anunciadas, no cabe duda, son avances frente a los fracasos del pasado, pero no garantizan, por su enfoque parcial, un cambio sustancial como el que requiere el Perú y su pueblo.

Revisar la CPM, aun cuando no se plasme en una nueva ley, podría significar algunos derechos para los maestros.

El incremento del presupuesto para ciertos programas de educación inicial y rural, y otros de la educación básica, nos pueden llevar disminuir las profundas desigualdades educativas y matricular a más niños de los sectores más marginados del Perú.

La supresión de la municipalización educativa es también un golpe certero al proyecto neoliberal de descargar el mayor gasto de la educación en los padres de familia vía las municipalidades, la famosa descentralización del Banco Mundial cuyo responso se está cantando en Chile.  Sabemos que hay sectores interesados en que la municipalización continúe, pues algunos alcaldes y hasta gobiernos regionales tienen la idea de que bajo su control podrán manejar el presupuesto educativo como vienen haciéndolo, con corrupción de por medio.  Pero la municipalización de la educación, además de sus implicancias económicas, tiene también efectos pedagógicos y laborales nada favorables para resolver la crisis de la educación peruana, como no lo tuvieron en Chile.

Con todo lo positivo que puedan tener las recientes, y quizás no únicas, medidas del nuevo gobierno, su capacidad para desmontar la reforma educativa neoliberal es escasa, casi nula, por hoy. 

El diálogo del SUTEP con el gobierno, sin dejar de ser un instrumento de lucha reivindicativa, debe debatir también los aspectos educativos y pedagógicos. 

Iquitos, setiembre 05 del 2012

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El Gobierno del Presidente Humala: ¿hacia la gran transformación?

               José Ramos Bosmediano, educador, miembro de la Red Social para la Escuela Pública en las Américas (Red SEPA, Canadá), ex Secretario General del SUTEP (Perú).

 Como es de rigor constitucional en el Perú, el día de ayer jueves 25 de agosto el Primer Ministro del Gobierno del Presidente Ollanta Humala Tasso, el empresario Salomón Lerner Ghitis expuso ante el Congreso el Plan de Gobierno para el período 2011-2016 que fue esbozado  el 28 de julio próximo pasado por el propio Presidente.

Con la abstención de los fujimoristas y sin ningún voto en contra, el Pleno del Congreso otorgó  al Gabinete Lerner su voto de confianza, hecho nada nuevo en el Perú de los últimos 30 años.  La abstención del fujimorismo es mucho de que se podía esperar, pues esa fuerza política ("Fuerza 2011" se denominan hoy) no pasa de ser la rémora política más peligrosa para avanzar en el Perú hacia la recuperación, primero, de los derechos sociales, y para seguir avanzando hacia la transformación del Perú en una república con justicia, soberanía, desarrollo integral y bienestar colectivo.

Un Plan de Gobierno de recuperación inicial del Estado y los derechos sociales

Los planteamientos realizados por el gobierno a través de su gabinete ministerial recogen parte de las aspiraciones de la tendencia progresista que votó por la alianza Gana Perú en las dos vueltas electorales, principalmente la que la respaldó el 5 de junio del 2011 frente a la corrupta y entreguista candidatura de los Fujimori y sus socios de las transnacionales.

El planeamiento más significativo es la recuperación del rol del Estado en la conducción de la economía nacional, enfrentando, aun cuando sea tibiamente, la conducción neoliberal que viene desde los años 90 del siglo pasado, que convirtió al Estado peruano en una suerte de facilitadora para la apropiación de sus bienes empresariales y recursos naturales por las empresas transnacionales y ciertos monopolios de origen peruano que funcionan, sin embargo,  como intermediarios de aquellas.  El anuncio de la recuperación de Lote 88 del Gas, la construcción del Gaseoducto del Surandino, la búsqueda de un precio menor para el gas doméstico e industrial, la construcción de una industria petroquímica, el fortalecimiento y modernización de las empresas del Estado, la anulación del indignante "óbolo minero" que fue negociado entre el gobierno del APRA y las grandes mineras y el cobro de un impuesto adicional de casi 3000 millones de soles anuales (lo que demuestra que, sin mucho chistar, las transnacionales han cedido algo de sus inmensas ganancias, prueba de que no van a retirarse si se les cobra lo que deben pagar por destruir nuestro medio ambiente).  Hay que resaltar también la propuesta de la creación de una línea aérea de bandera para amenguar los abusos de ese monopolio llamado LAN, propiedad del Presidente chileno Sebastián Piñera, uno de los empresarios más ricos de América Latina.  Como se puede notar, estas políticas no tocan el modelo neoliberal en su conjunto, sino algunas de sus aristas más visibles.  Las transnacionales continuarán depredando nuestros recursos naturales, incluso con la aplicación de la Ley de Consulta Previa que acaba de promulgarse.  Además, no se ha planteado un nuevo sistema tributario que grave a la renta de los sectores con mayores ingresos, como lo vienen planteando los propios magnates de Estados Unidos y Europa, aunque ellos lo hacen para anticiparse a la rebelión de tantos indignados del llamado "primer mundo".  No hay duda que la gran transformación no se asoma por ningún lado, lo que no debe llevarnos a desestimar los esfuerzos del gobierno por recuperar, en parte, la capacidad del Estado como conductor de la economía nacional.  No obstante, eso significa que el gran conductor de la economía seguirá siendo el gran capital privado, la libre empresa, el libre mercado, la globalización capitalista neoliberal.  No se plantea un Estado por lo menos liberal, socialdemócrata, como el que se perfilaba, hasta los 80, en Costa Rica y Uruguay, hoy sometidos también a la ola neoliberal.  La burguesía nacional, representada en el actual gobierno por el empresario Lerner Ghitis, carece de la fuerza de esa burguesía nativa de los países que construyeron las modernas naciones europeas de capitalismo desarrollado. Queda demostrado, una vez más, que la hora de la burguesía para crear una nación fuerte y soberana ya pasó.  Es la hora de las fuerzas populares, de la clase obrera, de las amplias masas campesinas e indígenas, de los sectores progresistas de la juventud y los intelectuales.  Pero, con todas las limitaciones del programa propuesto, se abre en el Perú una nueva etapa en la lucha contra el neoliberalismo y la creación de mejores condiciones para la recuperación del papel de las fuerzas populares en la lucha por la democracia, la soberanía y el socialismo.

En lo que se refiere a los derechos sociales de los peruanos, no hubo mayores propuestas a las que ya el Presidente Humala había anunciado en su discurso de juramentación el 28 de julio: Pensión 65, Cuna Más, fortalecimiento del programa Juntos, a los que se agrega hoy el mejoramiento de la vivienda, a atención de la niñez y el aumento significativo del presupuesto para la salud y la educación desde el 2012.  Estas medidas, sin ser políticas integrales de desarrollo social y humano, servirán para disminuir coyunturalmente en algo la pobreza extrema, pero no disminuir las profundas desigualdades sociales que ha generado el neoliberalismo en el Perú.  Estamos frente a una propuesta de neoliberalismo "con rostro humano", caro a los planteamientos de la denominada "tercera vía" que, dicho sea de paso, ni en la propia Europa ha podido frenar el deterioro de la vida de los más pobres en esos países, como lo demuestran los casos de Grecia, España, Inglaterra, Portugal, la propia Francia, país en el cual los más ricos están ofreciendo una partecita de sus riquezas para ayudar al Estado neoliberal francés.

¿Y la educación?

Su crisis es evidente e insoluble desde las posiciones y políticas neoliberales.  La reforma educativa neoliberal, de 20 años de vigencia en el Perú, ha fracasado, como lo anticipamos en 1991, 1992 y 1995, cuando ejercíamos la dirigencia nacional del SUTEP.  Las nuevas generaciones de dirigentes magisteriales deberían  de revisar aquellos documentos de la década de los 90 a través de los cuales el SUTEP le salió al paso a cada propuesta y medida del régimen fujimontesinista de aquellos años. El SUTEP fue la única fuerza social organizada que desenmascaró la política educativa neoliberal, mientras "ilustres" "expertos" apoyaban esa reforma. Las políticas educativas neoliberales fueron consolidadas por los gobiernos de Alejando Toledo (2001-2006) y del demagogo aprista Alan García Pérez (2006-2011), encubriéndolas  con la Ley General de Educación 28044, la mal llamada  Ley de Carrera Pública Magisterial 29062, la municipalización educativa, la "educación inclusiva", el "Plan Lector", las evaluaciones estandarizadas, el Programa de Formación y Capacitación de Maestros (PRONAFCAP), EL Proyecto Educativo de Logros y Aprendizaje  (PELA).  Con un presupuesto educativo decreciente se dispuso la segmentación de los maestros y su incorporación a un sistema que tiende a desregular la relación laboral en el largo plazo.  La política educativa neoliberal reestructuró el currículo de la educación básica  restándole contenido humanista y científico, lo que ha devenido en un proceso de involución en la formación de la niñez y la juventud. Toda la reforma está en bancarrota, como lo está en el "modelo" del cual se calcó desde hace 20 años: el modelo chileno que hoy cruje ante el empuje de las masas estudiantiles, magisteriales y populares de la patria de Gabriela Mistral, Salvador Allende y Pablo Neruda.

Los planteamientos del gobierno del Presidente Humala son importantes pero parciales.  La anulación de la municipalización de la educación, planteada por el fujimorismo desde 1992 (Decreto Ley 26011), no solamente ha sido una exigencia de los maestros organizados en el SUTEP, sino que es hoy una necesaria rectificación a partir de lo que viene ocurriendo en Chile, donde esa municipalización educativa produjo más desigualdades educativas y el abandono de las escuelas municipalizadas y las privatizadas y subsidiadas por el Estado.  La revisión de la Carrera Pública Magisterial diseñada por el Banco Mundial para ahorrar gasto fiscal (ex Ministro de Economía y Finanzas del gobierno aprista, Luis Carranza, dixit) es, en realidad, una medida que no resuelve el problema de la conculcación de los derechos económicos, profesionales y sociales de los maestros.  En materia educativa, lo menos que debe  actuar el  gobierno es, en primer lugar,  la derogatoria de todas las leyes y decretos que configuran la reforma neoliberal y promulgar nuevos dispositivos con una nueva reforma de la educación que considere a esta como derecho social (que incluye lo humano) y servicio público universal, gratuito y de contenido integral, que elimine la privatización de la educación, devuelva al Ministerio de Educación su papel rector y conductor de todo el sistema educativo con  sus funciones técnico-pedagógicas y  de gestión administrativa.  Ningún sistema de becas, por lo demás, resuelve el problema de la falta de universalización de la educación en todos los niveles escolares.  Cuando un sistema educativo es democrático, las becas están destinadas exclusivamente a quienes se dedican a la investigación y a los que, por su elevado rendimiento y dedicación al estudio, requieren ampliar su formación académica y de investigación en centros superiores de verdadero prestigio, en el Perú o en el extranjero. 

Otras propuestas administrativas del Estado

La más significativa es la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que debe convertirse en un instrumento para promover la investigación básica y la aplicada con miras a convertirnos en un país capaz de desarrollar sus fuerzas productivas humanas, científicas y tecnológicas, con una estrecha ligazón con el Ministerio de Cultura y de Educación, siempre y cuando las universidades públicas se conviertan en los puntales del desarrollo de la superestructura científica del país.  Ciencia, cultura y educación son, en todos los procesos de modernización contemporánea, la triada cuya interacción promueve el cambio educativo, la creación de una nueva cultura nacional y del desarrollo de la ciencia en un país.  Pero este desarrollo depende también de los encargados, comenzando por los ministros, de orientar los procesos, sin improvisar funcionarios ni designar a estos por ciertos méritos parciales que, sin embargo, no garantizan una visión de conjunto de los hechos.

La creación del Ministerio de Inclusión Social es positiva en cuanto permitirá unificar todos los programas sociales que buscan atenuar la situación de los más pobres, con la atingencia de que no acabará con la pobreza, pues esta solo puede resolverse cuando los peruanos desarrollen actividades laborales (trabajo) en condiciones dignas para alimentarse, vestirse, tener una vivienda digna y solventar sus necesidades culturales y de recreación.  Mientras estas condiciones no se den, seguiremos siendo administradores del asistencialismo. 

Otro tanto vale para la conversión del actual Ministerio de Justicia en Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.  La plasmación de los derechos humanos tiene su base en las relaciones sociales justas que deben imperar en una sociedad, donde los derechos al trabajo, a la educación, la salud, la recreación y el goce de los bienes culturales constituyen las herramientas para plasmarlos.  El principal derecho, el derecho a la vida, es indesligable de los derechos sociales, incluyendo los derechos llamados de tercera generación.  Empezando por el derecho a una justicia igualitaria para todos, gratuita por lo tanto, con jueces y fiscales dignos y justos, el mencionado Ministerio de Justicia recompuesto tendría la verdadera importancia que se le pretende dar.   Sin un cambio en su concepción y estructura, poco es lo que se puede avanzar.

Los cambios anunciados en la política penitenciaria, en Indecopi, en el SIS y la política  antidrogas, podrían dar buenos resultados aunque sin producir grandes cambios en sus estructuras sociales actuales.

Grandes carencias en el Plan de Gobierno

El Plan no dibuja, por lo menos, un proyecto de desarrollo agrario en el Perú del futuro, pues mencionar el aumento de nuestras exportaciones agrarias no dice nada sobre las masas campesinas sin tierra, la concentración y reconcentración de la propiedad agraria  en una burguesía agraria que explota a cientos de miles de asalariados con magras remuneraciones, la inexistencia de un verdadero Banco de Desarrollo Agrario para la pequeña y mediana producción en el campo, la inexistencia de una nueva política pesquera que se dirija al mercado interno en lo fundamental, nuevas relaciones laborales que se plasmen en un Código de Trabajo que garantice todos los derechos sindicales y laborales de los trabajadores peruanos. 

Estas y otras carencias son propias de un gobierno que ha concertado con las fuerzas de la derecha para poder gobernar los 5 años que manda la Constitución vigente.  Es una concertación, en realidad, con las fuerzas y los intereses neoliberales, especialmente con las transnacionales de la minería, del petróleo y de las grandes obras públicas.  Esla misma concertación de Lula da Silva con el gran capital transnacional e interno del Brasil.

Los límites impuestos al gobierno del Presidente Ollanta Humala proceden de poderosas fuerzas externas al Perú, empezando con las transnacionales que presionan, principalmente, a través de la CONFIEP y de la ANMP, cuyos voceros, desde el gobierno aprista, han venido sembrando el miedo en la población para que su voto favorezca a las listas de la derecha y, principalmente, a la lista encabezada por la canalla fujimorista.  El otro factor limitante es el conjunto de fuerzas de derecha, neoliberales, que han dado su apoyo al nuevo gobierno para impedir que este toque el meollo del programa neoliberal.  Internamente, el frente Gana Perú y el propio Partido Nacionalista del Presidente Humala carecen de estructuras y bases sociales significativas como para sustentar medidas económicas y sociales que vayan más allá del neoliberalismo actual.  También tenemos a los medios de comunicación de alcance nacional, cuyos periodistas  y columnistas, con algunas excepciones, hablan todos los días de los "peligros" que entrañarían para la estabilidad y el crecimiento del país medidas "más radicales" que hagan huir a los inversionistas, considerados como los hacedores de nuestro desarrollo, nada menos.  Estos factores darán la pauta al curso que tomará el gobierno en los próximos años. Y un factor interno que decidió la victoria del Presidente Humala, las fuerzas populares, carecen de la organización y la fuerza suficientes como para contrarrestar al neoliberalismo en acción.  La organización y la recuperación de estas fuerzas serían la única garantía para que el nuevo gobierno no se quede el lugar a donde ha llegado.

¿Y cuál sería el programa de gobierno para producir la gran transformación planteada por el Presidente Humala?  Será abordado en otro artículo.

Iquitos, agosto 26 del 20011.

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Cruje el capitalismo, coletazo del neoliberalismo

                                                            José Ramos Bosmediano, educador, miembro de la Red SEPA (Canadá), ex Secretario General del SUTEP (Perú)

 

Como para ocultar la lucha de clases como fenómeno económico-social e histórico, los defensores del capitalismo pretenden presentar a los que protestan en casi todo el mundo como simples revoltosos, violentistas y hasta terroristas.  En todos los países donde las condiciones sociales empujan a las masas oprimidas a la protesta, los gobiernos capitalistas no hacen más que presentar su fuerza de choque, la coraza armada del Estado que defiende el sistema de explotación de la burguesía internacional.

Del "Tercer Mundo" al "Primer Mundo"

Después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) el escenario central de las grandes protestas y luchas del proletariado, de las masas campesinas e indígenas, de los estudiantes y maestros fue, incluso con revoluciones triunfantes, en unos casos, y derrotadas en otros, el conjunto de los países del denominado Tercer Mundo o países dominados por el capitalismo de Europa Occidental y los Estados Unidos.

Los movimientos de liberación nacional y la lucha revolucionaria de inspiración socialista constituyeron las máximas expresiones de esa lucha de clases a nivel mundial contra el dominio imperialista en África, Asia y América Latina y El Caribe.

En África, los colonialistas, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, se vieron obligados a aceptar la independencia de esos países mientras no ponían en peligro la presencia de sus capitales que saquearon ese continente desde el siglo XV hasta convertirlo en un escenario de pobreza extrema.

En Asia, el capitalismo debió enfrentar a la revolución china triunfante, cuyo proceso que duró más de 30 años se ha convertido hoy en el punto de referencia del poder mundial en los campos de las finanzas, del desarrollo industrial y del equilibrio militar bajo la jefatura del Partido Comunista Chino (PCCh).  Japón, con la incursión capitalista del siglo XIX y luego con el apoyo del capitalismo estadounidense luego de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en otra  potencia imperialista, pivote de aquel.  El mismo papel, aunque con menos fuerza, están cumpliendo Corea del Norte y el enclave de Taiwán, a donde huyó el derrotado ejército de Chang Kai-shek luego de su derrota por el ejército rojo del PCCh dirigido por Mao Tse-tung. La lucha revolucionaria de Vietnam debilitó mucho más la dominación imperialista en Asia.  En las últimas décadas, la división del mundo árabe ha contribuido con la incursión armada de los países imperialistas, incluida la de Europa occidental, a través de la OTAN y con la complicidad de la ONU, cuya permisibilidad la ha convertido en una organización que solo sirve para proclamar la paz permitiendo, en los hechos, la conquista armada a los países que no se avienen con los intereses de los capitalistas, explotación de la riqueza petrolera de por medio y fortalecimiento geopolítico de su dominio mundial.

Después del triunfo de la revolución cubana (1953-1959), en numerosos países latinoamericanos y caribeños la lucha por la independencia nacional se expresó en sendas epopeyas revolucionarias: Guatemala, El Salvador, Colombia, Venezuela, Uruguay, Perú, Brasil, principalmente, poniendo en peligro el dominio imperialista de Estados Unidos al sur del Río Bravo (cerca a la frontera México-Estados Unidos).  John Kennedy, gran estratega imperialista, ideó la Alianza para el Progreso y lanzó el programa desarrollista para contener las luchas liberadoras en América Latina, abriendo la posibilidad de promover en nuestros países ciertas reformas  que, a través de reformas agrarias y cambios en las relaciones de poder burguesas, se construyan estados modernos que neutralicen la lucha de clases en asenso peligroso para sus intereses.  La CEPAL, qué duda cabe, cumplió un papel importante en la promoción del desarrollismo y la sustitución de importaciones, muy funcional para la política de "seguridad y desarrollo" ideado por el gobierno de John Kennedy.

La crisis del desarrollismo de los años 70-80 del siglo XX en América Latina y del Estado del Bienestar en Europa, llevó a los países capitalistas a imponer el modelo neoliberal, primero en Inglaterra y Estados Unidos y luego en los demás países del mundo subdesarrollado bajo su dominio, siendo los países de América Latina donde con mayor fuerza se impusieron  el capitalismo de las privatizaciones generalizadas y la desregulación laboral.  Los países capitalistas más desarrollados de Europa siguieron manteniendo sus servicios sociales de educación, salud, cultura  y seguridad social sin mayores alteraciones, al tiempo que el consumismo de los Estados Unidos seguía su ritmo hasta estallar en el 2008. El "bienestar" del Norte se podía mantener en la medida en que el saqueo de las economías dominadas, especialmente con la explotación de las materias primas, la mano de obra barata y la succión permanente de la caja fiscal vía el pago de la impagable deuda externa, era impunemente permitida por los gobiernos al servicio de las transnacionales, tal como fueron los gobiernos peruanos desde la segunda mitad de los años 80 del siglo XX, por lo menos.

Hoy ha llegado a Europa y a los Estados Unidos, principalmente, el fantasma de la pobreza, la desocupación y, desde luego, la protesta, como expresiones de lucha contra los "ajustes estructurales" del capitalismo neoliberal que desde más de dos décadas ha venido aplicando en nuestros países.  Grecia, Portugal y España, los "eslabones más débiles" de la "Europa desarrollada, sufren los efectos de la medicina neoliberal que  están aplicando a nosotros los países dominados.

El gobierno de Obama se ha visto obligado  a implorar a sus contendores republicanos una ayudita para no salvar a su país de la insolvencia total y seguir viviendo de su base monetaria con valor, todavía, universal para las transacciones internacionales y hasta nacionales.

En Inglaterra los oprimidos, en pleno Londres, encuentran buenos motivos en la prepotencia del régimen policial de Su Majestad (asesinato de un joven taxista, sábado 7 de agosto 2011)  para protestar y saquear, demostrando que el hambre y la opresión sí pueden actuar como chispa para una eventual generalización de la violencia popular.

En la España, también de Su Majestad, los "indignados" resisten al programa de los "socialistas" neoliberales que han aceptado las imposiciones del Banco Mundial y de la Unión Europea, calco y copia del neoliberalismo y su globalización empobrecedora.

Noruega, que también adora a Su Majestad, no sabe cómo explicarse el crecimiento de una derecha fascista y el asesinato masivo de socialdemócratas que vienen cediendo, poquito a poco por hoy, a la presión de las transnacionales, creando un descontento inicial en las masas populares, aprovechado por el llamado Partido del Progreso, cuyo militante, Anders Behring Breivik, demostró con sus asesinatos del 22 de julio del 2011 cómo las clases dominantes más reaccionarias seguirán defendiendo sus privilegios eventualmente velados por el Estado del Bienestar.

Le ha llegado, pues, al "mundo desarrollado", la hora de beber de su propia medicina.  Las contradicciones del capitalismo extienden sus efectos a lugares donde, antaño, los ciudadanos consideraban que su situación era muy estable.  Sin ir muy lejos, la burguesía chilena, ensoberbecida por su "desarrollo", debe enfrentar las iras de los sectores estudiantiles, es decir, de la juventud que, por el conocimiento de los problemas de su país, ve más allá que los ojos de quienes gobiernan mirando solamente la cantidad de ganancias para sus bolsillos.

Los coletazos del neoliberalismo

No es extraño en la historia que los sistemas en crisis que  los eventuales administradores de esta sigan creyendo que su mundo no concluirá jamás.  Los luises de Francia, desde un siglo antes del estallido de la Revolución de 1789, no creyeron que su opulencia corría peligro ante el avance del descontento de campesinos y obreros y la advertencia de los hombres más  ilustrados de su tiempo.  Ni los últimos emperadores romanos pudieron prever el alcance de las rebeliones de sus esclavos que debilitaron al imperio hasta incapacitarlo para enfrentar a  los invasores "bárbaros". 

El neoliberalismo actual, pese a su crisis, persiste en seguir manteniendo el sistema de dominación que tambalea, la mayor concentración monopólica del capital y su persistencia en continuar invadiendo países.

Hasta la reacción nacionalista de algunos de los países latinoamericanos es, para los imperialistas, un atentado contra las leyes del mercado.  Ni las advertencias de Joseph Stiglitz, otrora servidor del neoliberalismo desde el Banco Mundial, merecen ser atendidas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

El capitalismo neoliberal está dando sus coletazos para seguir viviendo, no importa que los propios ciudadanos de los países más desarrollados se vean cada vez más marginados de la abundancia consumista de la clase dominante.

Los que apoyaron a todas las fuerzas de la derecha en el Perú durante los procesos electorales  del 10 de abril y del 5 de julio del 2011 pretenden hoy que el neoliberalismo no sea tocado en ninguno de sus elementos.  Después, si el gobierno de Ollanta Humala se ve impedido de cumplir con su programa de reformas bajo la presión de los neoliberales y las masas oprimidas del Perú se levantan a la lucha, estos mismos opositores culparán a aquel de todas las protestas que podrían estallar. 

Lima, agosto 7 del 2011.

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Chile y la educación: el “ejemplar modelo” en crisis

                                            José Ramos Bosmediano, educador, miembro de la Red SEPA (Canadá), ex Secretario General del SUTEP (Perú)

 

Ya pasaron dos meses desde el inicio de la lucha estudiantil en la república de Chile, como exigencia  para que el gobierno del ultraderechista y archimillonario neoliberal Sebastián Piñera cambie el sistema educativo que sigue vigente desde que lo impusiera, bajo una dictadura terriblemente criminal, el ya fenecido General Augusto Pinochet Ugarte, que además demostró su "patriotismo" con un cuantioso robo a las arcas fiscales  de la patria de Gabriela Mistral, de Pablo Neruda y de una clase obrera que luchó desde el siglo XX contra el sistema de dominación capitalista.

Durante toda la década de los 90 en el Perú, los diez ministros de educación que tuvo bajo su mando la dupla Fujimori-Montesinos no se cansaron de invocar el modelo de la reforma educativa chilena de Pinochet, continuada, durante 20 años, por la Concertación de "socialistas" y demócrata-cristianos, hasta que, cansado el pueblo chileno por una alternativa nada diferente en políticas económicas y sociales al modelo que heredó esa alianza, eligió a lo que podría llamarse aquí APRA-PPC-Fuerza 2011 y otros grupos neoliberales.  Sebastián Piñera venció en Chile porque la Concertación, a parte del formal Estado de Derecho, ya no podía seguir engañando con cambios que no pudieron hacer en 20 años.

Como es de suponer, un presidente que maneja gran parte de la economía chilena (también  del Perú, no hay que olvidarse) desde sus intereses privados, con una fortuna que no baja de los 3000 millones de dólares americanos, no podía ofrecer más que continuismo, tal como lo habría hecho el fujimorismo con Keiko Fujimori. 

La lección de Chile en materia educativa

La historia de la educación en América Latina, por lo menos hasta la década de los años 70 del siglo XX,  tuvo en Chile a uno de sus mejores ejemplos en el avance de la educación pública, al lado de Argentina, Uruguay y México. Cultura y educción constituyeron en Chile una unidad que llevó al profesorado chileno a desplegar un trabajo pedagógico y de organización sindical desde la década de los años 20 del siglo pasado.

Se puede decir que la educación chilena tiene un antes y un después tomando como línea divisoria en su historia educativa la reforma educativa neoliberal de la dictadura implantada con el golpe de Estado de 1973.  De una escuela pública de buen nivel, se paso al menoscabo de ella a través de un proceso radical de privatización y municipalización del servicio educativo; de la educación como derecho social, a la educación como elemento del mercado para el lucro de los inversionistas en el servicio; de un presupuesto educativo equivalente al 5% del PBI, a su reducción; de un profesorado de dedicación casi total al trabajo de la docencia, se llegó al desprecio por la carrera docente, a la que se la sometió a las evaluaciones estandarizadas, que también se aplican a los estudiantes para adecuarlos a supuestos "estándares internacionales" venidos de Estados Unidos y de los países de la OCDE (Europa).

Los parlanchines del Perú en materia educfativa, y no solo quienes anduvieron con el fujimorismo, repetían como papagayos las lecciones de la burocracia neoliberal de Chile.  Aun recuerdo un debate que tuvimos con el inefable Rafael Rey en un evento realizado en el Museo de la Nación en 1964, cuando el fujimorista del Opus Dei fungía de Presidente de la Comisión de Educación del denominado Congreso Constituyente Democrático, quien, cuando no pudo refutar los datos de la realidad educativa chilena bajo los efectos de la reforma neoliberal, abandonó la sala. 

La lucha posterior de los maestros y estudiantes, especialmente durante el gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), demostró que el tan mentado "modelo educativo" chileno había fracasado.  Las profundas desigualdades económicas y sociales que ha generado el modelo neoliberal en ese país se refleja también en el campo de la educación chilena que hoy los estudiantes denuncian y exigen su transformación.

Ocultando los hechos objetivos de la reforma educativa chilena, nuestros gobernantes que juraron promover la "inclusión social" no han hecho otra cosa que copiar cada una de las políticas neoliberales, encubriéndolas con propuestas adjetivas y hasta yuxtaponiendo a la Ley General de Educación 28044, al decreto privatizador 882 y a la Ley 29062, mal llamada de Carrera Pública Magisterial, un Proyecto Educativo Nacional que, plagada de hermosas generalidades,  no contradice a aquellas.

Las exigencias de los estudiantes chilenos

La sociedad chilena está muy fragmentada.  El Estado está en manos de una clase burguesa que ha convertido a la educación en una mercancía, en instrumento de enriquecimiento, deteriorando los derechos de la gran mayoría de niños, adolescentes y jóvenes.  Ha impuesto un "imaginativa" manera de ganar más dinero desde las entidades financieras: el crédito educativo para la educación superior, tecnológica y universitaria. Esta alternativa ha rebotado en la cabeza de no pocos educadores y empresarios peruanos como una opción para superar la falta de financiamiento de la educación de millones de peruanos.  Lo que debiera de ser un derecho, se convierte en una vulgar transacción bancaria a futuro, de tal manera que el estudiante concluiría sus estudios profesiones con una deuda que le impediría, por lo menos,  un mínimo de bienestar.  ¿Y cuál es, entonces, el papel del Estado?  Promover más créditos educativos, es decir, aumentar las ganancias de los bancos a costa de los futuros profesionales. Este mecanismo neoliberal, en un país como Canadá, con un nivel de ingresos familiares superiores, propio de un país de elevado desarrollo humano (PNUD), ha aumentado el ausentismo de la juventud de los estudios superiores, lo que también viene ocurriendo en Estados Unidos.

Las exigencias de los estudiantes chilenos no son ampulosas.  Ellos están planteando al señor Piñera que las escuelas municipalizadas (abandonadas en realidad) pasen al Estado, al gobierno central; que el presupuesto de la educación debe ser integral, es decir, suficiente para toda la escuela pública; que se reduzca la educación privatizada y se fortalezca la escuela pública.

Por su parte, el presidente Piñera ofrece 21 medidas que no tocan ni un milímetro del sistema educativo vigente y en crisis por su evidente fracaso, siendo las más "espectaculares" dos de ellas: poner al Estado como garante del crédito educativo y formar una comisión para que "en los próximos meses" elabore una nueva propuesta. No serán los estudiantes los culpables para que la lucha continúe.

El Estado chileno actual, como expresión de una clase burguesa relativamente fuerte, no puede sino mantener el sistema educativo que ha elitizado la enseñanza ayudando a reproducir el sistema de dominación.  La respuesta represiva es la única alternativa de la ultraderecha en el poder mientras los estudiantes y los maestros de todos los niveles educativos no obtengan la solidaridad de los trabajadores y del pueblo.  Por hoy, siendo importante su lucha, parece como la única reacción de las clases oprimidas chilenas que buscan un camino diferente al del capitalismo.

Para el Perú, la lucha de los estudiantes chilenos es un ejemplo de lo que debe hacerse en materia educativa respecto a una nueva reforma educativa.  Si no se desmonta la reforma neoliberal, empezando por sus fundamentos constitucionales, poco se puede avanzar para resolver la crisis de la educación peruana.

Lima, agosto 5 del 2011

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José Ramos: Educación peruana 2011-1016: “cambio o continuismo?

José Ramos Bosmediano

 

El sistema educativo peruano, cuya crisis fue profundizada por la reforma neoliberal del fujimontesinismo (1990-2000), no ha sido revertido por los dos gobiernos de la primera década del presente siglo. Para legalizar la reforma neoliberal se promulgaron, entre otras, dos leyes orgánicas: la 28044 como Ley General de Educación, que también promueve la privatización de la educación y reacondiciona los niveles y modalidades del sistema escolar; y la Ley 29062 como Ley de Carrera Pública Magisterial, cuyo objetivo central es convertir al trabajo docente en una modalidad de trabajo casi despojado de relaciones laborales con el Estado, como muy bien lo ha defendido el ex Ministro de Economía y Finanzas del gobierno aprista, Luis Carranza, fiel seguidor de  los lineamientos presupuestales del Banco Mundial. 

Como se sabe, la nueva Ley de Carrera Pública Magisterial despoja a los maestros hasta del derecho de reclamar aumento de haberes, supuesto el hecho de que es una carrera "meritocrática", cuyo salario dependerá del esfuerzo individual de cada maestro, con una evaluación estandarizada y con requisitos de ascenso que convierten al maestro en un permanente buscador de supuestos méritos académicos que están incrementado  las arcas de las decenas de universidades privadas, básicamente, las que ofrecen diplomados, maestrías y doctorados adecuados a los pobres ingresos de los maestros, ¿con qué nivel académico?   Pero la falacia más difundida por los gobernantes, desde el Ministerio de Educación, es la que señala que con la nueva Carrera Pública Magisterial la educación peruana elevaría su nivel, independientemente de los factores principales que explican la actual crisis educativa.  En tal sentido, en lo que va del año 2011, el ex Ministro José Antonio Chang y sus viceministros han considerado como un logro el pequeño aumento de puntajes del rendimiento en "comprensión lectora" y en matemáticas, como si en la práctica pedagógica no se comprobara que hay aumento o disminución de los rendimientos escolares en determinados períodos del año escolar.  Pero lo más estrecho del criterio de estos funcionarios está en que midiendo solamente dos áreas de los contenidos curriculares osan generalizar los logros de la reforma neoliberal.

Nicolás Linch y su agenda meritocrática

El ex Ministro de Educación del gobierno neoliberal de Alejandro Toledo, Nicolás Linch, uno de los voceados para ocupar la misma cartera en el gobierno de Gana Perú a partir de este 28 de julio, acaba de anunciar "cambios" en la Ley de Carrera Pública Magisterial (La República de Lima, sábado 16/07/2011, p. 23), dando por hecho que dicha Ley seguirá manteniéndose con su contenido esencial: la desregulación de las relaciones laborales de los maestros, el enfoque meritocrático y la competencia entre maestros como variable para el aumento de los salarios, sin tener en cuenta la naturaleza del trabajo docente ni las condiciones en que este trabajo se realiza. 

Para fundamentar la continuidad del modelo educativo neoliberal, Linch recurre a afirmaciones ciertamente falaces.

 

La primera, cuando afirma que los maestros no deben tener "miedo al cambio", como si los maestros peruanos, de ayer y de hoy, siempre hemos luchado por cambios fundamentales en la educación peruana, lo que se resume, en  las dos últimas décadas, en la elaboración de un Proyecto de Ley de Educación y Cultura basado en la educación pública democrática, patriótica e integral, del cual Linch nunca pudo o no quiso enterarse, menos todavía cuando su interés principal como Ministro de Toledo fuera conformar un sindicato paralelo al SUTEP desde su alta posición burocrática.  Muy fácilmente dice que el miedo al cambio explica que solamente 47 mil maestros se han integrado a la nueva Carrera Pública Magisterial, desconociendo que el alineamiento con dicha Ley significa perder todos los derechos laborales que contempla la Ley del Profesorado No. 24029.  Frente a nuestros derechos, los trabajadores estamos dispuestos a defenderlos y defendernos de los propósitos antilaborales de los gobernantes.  No en vano el gobierno aprista ha gastado millones de soles en la propaganda a favor de su llamada ley meritocrática, grabando, incluso, spots televisivos de alabanza a la carrera meritocrática.

La segunda falacia se refiere a su afirmación en el sentido de que el SUTEP y los maestros ya aceptan ser evaluados, como si en la Ley del Profesora de 1974, modificada positivamente en 1990 con la lucha del SUTEP, no estuviera contemplada la evaluación permanente, sistemática e integral de los maestros, toman do como base la evaluación de la práctica docente en el aula o evaluación del desempeño en aula, en cada escuela, sin soslayar los demás factores (conocimientos, años de servicios, grados académicos, premios por méritos profesionales).  El primer gobierno aprista (1985-1990) debió de implementar dicha evaluación de los maestros, pero sus intereses de llenar las escuelas con personal para favorecer a sus afiliados y, de paso, contrarrestar la lucha de los maestros del SUTEP, impidieron llevarla a cabo.  Esta historia, que muchos desconocen, es la que no tiene en cuenta Nicolás Linch.  No es que "ya aceptamos la evaluación".  La hemos aceptado siempre y hemos luchado para que ese proceso sea uno de los preceptos de la Ley del Profesorado, cuya discusión y aprobación pasó, primero, por la Huelga Nacional de Hambre de diciembre de 1984, la Huelga Nacional de Hambre de noviembre de 1989 y la Huelga Nacional Indefinida de 1990, cuando fenecía ya el primer gobierno aprista. 

¿Dónde está la oposición a la evaluación por parte de los maestros y del SUTEP? ¿Quién no quiso aplicarla?  A lo que hoy nos oponemos, desde la primera fase de la dictadura fujimontesinista es a la evaluación para convertir a los maestros en simples contratados con careta de nombramiento mediante una evaluación estandarizada a ajena al desempeño docente.

La tercera mentira de Linch, que ya se convierte  en defensa del modelo neoliberal, es la que establece que la dación de  Ley de Carrera Pública Magisterial "ha existido buena intención del saliente gobierno", y que el problema está simplemente en que "su aplicación ha estado plagada de corrupción".  Parece que Linch pretende ocultar los procesos de reforma educativa neoliberal que se vienen dando en gran parte de los países latinoamericanos, empezando por el de Chile, cuyos estudiantes y maestros están jaqueando al gobierno neoliberal de Sebastián Piñera.  De manera que ya  tenemos su posición de firme defensa de la meritocracia neoliberal, a cuya aplicación en las universidades del Estado, sin embargo, él mismo se opuso durante el gobierno que fenece.   Lo que él no aceptó pretende que los maestros de la educación básica acepten como la panacea para la crisis de la educación peruana.

El continuismo neoliberal se abre en el horizonte

Los que, desde posiciones de izquierda apoyamos la candidatura de Gana Perú desde la

primera vuelta electoral, lo hicimos, en primer lugar, para impedir la vuelta del fujimontesinismo con la candidatura de Keiko Fujimori y, en segundo lugar, porque Ollanta Humala, con todas sus limitaciones programáticas, era una alternativa abiertamente progresista frente a los dinosaurios de la derecha peruana, derecha neoliberal que, en todas sus expresiones concretas, era apoyada, paso a paso, por el gobernó aprista. 

El progresismo, como actitud política, no siempre garantiza una conducta firme.  Ya estamos viendo algunas inconsecuencias de Gana Perú, especialmente en la ratificación de Julio León Velarde en la Presidencia del Banco Central de Reserva (BCR), como una expresión concreta de concesiones a la derecha neoliberal.

Que en materia salarial el nuevo gobierno pueda otorgar algunos aumentos salariales a los maestros, es posible.  Pero, por las declaraciones de Nicolás Linch, la continuidad de todo lo actuado por la reforma neoliberal  estaría garantizada.  Los cambios que anuncia son para aplicar mejor la Ley de Carrera Pública Magisterial, no para que la nueva ley sobre el particular sea diferente en lo esencial.

Tampoco está descartada la presencia de algún funcionario del Ministerio de Educación del saliente gobierno aprista en el nuevo régimen gubernamental.

Hay también un inusitado movimiento de organización de grupos magisteriales de Gana Perú para paralelizar al SUTEP, en cuya cabeza se encuentran algunos ex dirigentes del gremio que pretenden copar los organismos del Ministerio de Educación.  Incluso, algunos funcionarios del actual gobierno aprista están integrándose a los nuevos "colectivos" con propósitos estrictamente personales, luego de haberse aprovechado de ciertos cargos en los organismos intermedios de administración  de la educación.  El continuismo, pues, se abre en el horizonte.

Los maestros peruanos tienen, como en el pasado, la gran tarea de fortalecer su organización sindical, el SUTEP, mantener su independencia de clase, exigir al nuevo gobierno un camino nuevo por una nueva educación en el Perú, luchar incansablemente por la recuperación de los derechos conculcados, desde la estabilidad laboral hasta los demás derechos profesionales como condiciones para un ejercicio adecuado de la docencia.  No es "apoyando enérgicamente" al gobierno de Gana Perú, como pretenden algunos, como los maestros podrán reconquistar sus derechos.  No es casual que Nicolás Linch, en la citada entrevista, diga que el nuevo gobierno tratará con "todas las organizaciones magisteriales", lo que quiere decir que las que se están organizando al margen del sindicato serán reconocidos como interlocutores por el nuevo gobierno. 

Lima, julio 18 del 2011

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