OPTIMISMO DEL IDEAL, PESIMISMO DE LA REALIDAD
(Con motivo del mensaje presidencial y la realidad peruana actual)
José Ramos Bosmediano, educador, miembro de la Red Social para la Escuela Pública en América (Red SEPA, Canadá), ex Secretario General del SUTEP
El discurso presidencial de Fiestas Patrias en el Perú (28 de Julio) ante el Pleno del Congreso Nacional, es una obligación constitucional. Casi un ritual para dar cuenta de lo hecho por el gobierno y establecer lo que ha de hacerse en el resto de lo que queda del mandato gubernamental, que en este caso del segundo gobierno aprista, llega hasta julio del 2011, año en que el mensaje presidencial le corresponde al gobierno elegido ese año, ante el nuevo Congreso.
Pero no es solamente un ritual constitucional. Es un hecho político en la medida en que la intencionalidad del mensaje es convencer del desempeño positivo de los gobernantes de turno y de sus obras, por un lado y, por otro, generar optimismo en el desempeño del futuro inmediato.
Todos los discursos presidenciales en el Perú republicano se han orientado, principalmente, por la autocomplacencia de lo hecho y lo por hacer. El análisis de la realidad concreta ha estado ausente, así como la autocrítica no ha pasado de un golpe de pecho apelando a la trillada frase de “errores cometidos” sin especificar cuáles y sin explicar su contenido causal. A lo sumo, la enumeración de obras físicas y de las que se harán en el tiempo que queda. Sin embargo, el presidente se esmera en atacar, directamente o de soslayo, a sus opositores ideológicos, pues para sus afines no hay ninguna referencia crítica.
En el caso que nos ocupa (el discurso que pronunciara el Presidente Alan García el 28 de Julio) se ha ajustado, en lo fundamental, a lo que siempre ha ocurrido en el Perú: la demagogia y la autocomplacencia, el optimismo de la realidad y el pesimismo del ideal, convertido éste en la ingenua creencia o interesada actitud de confianza en la intangibilidad del sistema imperante que solamente requiere de algunos cambios para producir un futuro de “justicia social”. Ese futuro de “justicia social”, que Alan García denominó “futuro diferente”, carece de una visión científica de la realidad peruana, que no es para el optimismo. El “futuro diferente” del presidente García se encharca en el mismo sistema capitalista que ha creado la realidad actual del Perú que aquél no puede auscultar con objetividad. La “gran trasformación” de la que hablaba el Haya de la Torre en su fase reformista y que luego abandonó, se ha convertido en mera comparsa de la economía de libre mercado.
Quienes, antes del 28 de julio, han venido haciendo propuestas que el Presidente debiera de abordar en su discurso, también carecen de objetividad porque, en el fondo, consideran viable los cambios indispensables para “profundizar la democracia” y hacer frente al neoliberalismo, ¡con el gobierno aprista y toda la derecha neoliberal coaligada! Después del discurso, los críticos y “analistas”, algo decepcionados por no escuchar lo que quisieron, se dedican simplemente a enumerar los elementos positivos y los negativos, reclamando por las “omisiones”. Algunos de ellos, como quien ofrece sus servicios al mandón de turno, establecen algunas condiciones para el cumplimiento de las propuestas del presidente, como si éste fuera un ingenuo como para entregar sus herramientas demagógicas a personas que no sean de su entera confianza.
Con estas consideraciones, abordaré el tema del discurso presidencial y la realidad política del Perú, a partir de aquella célebre frase de José Carlos Mariátegui, “pesimismo de la realidad, optimismo del ideal”, que en Alan García es al revés.
EL CONTEXTO DE CRISIS DE LA SOCIEDAD PERUANA
Por donde se mire al Perú, la crisis histórica heredada del colonialismo español y que la administración republicana no ha podido resolver, sigue intacta en sus contenidos fundamentales.
El problema de la soberanía nacional, la formación de una nación independiente, han quedado archivadas en la escritura de las tantas constituciones, desde el Estatuto Provisorio que promulgara don José de San Martín en 1821 hasta la espuria Constitución de 1993 impuesta por la corrupta dictadura fujimontesinista . Los grandes rubros de la economía nacional (la gran minería , el gran comercio, los servicios básicos, el transporte aéreo y marítimo, las grandes obras de infraestructura vial, la exploración y extracción de hidrocarburos) se encuentran bajo el control mayoritario de las transnacionales; y las decisiones sobre políticas macroeconómicas están condicionadas por los organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial, a los que hoy se unen los TLC que condicionan mucho más nuestra economía a los intereses del capitalismo mundial globalizado. Todos los condicionamientos extranjeros de nuestra vida nacional en el siglo XIX se han prolongado al siglo XX y continúan en este siglo XXI, cambiando, en algunos casos, las formas y los protagonistas, pero no el contenido de subordinación a que estamos sometidos.
Las grandes desigualdades sociales y culturales, que tienen su base en las desigualdades económicas, no solamente se han mantenido, sino que se han profundizado, principalmente en los últimos 20 años de predominio neoliberal, cuya lógica es elevar la tasa de ganancia del gran capital y reducir los salarios de los trabajadores, extendiéndose las diferencias hacia los demás sectores oprimidos de la sociedad: desocupados, campesinos, población excluida, en general, del funcionamiento de una economía de mercado neoliberal.
El Perú camina a la deriva. La planificación de la economía y la construcción de un proyecto nacional de desarrollo han estado y están ausentes en el manejo del Estado. Los únicos que planifican en el Perú son los grandes empresarios en función de sus objetivos estratégicos. El Estado peruano no hace sino adecuarse a esta planificación empresarial privada para programar las obras y las inversiones que faciliten el funcionamiento de los intereses privados. En el mejor de los casos, el Estado peruano reduce sus competencias y funciones a las pequeñas obras públicas que tienen escaso impacto en la economía nacional y en la vida de los peruanos.
La situación de la educación y la salud se explican por lo anterior. Ante la ausencia de un proyecto nacional de desarrollo, es impensable una educación que corresponda a ese desarrollo, al igual que un servicio de salud compatible con las necesidades de los peruanos, sin las diferencias que se han venido acentuando con el proyecto neoliberal y sus orientaciones privatizadoras.
El producto de la crisis histórica de la sociedad peruana, del Estado y sus instituciones fundamentales, es un conjunto de manifestaciones cada vez más alarmantes: la delincuencia organizada y armada, incluyendo elementos de las fuerzas policiales como componentes de las bandas; la corrupción generalizada en el manejo de las instituciones del Estado; una conducta colectiva complaciente con la corrupción a cuenta de “las obras” del gobernante o funcionario corruptos; la administración de la pobreza y su encubrimiento a través del asistencialismo-clientelismo desde el Estado y desde los empresarios que utilizan sus “donaciones” para crear su propia imagen de empresarios con “responsabilidad social”, nueva versión de las “filantropía” de la vieja oligarquía peruana. Por donde se mire, estas manifestaciones corresponden a un país donde una minoría tiene mucho frente a una mayoría que carece de los ingresos y los servicios mínimos necesarios para una vida digna.
¿Está cambiando esa realidad en los últimos 20 años de administración neoliberal? Si decidimos denominar cambio social al conjunto de obras que los gobiernos suelen realizar como parte de sus responsabilidades ordinarias, sin hacer variar las relaciones sociales de desigualdad imperantes, la respuesta puede ser positiva. Pero si por cambio social se entiende –como debe entenderse- el cambio de rumbo de una sociedad, la respuesta es negativa. Los gobiernos de Augusto B. Leguía (su “Oncenio”, 1919-1930) y de Manuel A. Odría (su “Ochenio”, 1948-1956) han sido pródigos en obras públicas pero no produjeron cambio social alguno, lo que también ha ocurrido con lo realizado por la dictadura de los años 90 del siglo XX (fujimontesinismo).
El sector más oprimido y marginado de la sociedad que por primera vez tiene un camino, una carretera, una posta de salud, etc., tiene una percepción positiva desde el punto de vista de sus intereses inmediatos, sin proyectarse al futuro para superar los problemas fundamentales del Perú, pues, para esos compatriotas, el conocimiento de la realidad, de su realidad, se reduce a lo sensorial de lo inmediato. Este comportamiento es aprovechado por la política criolla peruana con fines demagógicos y de lucro, proyectando su concepción alienada a la población que manipula con los denominados hoy “programas sociales” (FONCODES, PRONNA, JUNTOS, etc), programas que el Banco Mundial ha impuesto en casi todos los países latinoamericanos, con otras denominaciones pero con los mismos objetivos: compensar los desastrosos efectos sociales que producen las políticas neoliberales y frenar, al mismo tiempo, la capacidad de lucha de los sectores oprimidos.
La realidad del Perú como sociedad y país, tal como es, no puede sino generar un rechazo (pesimismo) en quienes pretendemos, verdaderamente, cambiarla por una realidad que hay que construir y que es posible a partir de las potencialidades humanas y naturales (optimismo). Para los intereses de las clases dominantes y sus fuerzas políticas en el Perú actual, esta realidad debe mantenerse; y si hay que hacer cambios, estos no deben alterar las vigas maestras del funcionamiento del sistema económico-social imperante. Bajo ese esquema invertido conciben y actúan. políticas económicas, sociales y culturales; enfrentan los períodos de crisis con medidas coyunturales y responden a las exigencias populares con represiones físicas y judiciales, como viene ocurriendo en estos años con la judicialización y penalización de las protestas laborales y populares (Decreto Legislativo No. 982).
Un lúcido intelectual, el escritor Carlos Meneses, no podría ser más explícito y contundente para definir al Perú de hoy: “Lo veo peor que antes, ha hecho un viaje a la pobreza. El Perú en lo que no ha acertado nunca es en tener un buen presidente, en casi doscientos años de vida republicana. Me cuesta trabajo creer que el Perú a causa de eso desaparezca. Me pongo en el otro plano y no sé qué pasará, creo que frente a la grave situación peruana, debe haber una toma de conciencia de los intelectuales porque los políticos han fracasado” (La Primera de Lima, 01 / 08 / 2009, Entrevista UN VIAJE A LA POBREZA, pp. 12-13). Aunque la última afirmación de la cita sólo apela a la responsabilidad de los intelectuales, su pesimismo de la realidad tiene suficientes fundamentos como para desmentir las displicentes afirmaciones de un presidente típico de la república criolla, como es Alan García Pérez.
En este contexto, resumido también por el historiador Heraclio Bonilla (ver: “La trayectoria del desencanto / El Perú en segunda mitad del siglo XX. Fondo Editorial del Pedagógico San Marcos. Lima. 2009, pp. 193-207), el presidente García Pérez planteó, durante la campaña electoral del 2006, un plan de gobierno de “cambio responsable”, cuyo contenido fue muy bien interpretado por los empresarios y toda la derecha neoliberal, cuyo apoyo fue determinante para su triunfo electoral en la segunda vuelta. Y así como en su primer gobierno, con un discurso teñido de liberalismo radical, sólo se dedicó a administrar la crisis sin ningún proyecto coherente de transformaciones, en este segundo gobierno se convirtió en el mejor testaferro del programa neoliberal, tratando de avanzar más allá de lo hecho por su antecesor Alejandro Toledo, en cumplimiento de las “reformas estructurales de segunda generación” para seguir “modernizando” el Estado, es decir, adecuarlo mejor a los requerimientos del TLC firmado con Estados Unidos y seguido por otros con el gran capital extranjero.
El camino elegido por el segundo gobierno aprista es el que ha marcado la tónica, el método y los contenidos de su reciente mensaje residencial. Como lo ha señalado el escritor Julio Ortega (La República de Lima, Entrevista, 29 / 07 / 2009, p. 6), el jefe aprista ha ofrecido un “menú de todo”, una especie de mixtura programática para dar la impresión de servir la mesa a todos.
DEMAGOGIA Y AUTORITARISMO
El discurso presidencial fija como objetivos básicos de la acción gubernamental hasta el 2011 generar “orden” e “inclusión”
El orden define el autoritarismo creciente a medida en que la población ha venido sintiendo y captando la orientación proempresarial del gobierno, su entraña proimperialista y el manejo corrupto de la administración pública, desarrollando numerosas luchas que el gobierno enfrentó con la represión. Y no se trata solamente de la represión al movimiento popular, cuyo extremo, hasta hoy, es el trato despectivo y punitivo contra el movimiento indígena amazónico y sus principales líderes, sino que también trasuntan autoritarismo el conjunto de decretos promulgados al margen de la opinión de los sectores que, de una manera u otra, son afectados por las decisiones económicas y sociales que implican. Hasta los analistas y periodistas de opinión que comulgan con las políticas neoliberales admiten que el autoritarismo es uno de los rasgos más sobresalientes del gobierno aprista, abiertamente expuesto con motivo de la lucha indígena.
La voz de “orden” ha sido consustancial a los gobiernos peruanos que han enfrentado conflictos con el pueblo. A mayor polarización social, no tuvieron mejor salida que desenfundar el látigo y el sable para “escarmentar” a los que “atentan contra el orden público”. El discurso de García Pérez apela, nuevamente, al “complot internacional” que “manipula” a los que luchan en el Perú por sus legítimas exigencias para pedir a la policía que “usen sus armas” para resguardar el orden. La “guerra fría” de la que habló no es sino la aplicación criolla de la “guerra del bien contra el mal” que esgrimiera George W. Bush para lanzar su “guerra preventiva”. La guerra preventiva de García, siendo cómica, tiene elementos trágicos en la matanza de campesinos, de nativos y policías. La policía sabe hoy que puede matar sin que nadie le reclame nada porque su acción está protegida por una de las leyes de este gobierno, el decreto legislativo 982. En el momento actual los dirigentes indígenas son perseguidos por la muerte de policías el 5 de junio en Bagua, pero los policías que han matado indígenas son considerados “héroes” (¿?).
El autoritarismo aprista se inscribe, pues, en la tradición autoritaria del Estado peruano republicano. Hoy se pone al servicio del neoliberalismo cuya consolidación es una de las tareas que se ha propuesto la dirigencia aprista y toda la derecha peruana.
El objetivo de la “inclusión”, palabreja generalizada por el Banco Mundial para dar la impresión de que el neoliberalismo puede tener “rostro humano”, no pasa de ser un planteamiento demagógico en todos los terrenos de la acción gubernamental. Para encubrir el centralismo en las decisiones presupuestas de acuerdo con el Marco Macroeconómico Anual, elaborado bajo la autoridad del FMI de acuerdo con las cartas de intención, verdaderos documentos de subordinación del Perú a ese organismo de dictadura económica internacional, el gobierno ha establecido los denominados “presupuestos participativos”, a cuya sombra se protegen todos los actos de corrupción y las campañas reeleccionistas de alcaldes y autoridades regionales. En educación, se encarga la “inclusión” de niños discapacitados (niños con necesidades educativas especiales) a los maestros de la educación básica con sobrecarga docente y con escaso apoyo de especialistas en ese tipo de pedagogía especializada. En materia de salud, se implanta el Sistema Integral de Salud sin el financiamiento necesario, así como se proyecta el aseguramiento universal cuando ni los afiliados actuales tienen una atención compatible con sus necesidades.
La demagogia reside en ofrecer inclusión en un país donde se acentúan más las desigualdades sociales y donde la privatización de los servicios básicos constituye una parte importante de los negocios empresariales, partiendo del “mundo competitivo” como una realidad imposible de ser puesta en tela de juicio, cuyo cuestionamiento significa oponerse al progreso y al desarrollo. Y es que la palabra “inclusión” se ha generalizado como la metáfora de la “depuración” de la justicia social en nuevas condiciones, así como “equidad” se ha impuesto como metáfora de la igualdad social. Ésta, para los neoliberales, no pasa de ser una quimera, un sueño de opio al que no debemos aspirar porque “no todos somos iguales”, como si las desigualdades sociales hubiesen sido creadas por la naturaleza y no por el proceso histórico de la lucha de las sociedades humanas divididas en clases sociales.
La demagogia aprista explica la facilidad con la que sus jefes, desde el mismísimo Víctor Raúl Haya de la Torre, cambien de discurso y de conducta política según sus necesidades de supervivencia política y manejo del poder. Explica también hoy su unidad con lo más negro de la política peruana surgida en la última década del siglo XX: el fujimontesinismo y sus aliados menores, cuyos integrantes forman parte del Consejo de Ministros y ocupan otros cargos públicos de relevancia. En esta alianza neoconservadora no podría faltar la postura teológica fundamentalista del Opus Dei en la voz del Cardenal de la Iglesia Católica, Monseñor Luis Cipriani, colaborador de la represión político-militar de la dictadura fujimontesinista y justificador de las políticas antilaborales de aquel régimen corrupto. Este político religioso es famoso por dos afirmaciones suyas en aquellas circunstancias: “en el Perú, el que no trabaja es porque no quiere”; y “los derechos humanos son una cojudez (sic)”. En su homilía del 28 de Julio, con la asistencia del presidente García, se refirió también al complot internacional contra el Perú, a la necesidad del perdón a los que han defendido la patria contra el terrorismo, en clara alusión a los militares y gobernantes que violaron los derechos humanos, además de robar al Estado, y por los cuales han sido sentenciados, incluyendo al propio Alberto Fujimori Fujimori. Asimismo, habló de la necesidad de orden en el país, uno de los ejes del discurso presidencial de ese mismo día. Una referencia insignificante sobre esta intervención de Cipriani incluye La República de Lima en su edición del 29 / 07 /2009, p. 16.
En consecuencia, el discurso presidencial ha planteado, una vez más, la continuidad del proyecto neoliberal con el cual se ha comprometido ideológica y políticamente. En esta orientación se inscriben los anuncios más importantes de su acción gubernamental hacia el 2011.
BARNIZ PARA LA DEMOCRACIA BURGUESA EN CRISIS
El planteamiento de renovación del Congreso a mitad del período no es nuevo. Ni la segunda vuelta para la elección de los gobiernos regionales. Plantearlo hoy, sin tener en cuenta el plazo y la forma necesarios para la reforma constitucional que hagan posible la segunda vuelta electoral, es parte de un tinglado para entretener a la ciudadanía en un asunto de escasa relevancia para el país.
En primer lugar, lo que está en crisis no es simplemente la forma de elección de los gobernantes. Es la democracia burguesa la que se encuentra en crisis en el Perú. La democracia burguesa que funciona en los países capitalistas desarrollados tiene bases históricas y económicas de las cuales carece el Perú. En nuestro país las clases dominantes no han sido capaces de actuar una revolución burguesa, capitalista. Por lo demás, esta burguesía criolla ha quedado inhabilitada para llevar a cabo una tarea histórica de gran envergadura, como es la revolución burguesa que la independencia de 1821-1824 no pudo cumplir. Los que hoy hablan de “revolución capitalista” en el Perú, son aquellos que defienden la presencia dominante del capital transnacional en nuestra economía, sin considerar que éste capital no ha producido una economía que pueda llamarse nacional. Viene, acumula ganancias y expatria los excedentes, dejando en el país miserias en impuestos y en salarios más miserables aún. El capitalismo en el Perú no se presenta como una alternativa de progreso social, de desarrollo, de integración nacional. Ya no constituye un ideal de justicia. Su tiempo histórico ya periclitó. De mantenerse, sólo producirá más desigualdades y más subordinación a lo extranjero.
Lo que producirán las segundas vueltas electorales no será el mismo manejo empresarial de las campañas. El pretendido fortalecimiento de la democracia se convertirá en un mero ritual formal para embriagar de elecciones al pueblo oprimido. No se puede fortalecer un sistema político en franco agotamiento, en debacle histórica indudable. Si hoy permanece como una ilusión democrática es porque las masas no han logrado aún la conciencia de la necesidad de trasformar el estado de cosas en el Perú. De esta carencia se aprovecha la derecha neoliberal para lanzar sus señuelos de “democracia representativa”.
El referéndum con el cual el presidente García amenaza al Congreso si es que éste no se pone de acuerdo con la reforma para las segundas vueltas electorales, tiene la misma orientación de distraer y arrastrar a las masas hacia su demagógica propuesta.
En el fondo, lo que busca el gobierno aprista es encubrir un evidente plan político hacia el 2010 y el 2011: crear las condiciones para que el partido aprista gane posiciones para seguir manejando el Estado, como partido o en alianza con sus afines neoliberales.
EL SEÑUELO DE LA DESCENTRALIZACIÓN
¿Qué se ha descentralizado hasta hoy en el Perú? Nada menos que la corrupción y la pobreza. En su tiempo, José Carlos Mariátegui habló de la descentralización de la pobreza, pues la corrupción no tenía el peso que hoy tiene. Lo que existe ahora es una reproducción ampliada de estos males de la república criolla. La transferencia de competencias a municipalidades y regiones no ha producido la solución a los problemas fundamentales de las poblaciones supuestamente beneficiadas.
La municipalización de la educación y de la salud, con la experiencia habida en América Latina, sólo ha significado la reducción del presupuesto nacional para esos servicios, sin la necesaria complementación de las municipalidades. Las ambiciones despertadas en gran número de alcaldes y concejales por el supuesto incremento de sus finanzas para fines educativos, por ejemplo, se han estrellado contra la realidad de la municipalización como un mecanismo ideado por el Banco Mundial para transferir responsabilidades financieras del gobierno central hacia la población. Los reclamos de las municipalidades incursas en el plan piloto de municipalización están hoy a la orden del día al no recibir la transferencia de los recursos para el funcionamiento de las escuelas.
Pero al margen de la descentralización neoliberal, el discurso presidencial, al lado del incremento de los fondos para las municipalidades, ha anunciado, sin consultar con nadie, la creación de los “núcleos ejecutores” para la denominada “descentralización popular”, verdadero mecanismo directamente manejado por el partido gobernante con un funcionario tantas veces cuestionado por el manejo de fondos del Estado y su vinculación abierta con el convicto delincuente, hoy en libertad, Agustín Mantilla.
Más de 4 mil millones de soles, a razón de 500 mil por núcleo ejecutor, serán administrados por personas dedicadas a construir pequeñas obras públicas, modalidad impuesta en los 90 por el fujimontesinismo a través de FONCODES, institución estatal que se mantiene. Esa cantidad de dinero no será supervisada por la Contraloría General de la República, sino por los alcaldes distritales, cuya actuación deja mucho que desear en materia de honestidad y eficiencia en el manejo de las finanzas municipales. El presidente García ha evocado la “Cooperación Popular” creada por el ex Presidente Fernando Belaúnde Terry en la década de los 60 y mantenida hasta fines de los 80, cuyo funcionamiento dejó como saldo muchos enriquecimientos personales y pequeñas obras que se deterioraron rápidamente. Esta misma experiencia nos han dejado los “entes ejecutores” creados por el fujimontesinismo en los 90.
Sin embargo, considerando la inconsistencia técnica de los “núcleos ejecutores”, los objetivos políticos de su creación deben ser tenidos en cuenta.
En primer lugar, el gobierno aprista pretende competir con los gobiernos municipales y regionales en la organización de la población a través de la entrega de dinero para pequeñas obras, ganar terreno y conquistar municipalidades y gobiernos regionales. En tal sentido, el gobierno central paralelizará, con más fuerza, a los gobiernos municipales y regionales actuales, debilitará su presencia en la población y serán mas vulnerables para la competencia electoral del 2010.
En segundo lugar, los núcleos ejecutores se convertirán en mecanismos de proselitismo político a nivel nacional, con la prebenda de los fondos cuya administración honesta nadie podrá garantizar ni mucho menos fiscalizar.
En tercer lugar, el gobierno busca que la población incursa en la realización de las pequeñas obras, con ingresos temporales mínimos, postergue, ocasionalmente, sus demandas y contribuya a la “paz social” para aislar de las masas a las organizaciones populares, fuerzas políticas progresistas y sus dirigentes.
El presidente García fue al Congreso a anunciar lo que ya había planificado, de tal manera que al día siguiente fueron juramentados los núcleos ejecutores “elegidos” en Lima. No fue una propuesta, sino una decisión ya tomada, siguiendo el libreto fujimontesinista: “primero hago y después anuncio”.
La “descentralización popular” se convierte, así, en manipulación abierta a los sectores populares para cosechar adhesiones políticas. Es indudable que todos los alcaldes oportunistas, que son la mayoría, se adherirán al plan electoral del gobierno y hasta se convertirán en aliados políticos para mantener su pequeño poder. Esta posibilidad existe en nuestro país teniendo en cuenta la experiencia del transfuguismo y el independentismo, tan promovidos por el individualismo neoliberal y aprovechados por el fujimontesinismo en su oportunidad. El propio diario limeño La República (edición citada), con un titular engañoso (“¡EN SUS TRECE!”), hace un comentario encomioso del mensaje residencial.
EL ASISTENCIALISMO COMO “COMBATE A LA POBREZA” Y LAS CIFRAS DEL ENGAÑO
Con el neoliberalismo nos trajeron el denominado “combate a la pobreza”, como mecanismo de amortiguamiento, en los sectores más marginados de la sociedad, de los efectos empobrecedores de las “reformas estructurales” y sus políticas de shock, algo así como las reformas preventivas de los 60 y 70 del siglo pasado, auspiciadas por Estados Unidos, para contrarrestar la ola socialista de aquellas décadas.
Las clases sociales fueron sustituidas, en la teoría sociológica neoliberal, por el término “sectores”, usando las letras mayúsculas A, B, C, D y E, con una referencia muy especial a los “más pobres”.
Durante su primer gobierno el presidente García imaginó una pirámide social en la que los trabajadores asalariados formaban parte de los sectores “privilegiados”, independientemente de sus ingresos y la relación de estos con las ganancias de los empresarios y de la alta burocracia estatal. Los empleados públicos en general y los trabajadores del sector privado carecían del derecho a aspirar reivindicaciones, pues había que atender a los que no tenían trabajo. Ese razonamiento se perfeccionó con la implantación del neoliberalismo en los 90 del siglo pasado y sus nuevos métodos para medir la pobreza, logrando enfrentar a los “más pobres” con los trabajadores.
El “combate a la pobreza” consiste, de acuerdo con las recomendaciones del Banco Mundial, en atender a los “más pobres”, sin atacar las causas de un hecho que es estructural y dejando postergados los derechos de los asalariados, a los cuales había que someterlos a evaluaciones para demostrar su ineficiencia y, por lo tanto, justificar el congelamiento y/o la reducción de sus salarios. Se introdujo, además, el sistema de contratos como la modalidad principal de empleo.
Para el neoliberalismo son pobres solamente aquellos que tienen no más de 250 soles mensuales de ingresos. Combatir esa pobreza significa distribuir gratuitamente alguna dieta alimenticia a través de los programas de los comedores populares y el vaso de leche, a lo que se agregó, desde el régimen del presidente Alejandro Toledo, el programa “Juntos”, que hoy entrega 100 soles mensuales a las familias “más pobres”, monto que debe garantizar que dichas familias envíen a sus hijos a la escuela y a los centros de salud. En lugar de crear las condiciones para el trabajo adecuadamente remunerado se apela al más burdo asistencialismo, política de vieja data en el Perú. Si se considera que todo aquel que se benéfica con la entrega de alimentos y de la insignificante suma de dinero, entonces la estadística de bajar la pobreza al 36% es correcta. Pero en la realidad esas personas “beneficiadas” con el asistencialismo no dejan de seguir siendo pobres. Al contrario, en la medida en que dependen de esa distribución para supervivir, su comportamiento se vuelve cada vez más asequible con los gobernantes de turno, creando en esos sectores populares una concepción alienada de la existencia social, útil para fines electorales, como ocurre con la adhesión de un sector de esa población a la candidatura de la hija del ex dictador Fujimori.
Al asistencialismo directo para “combatir la pobreza” se agrega la realización de pequeñas obras en los pueblos y distritos populares de las principales ciudades, agregando ahora los “núcleos ejecutores” que manejarán 500 mil soles en cada ejercicio presupuestal.
Para los neoliberales, por tanto, para el actual gobierno, no son pobres los profesores, ni los policías, ni los demás sectores asalariados. Su medición de la pobreza reduce la comparación hacia abajo, en un país donde las desigualdades entre ricos y pobres se han profundizado en los últimos 20 años, como ha ocurrido en Chile y Brasil según el PNUD. El Perú es hoy, al lado de los dos países señalados, uno de los más desiguales en América Latina y El Caribe. El importante crecimiento económico de los años 2004-2007, cuyo factor principal es la economía primario-exportadora predominantemente minera, elevó solamente las ganancias de los empresarios, pero deprimió los ingresos salariales tanto de los trabajadores del sector público como del sector privado.
Desde una visión totalizadora del contexto, la pobreza, pues, no ha disminuido en el Perú. Incluso quienes aceptan que en Lima ha disminuido, afirman, con sobradas razones, que la pobreza se ha incrementado en las provincias del interior del país. Por las condiciones en que vive la mayoría de la población de Lima Metropolitana es evidente que la pobreza constituye una realidad que solamente se puede negar por intereses políticos.
EL ESPEJISMO DEL CONSUMO Y LOS CRÉDITOS
Sin un ápice de cuidado en el manejo de los datos económicos, el presidente García ha dicho que “Para fortalecer el consumo, el crédito mantendrá su crecimiento. El crédito aumentó el 45% en último año, especialmente en provincias, donde creció el 54%”. Por supuesto que el crédito ha venido creciendo desde los últimos años de la década de los 90 del siglo XX, sobre todo los créditos a los empleados públicos para resolver los problemas urgentes de su supervivencia. Tanto los bancos como las cajas rurales en provincias, el Banco de la Nación y las demás instituciones de tipo financiero se están beneficiando con los intereses que perciben por cientos de miles de préstamos, principalmente a los trabajadores del Estado. A estos préstamos se debe agregar el incremento de las tarjetas de crédito. En conjunto, es casi la reproducción en pequeño de lo que ha ocurrido en Estados Unidos con los créditos de consumo y del inmobiliario que hizo estallar la “burbuja financiera”, generando un círculo vicioso de prestar para pagar deudas hasta empequeñecer, cada vez más, la capacidad real de consumo indispensable.
Es increíble que un presidente de la república se regocije del crecimiento en el uso de celulares en un país donde falta lo indispensable para la alimentación, la salud y el consumo de bienes culturales más trascendentes. Las operadoras de telefonía, los importadores y hasta las transnacionales que monopolizan la fabricación de esos artefactos deben estar muy agradecidos por la promoción (¿gratuita?) de su consumo masivo en el Perú. ¿Es esto signo de bienestar de la población? Para el presidente García, la vida consiste en gastar, consumir y volver a gastar: una concepción sanchopancista de la vida y de la sociedad.
LA ILUSIÓN DEL PRIMER MUNDO
Según el escritor Julio Ortega, en la entrevista que hemos citado, el anuncio de que el Perú llegará a convertirse en un país del primer mundo en el 2021 constituye una de las afirmaciones “más irresponsables” que el presidente García ha hecho en su discurso. Pero en esta irresponsabilidad tampoco es original. Ya Fujimori había dicho que el Perú se convertiría en el “tigre” del Pacífico, un presunto futuro cuya plasmación seguirá esperando en su celda dorada.
El presidente García confunde sus fantasías demagógicas con la realidad de un país que no ha logrado aún sentar las bases estructurales para su desarrollo, como son una agricultura próspera para el consumo interno en lo fundamental; una industria nacional diversificada para la exportación de herramientas, maquinarias e insumos elaborados; un proceso de investigación y creación de ciencia y tecnología avanzadas; una disminución drástica de las desigualdades sociales y la eliminación del asistencialismo sobre la base del incremento de los índices del desarrollo humano. Basta mirar lo que se viene haciendo en Lima Metropolitana en materia de transporte masivo para darnos cuenta que los gobernantes no tienen ni idea de lo que es avanzar hacia la modernidad del apetecible, para ellos, primer mundo.
Según la afiebrada ilusión del presidente García, muy pronto el Grupo de los 8 (G-8) se convertirá en G-9 con la incorporación del Perú. Brasil tendrá que ser desplazado de esa posibilidad, al igual que la República Popular China y también la India. De país primario-exportador pasaremos a ser un país altamente industrializado, cuando nuestro presupuesto para la investigación científica y tecnológica para acelerar el desarrollo de las fuerzas productivas materiales y humanas no llega ni a la mitad de lo que debemos invertir. Solamente este atraso, sin tener en cuenta las demás carencias en que vivimos, nos permite prever la imposibilidad de superar, en menos de 50 años, nuestra condición de país terriblemente a la saga de los desarrollados. Basta comparar el proceso de desarrollo planificado que sigue China desde 1950, con un proyecto que culminará el 2050, para darnos cuenta que lo anunciado por el presidente García no es sino un sueño de opio.
Sin producir cambios radicales en la estructura de la economía, del Estado y de la cultura, será imposible superar nuestro atraso histórico. El capitalismo que nos domina es la primera traba para ese desarrollo. La falta de una fuerza social y política que luche por ese cambio constituye un segundo factor limitante. No son con cantos de sirena como llegaremos al desarrollo de nuestro país. Mucho menos con gobiernos sometidos a los intereses capitalistas de la globalización neoliberal.
Todas las demás limitaciones del discurso presidencial se desprenden de los elementos que hemos señalado. La seguridad social, el derecho pleno a la salud, la reforma educativa, los derechos laborales, seguirán el proceso de deterioro en los marcos de la economía neoliberal que el gobierno aprista continúa implementando.
ALGUNAS CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
1. El penúltimo mensaje presidencial del actual gobierno aprista ha sido una reafirmación del proyecto neoliberal que viene desarrollando, adobado con algunas medidas de tipo populista y de carácter efectista, pero sin tocar los privilegios de los grandes empresarios, particularmente de las transnacionales.
2. Las propuestas de reforma constitucional para introducir las segundas vueltas electorales para la elección de los gobiernos regionales y la renovación de los parlamentarios a mitad de su mandato, así como la eventual realización de un referéndum son maniobras diversionistas para encubrir el fracaso de la actual democracia burguesa y sus mecanismos de funcionamiento, así como para ocultar la corrupción que corroe al gobierno.
3. El objetivo central del gobierno aprista es desarrollar una política de reconquista de los gobiernos municipales y regionales utilizando los mecanismos asistencialistas-clientelistas a través de los “núcleos ejecutores” y el uso de más de 4 mil millones de soles para esa campaña de recuperación política electoral, toda vez que el nivel de popularidad del presidente Alan García y de todos sus funcionarios se viene deteriorando cada vez más..
4. Si bien es cierto que toda la derecha neoliberal y sus empresarios apoyaron la elección del presidente Alan García para evitar el triunfo del nacionalista Ollanta Humala el 2006, han formado parte del Gabinete Ministerial y trabajado juntos en el Congreso, recibiendo además los privilegios que siempre han reclamado, ante el panorama electoral que se ha abierto en el Perú para el 2010 y el 2011, ha empezado a buscar una alternativa propia que haga frente, en mejores condiciones, a una eventual candidatura cuya victoria podría poner en peligro la continuidad del modelo neoliberal que el gobierno aprista se ha empeñado en consolidar.
5. Para confundir a las masas la derecha neoliberal ha empezado a plantear una corrida hacia el denominado “centro” político, pues sabe perfectamente que su verdadera posición neoconservadora es crecientemente rechazada. Hasta el neoliberal Mario Vargas Llosa se presenta hoy como político de “centro”, hacia donde, según sus propias declaraciones, busca arrastrar al nacionalista Ollanta Humala.
6. La necesidad de una alternativa de izquierda socialista en el Perú es indiscutible frente al neoliberalismo y a las corrientes liberales que solamente proponen la “profundización de la democracia conquistada”. La alternativa de izquierda que el Perú y el pueblo necesitan para la conquista del gobierno y del poder requiere de un nuevo liderazgo político-programático que abra paso a la ruptura con el capitalismo en el Perú para establecer las bases del socialismo.
Lima, agosto del 2009
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(Con motivo del mensaje presidencial y la realidad peruana actual)
José Ramos Bosmediano, educador, miembro de la Red Social para la Escuela Pública en América (Red SEPA, Canadá), ex Secretario General del SUTEP
El discurso presidencial de Fiestas Patrias en el Perú (28 de Julio) ante el Pleno del Congreso Nacional, es una obligación constitucional. Casi un ritual para dar cuenta de lo hecho por el gobierno y establecer lo que ha de hacerse en el resto de lo que queda del mandato gubernamental, que en este caso del segundo gobierno aprista, llega hasta julio del 2011, año en que el mensaje presidencial le corresponde al gobierno elegido ese año, ante el nuevo Congreso.
Pero no es solamente un ritual constitucional. Es un hecho político en la medida en que la intencionalidad del mensaje es convencer del desempeño positivo de los gobernantes de turno y de sus obras, por un lado y, por otro, generar optimismo en el desempeño del futuro inmediato.
Todos los discursos presidenciales en el Perú republicano se han orientado, principalmente, por la autocomplacencia de lo hecho y lo por hacer. El análisis de la realidad concreta ha estado ausente, así como la autocrítica no ha pasado de un golpe de pecho apelando a la trillada frase de “errores cometidos” sin especificar cuáles y sin explicar su contenido causal. A lo sumo, la enumeración de obras físicas y de las que se harán en el tiempo que queda. Sin embargo, el presidente se esmera en atacar, directamente o de soslayo, a sus opositores ideológicos, pues para sus afines no hay ninguna referencia crítica.
En el caso que nos ocupa (el discurso que pronunciara el Presidente Alan García el 28 de Julio) se ha ajustado, en lo fundamental, a lo que siempre ha ocurrido en el Perú: la demagogia y la autocomplacencia, el optimismo de la realidad y el pesimismo del ideal, convertido éste en la ingenua creencia o interesada actitud de confianza en la intangibilidad del sistema imperante que solamente requiere de algunos cambios para producir un futuro de “justicia social”. Ese futuro de “justicia social”, que Alan García denominó “futuro diferente”, carece de una visión científica de la realidad peruana, que no es para el optimismo. El “futuro diferente” del presidente García se encharca en el mismo sistema capitalista que ha creado la realidad actual del Perú que aquél no puede auscultar con objetividad. La “gran trasformación” de la que hablaba el Haya de la Torre en su fase reformista y que luego abandonó, se ha convertido en mera comparsa de la economía de libre mercado.
Quienes, antes del 28 de julio, han venido haciendo propuestas que el Presidente debiera de abordar en su discurso, también carecen de objetividad porque, en el fondo, consideran viable los cambios indispensables para “profundizar la democracia” y hacer frente al neoliberalismo, ¡con el gobierno aprista y toda la derecha neoliberal coaligada! Después del discurso, los críticos y “analistas”, algo decepcionados por no escuchar lo que quisieron, se dedican simplemente a enumerar los elementos positivos y los negativos, reclamando por las “omisiones”. Algunos de ellos, como quien ofrece sus servicios al mandón de turno, establecen algunas condiciones para el cumplimiento de las propuestas del presidente, como si éste fuera un ingenuo como para entregar sus herramientas demagógicas a personas que no sean de su entera confianza.
Con estas consideraciones, abordaré el tema del discurso presidencial y la realidad política del Perú, a partir de aquella célebre frase de José Carlos Mariátegui, “pesimismo de la realidad, optimismo del ideal”, que en Alan García es al revés.
EL CONTEXTO DE CRISIS DE LA SOCIEDAD PERUANA
Por donde se mire al Perú, la crisis histórica heredada del colonialismo español y que la administración republicana no ha podido resolver, sigue intacta en sus contenidos fundamentales.
El problema de la soberanía nacional, la formación de una nación independiente, han quedado archivadas en la escritura de las tantas constituciones, desde el Estatuto Provisorio que promulgara don José de San Martín en 1821 hasta la espuria Constitución de 1993 impuesta por la corrupta dictadura fujimontesinista . Los grandes rubros de la economía nacional (la gran minería , el gran comercio, los servicios básicos, el transporte aéreo y marítimo, las grandes obras de infraestructura vial, la exploración y extracción de hidrocarburos) se encuentran bajo el control mayoritario de las transnacionales; y las decisiones sobre políticas macroeconómicas están condicionadas por los organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial, a los que hoy se unen los TLC que condicionan mucho más nuestra economía a los intereses del capitalismo mundial globalizado. Todos los condicionamientos extranjeros de nuestra vida nacional en el siglo XIX se han prolongado al siglo XX y continúan en este siglo XXI, cambiando, en algunos casos, las formas y los protagonistas, pero no el contenido de subordinación a que estamos sometidos.
Las grandes desigualdades sociales y culturales, que tienen su base en las desigualdades económicas, no solamente se han mantenido, sino que se han profundizado, principalmente en los últimos 20 años de predominio neoliberal, cuya lógica es elevar la tasa de ganancia del gran capital y reducir los salarios de los trabajadores, extendiéndose las diferencias hacia los demás sectores oprimidos de la sociedad: desocupados, campesinos, población excluida, en general, del funcionamiento de una economía de mercado neoliberal.
El Perú camina a la deriva. La planificación de la economía y la construcción de un proyecto nacional de desarrollo han estado y están ausentes en el manejo del Estado. Los únicos que planifican en el Perú son los grandes empresarios en función de sus objetivos estratégicos. El Estado peruano no hace sino adecuarse a esta planificación empresarial privada para programar las obras y las inversiones que faciliten el funcionamiento de los intereses privados. En el mejor de los casos, el Estado peruano reduce sus competencias y funciones a las pequeñas obras públicas que tienen escaso impacto en la economía nacional y en la vida de los peruanos.
La situación de la educación y la salud se explican por lo anterior. Ante la ausencia de un proyecto nacional de desarrollo, es impensable una educación que corresponda a ese desarrollo, al igual que un servicio de salud compatible con las necesidades de los peruanos, sin las diferencias que se han venido acentuando con el proyecto neoliberal y sus orientaciones privatizadoras.
El producto de la crisis histórica de la sociedad peruana, del Estado y sus instituciones fundamentales, es un conjunto de manifestaciones cada vez más alarmantes: la delincuencia organizada y armada, incluyendo elementos de las fuerzas policiales como componentes de las bandas; la corrupción generalizada en el manejo de las instituciones del Estado; una conducta colectiva complaciente con la corrupción a cuenta de “las obras” del gobernante o funcionario corruptos; la administración de la pobreza y su encubrimiento a través del asistencialismo-clientelismo desde el Estado y desde los empresarios que utilizan sus “donaciones” para crear su propia imagen de empresarios con “responsabilidad social”, nueva versión de las “filantropía” de la vieja oligarquía peruana. Por donde se mire, estas manifestaciones corresponden a un país donde una minoría tiene mucho frente a una mayoría que carece de los ingresos y los servicios mínimos necesarios para una vida digna.
¿Está cambiando esa realidad en los últimos 20 años de administración neoliberal? Si decidimos denominar cambio social al conjunto de obras que los gobiernos suelen realizar como parte de sus responsabilidades ordinarias, sin hacer variar las relaciones sociales de desigualdad imperantes, la respuesta puede ser positiva. Pero si por cambio social se entiende –como debe entenderse- el cambio de rumbo de una sociedad, la respuesta es negativa. Los gobiernos de Augusto B. Leguía (su “Oncenio”, 1919-1930) y de Manuel A. Odría (su “Ochenio”, 1948-1956) han sido pródigos en obras públicas pero no produjeron cambio social alguno, lo que también ha ocurrido con lo realizado por la dictadura de los años 90 del siglo XX (fujimontesinismo).
El sector más oprimido y marginado de la sociedad que por primera vez tiene un camino, una carretera, una posta de salud, etc., tiene una percepción positiva desde el punto de vista de sus intereses inmediatos, sin proyectarse al futuro para superar los problemas fundamentales del Perú, pues, para esos compatriotas, el conocimiento de la realidad, de su realidad, se reduce a lo sensorial de lo inmediato. Este comportamiento es aprovechado por la política criolla peruana con fines demagógicos y de lucro, proyectando su concepción alienada a la población que manipula con los denominados hoy “programas sociales” (FONCODES, PRONNA, JUNTOS, etc), programas que el Banco Mundial ha impuesto en casi todos los países latinoamericanos, con otras denominaciones pero con los mismos objetivos: compensar los desastrosos efectos sociales que producen las políticas neoliberales y frenar, al mismo tiempo, la capacidad de lucha de los sectores oprimidos.
La realidad del Perú como sociedad y país, tal como es, no puede sino generar un rechazo (pesimismo) en quienes pretendemos, verdaderamente, cambiarla por una realidad que hay que construir y que es posible a partir de las potencialidades humanas y naturales (optimismo). Para los intereses de las clases dominantes y sus fuerzas políticas en el Perú actual, esta realidad debe mantenerse; y si hay que hacer cambios, estos no deben alterar las vigas maestras del funcionamiento del sistema económico-social imperante. Bajo ese esquema invertido conciben y actúan. políticas económicas, sociales y culturales; enfrentan los períodos de crisis con medidas coyunturales y responden a las exigencias populares con represiones físicas y judiciales, como viene ocurriendo en estos años con la judicialización y penalización de las protestas laborales y populares (Decreto Legislativo No. 982).
Un lúcido intelectual, el escritor Carlos Meneses, no podría ser más explícito y contundente para definir al Perú de hoy: “Lo veo peor que antes, ha hecho un viaje a la pobreza. El Perú en lo que no ha acertado nunca es en tener un buen presidente, en casi doscientos años de vida republicana. Me cuesta trabajo creer que el Perú a causa de eso desaparezca. Me pongo en el otro plano y no sé qué pasará, creo que frente a la grave situación peruana, debe haber una toma de conciencia de los intelectuales porque los políticos han fracasado” (La Primera de Lima, 01 / 08 / 2009, Entrevista UN VIAJE A LA POBREZA, pp. 12-13). Aunque la última afirmación de la cita sólo apela a la responsabilidad de los intelectuales, su pesimismo de la realidad tiene suficientes fundamentos como para desmentir las displicentes afirmaciones de un presidente típico de la república criolla, como es Alan García Pérez.
En este contexto, resumido también por el historiador Heraclio Bonilla (ver: “La trayectoria del desencanto / El Perú en segunda mitad del siglo XX. Fondo Editorial del Pedagógico San Marcos. Lima. 2009, pp. 193-207), el presidente García Pérez planteó, durante la campaña electoral del 2006, un plan de gobierno de “cambio responsable”, cuyo contenido fue muy bien interpretado por los empresarios y toda la derecha neoliberal, cuyo apoyo fue determinante para su triunfo electoral en la segunda vuelta. Y así como en su primer gobierno, con un discurso teñido de liberalismo radical, sólo se dedicó a administrar la crisis sin ningún proyecto coherente de transformaciones, en este segundo gobierno se convirtió en el mejor testaferro del programa neoliberal, tratando de avanzar más allá de lo hecho por su antecesor Alejandro Toledo, en cumplimiento de las “reformas estructurales de segunda generación” para seguir “modernizando” el Estado, es decir, adecuarlo mejor a los requerimientos del TLC firmado con Estados Unidos y seguido por otros con el gran capital extranjero.
El camino elegido por el segundo gobierno aprista es el que ha marcado la tónica, el método y los contenidos de su reciente mensaje residencial. Como lo ha señalado el escritor Julio Ortega (La República de Lima, Entrevista, 29 / 07 / 2009, p. 6), el jefe aprista ha ofrecido un “menú de todo”, una especie de mixtura programática para dar la impresión de servir la mesa a todos.
DEMAGOGIA Y AUTORITARISMO
El discurso presidencial fija como objetivos básicos de la acción gubernamental hasta el 2011 generar “orden” e “inclusión”
El orden define el autoritarismo creciente a medida en que la población ha venido sintiendo y captando la orientación proempresarial del gobierno, su entraña proimperialista y el manejo corrupto de la administración pública, desarrollando numerosas luchas que el gobierno enfrentó con la represión. Y no se trata solamente de la represión al movimiento popular, cuyo extremo, hasta hoy, es el trato despectivo y punitivo contra el movimiento indígena amazónico y sus principales líderes, sino que también trasuntan autoritarismo el conjunto de decretos promulgados al margen de la opinión de los sectores que, de una manera u otra, son afectados por las decisiones económicas y sociales que implican. Hasta los analistas y periodistas de opinión que comulgan con las políticas neoliberales admiten que el autoritarismo es uno de los rasgos más sobresalientes del gobierno aprista, abiertamente expuesto con motivo de la lucha indígena.
La voz de “orden” ha sido consustancial a los gobiernos peruanos que han enfrentado conflictos con el pueblo. A mayor polarización social, no tuvieron mejor salida que desenfundar el látigo y el sable para “escarmentar” a los que “atentan contra el orden público”. El discurso de García Pérez apela, nuevamente, al “complot internacional” que “manipula” a los que luchan en el Perú por sus legítimas exigencias para pedir a la policía que “usen sus armas” para resguardar el orden. La “guerra fría” de la que habló no es sino la aplicación criolla de la “guerra del bien contra el mal” que esgrimiera George W. Bush para lanzar su “guerra preventiva”. La guerra preventiva de García, siendo cómica, tiene elementos trágicos en la matanza de campesinos, de nativos y policías. La policía sabe hoy que puede matar sin que nadie le reclame nada porque su acción está protegida por una de las leyes de este gobierno, el decreto legislativo 982. En el momento actual los dirigentes indígenas son perseguidos por la muerte de policías el 5 de junio en Bagua, pero los policías que han matado indígenas son considerados “héroes” (¿?).
El autoritarismo aprista se inscribe, pues, en la tradición autoritaria del Estado peruano republicano. Hoy se pone al servicio del neoliberalismo cuya consolidación es una de las tareas que se ha propuesto la dirigencia aprista y toda la derecha peruana.
El objetivo de la “inclusión”, palabreja generalizada por el Banco Mundial para dar la impresión de que el neoliberalismo puede tener “rostro humano”, no pasa de ser un planteamiento demagógico en todos los terrenos de la acción gubernamental. Para encubrir el centralismo en las decisiones presupuestas de acuerdo con el Marco Macroeconómico Anual, elaborado bajo la autoridad del FMI de acuerdo con las cartas de intención, verdaderos documentos de subordinación del Perú a ese organismo de dictadura económica internacional, el gobierno ha establecido los denominados “presupuestos participativos”, a cuya sombra se protegen todos los actos de corrupción y las campañas reeleccionistas de alcaldes y autoridades regionales. En educación, se encarga la “inclusión” de niños discapacitados (niños con necesidades educativas especiales) a los maestros de la educación básica con sobrecarga docente y con escaso apoyo de especialistas en ese tipo de pedagogía especializada. En materia de salud, se implanta el Sistema Integral de Salud sin el financiamiento necesario, así como se proyecta el aseguramiento universal cuando ni los afiliados actuales tienen una atención compatible con sus necesidades.
La demagogia reside en ofrecer inclusión en un país donde se acentúan más las desigualdades sociales y donde la privatización de los servicios básicos constituye una parte importante de los negocios empresariales, partiendo del “mundo competitivo” como una realidad imposible de ser puesta en tela de juicio, cuyo cuestionamiento significa oponerse al progreso y al desarrollo. Y es que la palabra “inclusión” se ha generalizado como la metáfora de la “depuración” de la justicia social en nuevas condiciones, así como “equidad” se ha impuesto como metáfora de la igualdad social. Ésta, para los neoliberales, no pasa de ser una quimera, un sueño de opio al que no debemos aspirar porque “no todos somos iguales”, como si las desigualdades sociales hubiesen sido creadas por la naturaleza y no por el proceso histórico de la lucha de las sociedades humanas divididas en clases sociales.
La demagogia aprista explica la facilidad con la que sus jefes, desde el mismísimo Víctor Raúl Haya de la Torre, cambien de discurso y de conducta política según sus necesidades de supervivencia política y manejo del poder. Explica también hoy su unidad con lo más negro de la política peruana surgida en la última década del siglo XX: el fujimontesinismo y sus aliados menores, cuyos integrantes forman parte del Consejo de Ministros y ocupan otros cargos públicos de relevancia. En esta alianza neoconservadora no podría faltar la postura teológica fundamentalista del Opus Dei en la voz del Cardenal de la Iglesia Católica, Monseñor Luis Cipriani, colaborador de la represión político-militar de la dictadura fujimontesinista y justificador de las políticas antilaborales de aquel régimen corrupto. Este político religioso es famoso por dos afirmaciones suyas en aquellas circunstancias: “en el Perú, el que no trabaja es porque no quiere”; y “los derechos humanos son una cojudez (sic)”. En su homilía del 28 de Julio, con la asistencia del presidente García, se refirió también al complot internacional contra el Perú, a la necesidad del perdón a los que han defendido la patria contra el terrorismo, en clara alusión a los militares y gobernantes que violaron los derechos humanos, además de robar al Estado, y por los cuales han sido sentenciados, incluyendo al propio Alberto Fujimori Fujimori. Asimismo, habló de la necesidad de orden en el país, uno de los ejes del discurso presidencial de ese mismo día. Una referencia insignificante sobre esta intervención de Cipriani incluye La República de Lima en su edición del 29 / 07 /2009, p. 16.
En consecuencia, el discurso presidencial ha planteado, una vez más, la continuidad del proyecto neoliberal con el cual se ha comprometido ideológica y políticamente. En esta orientación se inscriben los anuncios más importantes de su acción gubernamental hacia el 2011.
BARNIZ PARA LA DEMOCRACIA BURGUESA EN CRISIS
El planteamiento de renovación del Congreso a mitad del período no es nuevo. Ni la segunda vuelta para la elección de los gobiernos regionales. Plantearlo hoy, sin tener en cuenta el plazo y la forma necesarios para la reforma constitucional que hagan posible la segunda vuelta electoral, es parte de un tinglado para entretener a la ciudadanía en un asunto de escasa relevancia para el país.
En primer lugar, lo que está en crisis no es simplemente la forma de elección de los gobernantes. Es la democracia burguesa la que se encuentra en crisis en el Perú. La democracia burguesa que funciona en los países capitalistas desarrollados tiene bases históricas y económicas de las cuales carece el Perú. En nuestro país las clases dominantes no han sido capaces de actuar una revolución burguesa, capitalista. Por lo demás, esta burguesía criolla ha quedado inhabilitada para llevar a cabo una tarea histórica de gran envergadura, como es la revolución burguesa que la independencia de 1821-1824 no pudo cumplir. Los que hoy hablan de “revolución capitalista” en el Perú, son aquellos que defienden la presencia dominante del capital transnacional en nuestra economía, sin considerar que éste capital no ha producido una economía que pueda llamarse nacional. Viene, acumula ganancias y expatria los excedentes, dejando en el país miserias en impuestos y en salarios más miserables aún. El capitalismo en el Perú no se presenta como una alternativa de progreso social, de desarrollo, de integración nacional. Ya no constituye un ideal de justicia. Su tiempo histórico ya periclitó. De mantenerse, sólo producirá más desigualdades y más subordinación a lo extranjero.
Lo que producirán las segundas vueltas electorales no será el mismo manejo empresarial de las campañas. El pretendido fortalecimiento de la democracia se convertirá en un mero ritual formal para embriagar de elecciones al pueblo oprimido. No se puede fortalecer un sistema político en franco agotamiento, en debacle histórica indudable. Si hoy permanece como una ilusión democrática es porque las masas no han logrado aún la conciencia de la necesidad de trasformar el estado de cosas en el Perú. De esta carencia se aprovecha la derecha neoliberal para lanzar sus señuelos de “democracia representativa”.
El referéndum con el cual el presidente García amenaza al Congreso si es que éste no se pone de acuerdo con la reforma para las segundas vueltas electorales, tiene la misma orientación de distraer y arrastrar a las masas hacia su demagógica propuesta.
En el fondo, lo que busca el gobierno aprista es encubrir un evidente plan político hacia el 2010 y el 2011: crear las condiciones para que el partido aprista gane posiciones para seguir manejando el Estado, como partido o en alianza con sus afines neoliberales.
EL SEÑUELO DE LA DESCENTRALIZACIÓN
¿Qué se ha descentralizado hasta hoy en el Perú? Nada menos que la corrupción y la pobreza. En su tiempo, José Carlos Mariátegui habló de la descentralización de la pobreza, pues la corrupción no tenía el peso que hoy tiene. Lo que existe ahora es una reproducción ampliada de estos males de la república criolla. La transferencia de competencias a municipalidades y regiones no ha producido la solución a los problemas fundamentales de las poblaciones supuestamente beneficiadas.
La municipalización de la educación y de la salud, con la experiencia habida en América Latina, sólo ha significado la reducción del presupuesto nacional para esos servicios, sin la necesaria complementación de las municipalidades. Las ambiciones despertadas en gran número de alcaldes y concejales por el supuesto incremento de sus finanzas para fines educativos, por ejemplo, se han estrellado contra la realidad de la municipalización como un mecanismo ideado por el Banco Mundial para transferir responsabilidades financieras del gobierno central hacia la población. Los reclamos de las municipalidades incursas en el plan piloto de municipalización están hoy a la orden del día al no recibir la transferencia de los recursos para el funcionamiento de las escuelas.
Pero al margen de la descentralización neoliberal, el discurso presidencial, al lado del incremento de los fondos para las municipalidades, ha anunciado, sin consultar con nadie, la creación de los “núcleos ejecutores” para la denominada “descentralización popular”, verdadero mecanismo directamente manejado por el partido gobernante con un funcionario tantas veces cuestionado por el manejo de fondos del Estado y su vinculación abierta con el convicto delincuente, hoy en libertad, Agustín Mantilla.
Más de 4 mil millones de soles, a razón de 500 mil por núcleo ejecutor, serán administrados por personas dedicadas a construir pequeñas obras públicas, modalidad impuesta en los 90 por el fujimontesinismo a través de FONCODES, institución estatal que se mantiene. Esa cantidad de dinero no será supervisada por la Contraloría General de la República, sino por los alcaldes distritales, cuya actuación deja mucho que desear en materia de honestidad y eficiencia en el manejo de las finanzas municipales. El presidente García ha evocado la “Cooperación Popular” creada por el ex Presidente Fernando Belaúnde Terry en la década de los 60 y mantenida hasta fines de los 80, cuyo funcionamiento dejó como saldo muchos enriquecimientos personales y pequeñas obras que se deterioraron rápidamente. Esta misma experiencia nos han dejado los “entes ejecutores” creados por el fujimontesinismo en los 90.
Sin embargo, considerando la inconsistencia técnica de los “núcleos ejecutores”, los objetivos políticos de su creación deben ser tenidos en cuenta.
En primer lugar, el gobierno aprista pretende competir con los gobiernos municipales y regionales en la organización de la población a través de la entrega de dinero para pequeñas obras, ganar terreno y conquistar municipalidades y gobiernos regionales. En tal sentido, el gobierno central paralelizará, con más fuerza, a los gobiernos municipales y regionales actuales, debilitará su presencia en la población y serán mas vulnerables para la competencia electoral del 2010.
En segundo lugar, los núcleos ejecutores se convertirán en mecanismos de proselitismo político a nivel nacional, con la prebenda de los fondos cuya administración honesta nadie podrá garantizar ni mucho menos fiscalizar.
En tercer lugar, el gobierno busca que la población incursa en la realización de las pequeñas obras, con ingresos temporales mínimos, postergue, ocasionalmente, sus demandas y contribuya a la “paz social” para aislar de las masas a las organizaciones populares, fuerzas políticas progresistas y sus dirigentes.
El presidente García fue al Congreso a anunciar lo que ya había planificado, de tal manera que al día siguiente fueron juramentados los núcleos ejecutores “elegidos” en Lima. No fue una propuesta, sino una decisión ya tomada, siguiendo el libreto fujimontesinista: “primero hago y después anuncio”.
La “descentralización popular” se convierte, así, en manipulación abierta a los sectores populares para cosechar adhesiones políticas. Es indudable que todos los alcaldes oportunistas, que son la mayoría, se adherirán al plan electoral del gobierno y hasta se convertirán en aliados políticos para mantener su pequeño poder. Esta posibilidad existe en nuestro país teniendo en cuenta la experiencia del transfuguismo y el independentismo, tan promovidos por el individualismo neoliberal y aprovechados por el fujimontesinismo en su oportunidad. El propio diario limeño La República (edición citada), con un titular engañoso (“¡EN SUS TRECE!”), hace un comentario encomioso del mensaje residencial.
EL ASISTENCIALISMO COMO “COMBATE A LA POBREZA” Y LAS CIFRAS DEL ENGAÑO
Con el neoliberalismo nos trajeron el denominado “combate a la pobreza”, como mecanismo de amortiguamiento, en los sectores más marginados de la sociedad, de los efectos empobrecedores de las “reformas estructurales” y sus políticas de shock, algo así como las reformas preventivas de los 60 y 70 del siglo pasado, auspiciadas por Estados Unidos, para contrarrestar la ola socialista de aquellas décadas.
Las clases sociales fueron sustituidas, en la teoría sociológica neoliberal, por el término “sectores”, usando las letras mayúsculas A, B, C, D y E, con una referencia muy especial a los “más pobres”.
Durante su primer gobierno el presidente García imaginó una pirámide social en la que los trabajadores asalariados formaban parte de los sectores “privilegiados”, independientemente de sus ingresos y la relación de estos con las ganancias de los empresarios y de la alta burocracia estatal. Los empleados públicos en general y los trabajadores del sector privado carecían del derecho a aspirar reivindicaciones, pues había que atender a los que no tenían trabajo. Ese razonamiento se perfeccionó con la implantación del neoliberalismo en los 90 del siglo pasado y sus nuevos métodos para medir la pobreza, logrando enfrentar a los “más pobres” con los trabajadores.
El “combate a la pobreza” consiste, de acuerdo con las recomendaciones del Banco Mundial, en atender a los “más pobres”, sin atacar las causas de un hecho que es estructural y dejando postergados los derechos de los asalariados, a los cuales había que someterlos a evaluaciones para demostrar su ineficiencia y, por lo tanto, justificar el congelamiento y/o la reducción de sus salarios. Se introdujo, además, el sistema de contratos como la modalidad principal de empleo.
Para el neoliberalismo son pobres solamente aquellos que tienen no más de 250 soles mensuales de ingresos. Combatir esa pobreza significa distribuir gratuitamente alguna dieta alimenticia a través de los programas de los comedores populares y el vaso de leche, a lo que se agregó, desde el régimen del presidente Alejandro Toledo, el programa “Juntos”, que hoy entrega 100 soles mensuales a las familias “más pobres”, monto que debe garantizar que dichas familias envíen a sus hijos a la escuela y a los centros de salud. En lugar de crear las condiciones para el trabajo adecuadamente remunerado se apela al más burdo asistencialismo, política de vieja data en el Perú. Si se considera que todo aquel que se benéfica con la entrega de alimentos y de la insignificante suma de dinero, entonces la estadística de bajar la pobreza al 36% es correcta. Pero en la realidad esas personas “beneficiadas” con el asistencialismo no dejan de seguir siendo pobres. Al contrario, en la medida en que dependen de esa distribución para supervivir, su comportamiento se vuelve cada vez más asequible con los gobernantes de turno, creando en esos sectores populares una concepción alienada de la existencia social, útil para fines electorales, como ocurre con la adhesión de un sector de esa población a la candidatura de la hija del ex dictador Fujimori.
Al asistencialismo directo para “combatir la pobreza” se agrega la realización de pequeñas obras en los pueblos y distritos populares de las principales ciudades, agregando ahora los “núcleos ejecutores” que manejarán 500 mil soles en cada ejercicio presupuestal.
Para los neoliberales, por tanto, para el actual gobierno, no son pobres los profesores, ni los policías, ni los demás sectores asalariados. Su medición de la pobreza reduce la comparación hacia abajo, en un país donde las desigualdades entre ricos y pobres se han profundizado en los últimos 20 años, como ha ocurrido en Chile y Brasil según el PNUD. El Perú es hoy, al lado de los dos países señalados, uno de los más desiguales en América Latina y El Caribe. El importante crecimiento económico de los años 2004-2007, cuyo factor principal es la economía primario-exportadora predominantemente minera, elevó solamente las ganancias de los empresarios, pero deprimió los ingresos salariales tanto de los trabajadores del sector público como del sector privado.
Desde una visión totalizadora del contexto, la pobreza, pues, no ha disminuido en el Perú. Incluso quienes aceptan que en Lima ha disminuido, afirman, con sobradas razones, que la pobreza se ha incrementado en las provincias del interior del país. Por las condiciones en que vive la mayoría de la población de Lima Metropolitana es evidente que la pobreza constituye una realidad que solamente se puede negar por intereses políticos.
EL ESPEJISMO DEL CONSUMO Y LOS CRÉDITOS
Sin un ápice de cuidado en el manejo de los datos económicos, el presidente García ha dicho que “Para fortalecer el consumo, el crédito mantendrá su crecimiento. El crédito aumentó el 45% en último año, especialmente en provincias, donde creció el 54%”. Por supuesto que el crédito ha venido creciendo desde los últimos años de la década de los 90 del siglo XX, sobre todo los créditos a los empleados públicos para resolver los problemas urgentes de su supervivencia. Tanto los bancos como las cajas rurales en provincias, el Banco de la Nación y las demás instituciones de tipo financiero se están beneficiando con los intereses que perciben por cientos de miles de préstamos, principalmente a los trabajadores del Estado. A estos préstamos se debe agregar el incremento de las tarjetas de crédito. En conjunto, es casi la reproducción en pequeño de lo que ha ocurrido en Estados Unidos con los créditos de consumo y del inmobiliario que hizo estallar la “burbuja financiera”, generando un círculo vicioso de prestar para pagar deudas hasta empequeñecer, cada vez más, la capacidad real de consumo indispensable.
Es increíble que un presidente de la república se regocije del crecimiento en el uso de celulares en un país donde falta lo indispensable para la alimentación, la salud y el consumo de bienes culturales más trascendentes. Las operadoras de telefonía, los importadores y hasta las transnacionales que monopolizan la fabricación de esos artefactos deben estar muy agradecidos por la promoción (¿gratuita?) de su consumo masivo en el Perú. ¿Es esto signo de bienestar de la población? Para el presidente García, la vida consiste en gastar, consumir y volver a gastar: una concepción sanchopancista de la vida y de la sociedad.
LA ILUSIÓN DEL PRIMER MUNDO
Según el escritor Julio Ortega, en la entrevista que hemos citado, el anuncio de que el Perú llegará a convertirse en un país del primer mundo en el 2021 constituye una de las afirmaciones “más irresponsables” que el presidente García ha hecho en su discurso. Pero en esta irresponsabilidad tampoco es original. Ya Fujimori había dicho que el Perú se convertiría en el “tigre” del Pacífico, un presunto futuro cuya plasmación seguirá esperando en su celda dorada.
El presidente García confunde sus fantasías demagógicas con la realidad de un país que no ha logrado aún sentar las bases estructurales para su desarrollo, como son una agricultura próspera para el consumo interno en lo fundamental; una industria nacional diversificada para la exportación de herramientas, maquinarias e insumos elaborados; un proceso de investigación y creación de ciencia y tecnología avanzadas; una disminución drástica de las desigualdades sociales y la eliminación del asistencialismo sobre la base del incremento de los índices del desarrollo humano. Basta mirar lo que se viene haciendo en Lima Metropolitana en materia de transporte masivo para darnos cuenta que los gobernantes no tienen ni idea de lo que es avanzar hacia la modernidad del apetecible, para ellos, primer mundo.
Según la afiebrada ilusión del presidente García, muy pronto el Grupo de los 8 (G-8) se convertirá en G-9 con la incorporación del Perú. Brasil tendrá que ser desplazado de esa posibilidad, al igual que la República Popular China y también la India. De país primario-exportador pasaremos a ser un país altamente industrializado, cuando nuestro presupuesto para la investigación científica y tecnológica para acelerar el desarrollo de las fuerzas productivas materiales y humanas no llega ni a la mitad de lo que debemos invertir. Solamente este atraso, sin tener en cuenta las demás carencias en que vivimos, nos permite prever la imposibilidad de superar, en menos de 50 años, nuestra condición de país terriblemente a la saga de los desarrollados. Basta comparar el proceso de desarrollo planificado que sigue China desde 1950, con un proyecto que culminará el 2050, para darnos cuenta que lo anunciado por el presidente García no es sino un sueño de opio.
Sin producir cambios radicales en la estructura de la economía, del Estado y de la cultura, será imposible superar nuestro atraso histórico. El capitalismo que nos domina es la primera traba para ese desarrollo. La falta de una fuerza social y política que luche por ese cambio constituye un segundo factor limitante. No son con cantos de sirena como llegaremos al desarrollo de nuestro país. Mucho menos con gobiernos sometidos a los intereses capitalistas de la globalización neoliberal.
Todas las demás limitaciones del discurso presidencial se desprenden de los elementos que hemos señalado. La seguridad social, el derecho pleno a la salud, la reforma educativa, los derechos laborales, seguirán el proceso de deterioro en los marcos de la economía neoliberal que el gobierno aprista continúa implementando.
ALGUNAS CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
1. El penúltimo mensaje presidencial del actual gobierno aprista ha sido una reafirmación del proyecto neoliberal que viene desarrollando, adobado con algunas medidas de tipo populista y de carácter efectista, pero sin tocar los privilegios de los grandes empresarios, particularmente de las transnacionales.
2. Las propuestas de reforma constitucional para introducir las segundas vueltas electorales para la elección de los gobiernos regionales y la renovación de los parlamentarios a mitad de su mandato, así como la eventual realización de un referéndum son maniobras diversionistas para encubrir el fracaso de la actual democracia burguesa y sus mecanismos de funcionamiento, así como para ocultar la corrupción que corroe al gobierno.
3. El objetivo central del gobierno aprista es desarrollar una política de reconquista de los gobiernos municipales y regionales utilizando los mecanismos asistencialistas-clientelistas a través de los “núcleos ejecutores” y el uso de más de 4 mil millones de soles para esa campaña de recuperación política electoral, toda vez que el nivel de popularidad del presidente Alan García y de todos sus funcionarios se viene deteriorando cada vez más..
4. Si bien es cierto que toda la derecha neoliberal y sus empresarios apoyaron la elección del presidente Alan García para evitar el triunfo del nacionalista Ollanta Humala el 2006, han formado parte del Gabinete Ministerial y trabajado juntos en el Congreso, recibiendo además los privilegios que siempre han reclamado, ante el panorama electoral que se ha abierto en el Perú para el 2010 y el 2011, ha empezado a buscar una alternativa propia que haga frente, en mejores condiciones, a una eventual candidatura cuya victoria podría poner en peligro la continuidad del modelo neoliberal que el gobierno aprista se ha empeñado en consolidar.
5. Para confundir a las masas la derecha neoliberal ha empezado a plantear una corrida hacia el denominado “centro” político, pues sabe perfectamente que su verdadera posición neoconservadora es crecientemente rechazada. Hasta el neoliberal Mario Vargas Llosa se presenta hoy como político de “centro”, hacia donde, según sus propias declaraciones, busca arrastrar al nacionalista Ollanta Humala.
6. La necesidad de una alternativa de izquierda socialista en el Perú es indiscutible frente al neoliberalismo y a las corrientes liberales que solamente proponen la “profundización de la democracia conquistada”. La alternativa de izquierda que el Perú y el pueblo necesitan para la conquista del gobierno y del poder requiere de un nuevo liderazgo político-programático que abra paso a la ruptura con el capitalismo en el Perú para establecer las bases del socialismo.
Lima, agosto del 2009
