viernes, 28 de octubre de 2011

JOSE RAMOS BOSMEDIANO: EL CONTINUISMO EN LA EDUCACIÓN PERUANA




(A propósito del Proyecto para contratos docentes 2012)


              José Ramos Bosmediano, educador, miembro de la Red social para la Escuela Púbica en las Américas (Red SEPA, Canadá), ex Secretario General del SUTEP (Perú)

 

El gobierno del Presidente Humala, por fin, ha revelado que en materia educativa continuará con el mismo modelo heredado del fujimorismo de los años 90, continuado en los primeros 10 años de gobierno "democrático" del siglo XXI.  El aumento presupuestal en educación para el 2012 solamente es un pequeño parche para programas parciales (inicial sobre todo) pero no para remontar la crisis ni desmontar la reforma neoliberal.

Dos medidas recientes nos llevan a afirmar lo anterior.  La primera, como lo hace notar Farid Matuk ("La retórica ha regresado", La República de Lima, 27/10/2011, p. 14), es la regresión presupuestal para el 2013 según el nuevo Presupuesto Multianual de tres años.  La segunda, el Proyecto de "Directiva de Normas y Procedimientos para la selección de docentes mediante contrato en Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica y Técnico-Productiva en el período lectivo 2012" No. 0536 del  Ministerio de Educación (Resolución Ministerial), de fecha 21 de octubre 2012, como documento de consulta al magisterio nacional.


Una consulta retórica


La consulta es retórica, por tanto demagógica, porque el contenido del Proyecto no difiere de las normas que se han venido dando desde el fujimontesinismo, reajustadas por los gobiernos  de Paniagua, Toledo y Alan García Pérez.  La mayoría de los maestros sin trabajo o contratados por enésima vez ya saben que las consultas son saludos a la bandera.  Los requisitos, proceso de inscripción, elaboración y administración de las pruebas, evaluación de expedientes, etc., no son sino un proceso engorroso para los maestros que, con el título pedagógico obtenido y otorgado en "nombre de la nación", según las autoridades "son ineficientes" para enseñar en las aulas.  Cómo este argumento no es suficiente, se dice también que como hay excedentes de maestros titulados para un número menor de vacantes, "de alguna manera" hay que seleccionar "a los mejores".

Con un manejo simple de las estadísticas de población escolar no matriculada en el Perú y la necesidad de matricular a todos (¿no les gusta, pues, la palabra "incluir"?) construir escuelas para todos, dotar de maestros titulados a todos, así como materiales de estudio, etc., el número de maestros "excedentes" desaparecería inmediatamente.  Pero eso supone un presupuesto anual para la educación no menor del 6% y frenar el proceso de la privatización y la municipalización de la educación, forma indirecta de privatización.

Todas las condiciones para el contrato de docentes "por servicios personales" (el CAS de la educación, como el CAS de médicos a través de los CLAS, creaciones también del fujimontesinismo) se repiten en el proyecto firmado por la Ministra Salas.


El título pedagógico carece de valor


El discurso neoliberal contra el título pedagógico viene también de la misma década podrida de nuestra vida nacional.  Como hay que seguir preparándonos, lo que siempre fue cierto, el título pedagógico se vuelve simbólico, meramente referencial y carece de valor cuantitativo en la evaluación de un postulante al contrato o a la carrera pública.

El fujimontesinismo ideó una capacitación docente que carecía de base científica, pues los "entes capacitadores" solo se preocuparon por cobrar y bastaba tener una onegé u organizar una asociación para participar en el inservible PLANCAD.

Durante los sucesivos gobiernos en los últimos 10 años, los reformadores neoliberales idearon un nuevo organismo y sometieron a licitación el trabajo de capacitación docente, como también lo hicieron con esa farsa de la alfabetización y con el proceso de las acreditaciones de los institutos superiores (Pedagógicos y Tecnológicos)

En los últimos años, para el regocijo de los dueños de la educación universitaria privada y la necesidad de incrementar en algo sus recursos las abandonadas universidades públicas, los maestros, para ser "mejores maestros", deben estudiar Maestría y Doctorado, viéndose obligados a endeudarse para estudios de postgrado y diplomados.

Así está el negocio de la educación, lo que al Dr. Manuel Burga, historiador y ex Rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,  le hace escribir: "¿A dónde va la universidad peruana?" (La República de Lima, 27/10/2012, p.12), refiriéndose a las universidades-empresas en el Perú neoliberal.

¿A dónde va el título pedagógico?, podemos preguntarnos.  A la nada, es la respuesta.  En el cuadro del puntaje en distintos rubros de la evaluación, hasta tener educación secundaria completa tiene puntaje para el postulante, así como los títulos no pedagógicos, los estudios superiores no concluidos. Pero no el título pedagógico.  Vale nada frente a las capacitaciones a las que me he referido.  Si el título pedagógico es solo un habilitante simbólico para postular a la docencia, entonces por qué los estudios que no alcanzan ese nivel de formación profesional sí merecen los puntajes para la calificación.


La docencia a bajo costo


Considero un atropello material y moral cuando en el proyecto de marras el gobierno ofrece remuneraciones que no llegan ni a la mitad del costo actual de la Canasta Básica Familiar, entre 905 y 1005 nuevos soles mensuales para maestros que, además, carecerán de derechos sociales y vacaciones, pues su contrato, en el mejor de los casos, será de marzo a diciembre.  No se requiere mucha imaginación para intuir los malabares que estos maestros harán para cumplir con su trabajo pedagógico, en las ciudades y en el campo.  Por supuesto que las remuneraciones de los demás maestros que ya tienen estabilidad laboral no son muy superiores y sus angustias después  de la primera quincena del mes son enormes. El sueldo de un maestro peruano es, apenas, el equivalente al gasto de un día de alimentación de cualquier burócrata bien pagado.  Su trabajo, en cambio, es superior a las triquiñuelas de ese bosque de corrupción que nos empobrece más.  Pero es más lamentable si lo comparamos con los miles  de nuevos soles mensuales que obtiene un(a) inútil concejal o consejero en los gobiernos municipales y regionales, respectivamente, producto de  "dietas" y "viáticos".

Uno de los objetivos macroeconómicos del programa neoliberal es, como se sabe, disminuir los gastos del Estado, sobretodo en servicios de educación y salud.  Se creyó que el gobierno de Presidente Ollanta Humala nos reservaba una política diferente, con tanta ¡inclusión! en sus discursos.  Pero su discurso "incluyente" no se aleja del significado que da a ese término el Banco Mundial: una metáfora para seguir encubriendo las grandes desigualdades sociales.

A estas alturas  y con el ejemplo del proyecto de normas para los contratos docentes, ya sabemos que la historia neoliberal se repite, mucho más cuando el documento considera como contratantes también a aquellas municipalidades a las que el gobierno aprista entregó la educación básica, demostrando que eso de de no ser de izquierda ni de derecha solo lleva escondido el programa neoliberal.  ¿No dijeron que la municipalización de la educación se suspendía?

La lucha de los maestros seguirá siendo un proceso arduo y  largo para recuperar sus derechos.  Eso de mejorar la Ley de Carrera Pública Magisterial de hechura neoliberal, no pasará de ser un nuevo señuelo. 

Iquitos, octubre27 del 2011


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martes, 25 de octubre de 2011

Texto corregido: Entre el Tratado Fujimori-Mahuad y la patria: 24 de octubre 1998 en Iquitos, Perú


José Ramos Bosmediano, educador, ex Secretario General del SUTEP.


Han pasado 13 años de aquel 24 de octubre de 1998, día en el cual, en la ciudad de Iquitos, la denominada capital de la Amazonía peruana, capital de la región Loreto en la geografía política del Perú actual, se dio un enfrentamiento de las masas enardecidas, del pueblo de Iquitos, con las fuerzas represivas de la dictadura fujimontesinista (1990 -2000).  Se podría denominar ese día en Iquitos como "un día de ira", título de una de las novelas del novelista español Arturo Pérez-Reverte, que relata la lucha del pueblo español un 2 de Mayo de 1808 para arrojar al invasor francés.

La primera parte del título de este texto recoge el de un cuento del escritor loretano, poco conocido, Jorge Rojas Panduro, "Entre octubre y la nada", correspondiente a su libro "La boa del diluvio" (Iquitos, Perú, 2005), un cuento que relata la trágica aventura de un lustrín (Shaque) que, buscando clientes para su menudo trabajo de supervivencia, se ve involucrado en el remolino humano de protesta en la Plaza 28 de Julio, gran plaza de luchas populares, democráticas y patrióticas, también escenario de las manifestaciones de la izquierda loretana.

Jorge Rojas nos entrega el ambiente de aquel día que envuelve la breve vida de Shaque:

En cambio, las voces fuertes que en los días de desborde humano rugen como el ventarrón espantando a las palomas, tienen el olor del enfado colectivo que atosiga al contingente armado, que unas veces arremete, otras confuso, tal vez piensa en la razón que a pesar de todo vence.  También Shaque estaba contagiado de la cólera ciudadana en esos días de grandes concentraciones de gente (…)

Más adelante  enriquece el momento que se vivía en Iquitos:

Comprender lo que de pronto ese día empezó a suceder, era complicado para Shaque.  El furor de los que tenían la bandera pidiendo la paz cuando enseñaban los puños, sobre un tablado que se construyó a un costado de la plaza.  El conglomerado impetuoso que llegaba a protestar la protesta de los otros, hasta arrebatar el símbolo patrio que debe estar al lado de los legítimos defensores de la nacionalidad porque "la paz tenía que ser con dignidad porque Tiwinza era dignidad, en fin porque este era un problema de amor a la tierra donde nació también él. Quizás por eso siente que algo empieza a bullir en su interior.


La lucha patriótica del pueblo loretano


En todos los conflictos y guerras en defensa de las fronteras del Perú que han comprometido a la Amazonía peruana, los loretanos han puesto todo lo que ha estado a su alcance.  Así fue durante la confrontación con Colombia y, claro, con Ecuador por la posesión de vastos territorios amazónicos que los del Norte consideran suyos.

Cuando la paz parecía sellada luego de la guerra de 1941 que dio paso al denominado Tratado de Amistad y Límites de 1942, mediando cuatro países garantes, en 1981 rebrotaron los enfrentamientos bélicos, que luego se repitió en 1995.  Así como para el pueblo ecuatoriano hay una deuda de territorios, que sus historiadores y ensayistas fundamentan y sus políticos y jefes militares agitan, así también en el Perú es inconcebible ceder territorios de Tumbes, Jaén y Maynas, convicción que es comprensiblemente férrea, más férrea que en el resto del país, en el pueblo loretano.

Por eso, cuando rompiendo el Tratado de 1941, tanto los gobiernos de Ecuador y Perú de esos años de los 90 del siglo pasado, como también los países garantes (Estados Unidos, Brasil, Chile y Argentina), se propusieron revisar el Tratado y firmar uno nuevo haciendo "concesiones mutuas", el pueblo de Loreto se levantó contra la dictadura de Alberto Fujimori, cuya presencia en el gobierno empezada a ser vapuleada con la fuerza de grandes movilizaciones en Lima y el destape de sus fechorías gubernamentales.

La necesidad de organizar la lucha dio origen a la fundación del Frente Patriótico de Loreto, cambio oportuno del histórico Frente de Defensa de Loreto constituido durante la lucha contra la dictadura militar de los años 70 del siglo XX.


El día de la ira loretana


Al acercarse la firma del Tratado de Itamaratí, que contemplaba algunas concesiones al gobierno de Ecuador en materia de territorios, navegación y comercio, el pueblo de Loreto organizó una gran manifestación para el día 24 de octubre de 1998, en la citada Plaza 28 de Julio.

El Jefe de la V Región Militar con sede en Iquitos, General José Villanueva Ruesta, hoy preso por ladrón al lado de Fujimori, Montesinos y muchos otros militares, entre los cuales sobre sale el General Nicolás Di Bari Hermoza,  máximo jefe militar del Perú en esos años, encerró con sus soldados y policías a los manifestantes para impedir la manifestación, mientras él y la burocracia del gobierno regional designado desde Lima departían en uno de los pisos de un Hotel cerca a la Plaza mencionada.

Los dirigentes buscaron dialogar con el jefe militar, pero éste y sus acompañantes, para evadir cualquier contacto con los manifestantes, huyeron en sus vehículos atropellando a la gente y matando a una profesora Corina Coral y una niña, lo que originó el desborde de los manifestantes hasta generar incendios y saqueos en la ciudad.

Al margen de la imposición de la  firma del Tratado de Itamaratí, el pueblo loretano reivindica esa gesta patriótica como el Día de la Dignidad del Pueblo de Loreto.  Hay el sentimiento del patriotismo herido por la política internacional de la dictadura fujimontesinista.  Los loretanos seguimos pensando que será difícil cumplir con el Tratado Fujimori – Mahuad.  No hay que olvidar que dos de los países garantes, Argentina y Chile, ayudaron a pertrechar con armamento a Ecuador durante la guerra de 1995 (Guerra del Cenepo), razón suficiente para pensar que Estados Unidos armó todo el conflicto y luego el Tratado para establecer una paz que le permitiera generar mejores condiciones para consolidar su dominio neoliberal, Plan Colombia, ALCA y TLCs de por medio.

En el pueblo loretano, mientras tanto, el sentimiento patriótico no ha decaído. Los Shaque seguirán lustrando zapatos con el corazón ardiente de la patria.

Iquitos, octubre 23 del 2011.

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lunes, 24 de octubre de 2011

José Ramo Bosmediano: Entre el Tratado Fujimori-Mahuad y la patria: 24 de octubre 1998 en Iquitos, Perú


José Ramos Bosmediano, educador, ex Secretario General del SUTEP

 

Han pasado 13 años de aquel 24 de octubre de 1998, día en el cual, en la ciudad de Iquitos, la denominada capital de la Amazonía peruana, capital de la región Loreto en la geografía política del Perú actual, se dio un enfrentamiento de las masas enardecidas, del pueblo de Iquitos, con las fuerzas represivas de la dictadura fujimontesinista (1990 -2000).  Se podría denominar ese día en Iquitos como "un día de ira", título de una de las novelas del novelista español Arturo Pérez-Reverte, que relata la lucha del pueblo español un primero de mayo de 1808 para arrojar al invasor francés.

La primera parte del título de este texto recoge el de un cuento del escritor loretano, poco conocido, Jorge Rojas Panduro, "Entre octubre y la nada", correspondiente a su libro "La boa del diluvio" (Iquitos, Perú, 2005), un cuento que relata la trágica aventura de un lustrín (Shaque) que, buscando clientes para su menudo trabajo de supervivencia, se ve involucrado en el remolino humano de protesta en la Plaza 28 de Julio, gran plaza de luchas populares, democráticas y patrióticas, también escenario de las manifestaciones de la izquierda loretana.

Jorge Rojas nos entrega el ambiente de aquel día que envuelve la breve vida de Shaque:

En cambio, las voces fuertes que en los días de desborde humano rugen como el ventarrón espantando a las palomas, tienen el olor del enfado colectivo que atosiga al contingente armado, que unas veces arremete, otras confuso, tal vez piensa en la razón que a pesar de todo vence.  También Shaque estaba contagiado de la cólera ciudadana en eso días de grandes concentraciones de gente (…)

Más adelante  enriquece el momento que se vivía en Iquitos:

Comprender lo que de pronto ese día empezó a suceder, era complicado para Shaque.  El furor de los que tenían la bandera pidiendo la paz cuando enseñaban los puños, sobre un tablado que se construyó a un costado de la plaza.  El conglomerado impetuoso que llegaba a protestar la protesta de los otros, hasta arrebatar el símbolo patrio que debe estar al lado de los legítimos defensores de la nacionalidad porque "la paz tenía que ser con dignidad porque Tiwinza era dignidad, en fin porque este era un problema de amor a la tierra donde nació también él. Quizás por eso siente que algo empieza a bullir en su interior.


La lucha patriótica del pueblo loretano


En todos los conflictos y guerras en defensa de las fronteras del Perú que han comprometido a la Amazonía peruana, los loretanos han puesto todo lo que ha estado a su alcance.  Así fue durante la confrontación con Colombia y, claro, con Ecuador por la posesión de vastos territorios amazónicos que los del Norte consideran suyos.

Cuando la paz parecía sellada luego de la guerra de 1941 que dio paso al denominado Tratado de Amistad y Límites de 1942, mediando cuatro países garantes, en 1981 rebrotaron los enfrentamientos bélicos, que luego se repitió en 1995. 

Así como para el pueblo ecuatoriano hay una deuda de territorios, que sus historiadores y ensayistas fundamentan y sus políticos y jefes militares agitan, así también en el Perú es inconcebible ceder territorios de Tumbes, Jaén y Maynas, convicción que es comprensiblemente férrea, más férrea que en el resto del país, en el pueblo loretano.

Por eso, cuando rompiendo el Tratado de 1941, tanto los gobiernos de Ecuador y Perú de esos años de los 90 del siglo pasado, como también los países garantes (Estados Unidos, Brasil, Chile y Argentina), se propusieron revisar el Tratado y firmar uno nuevo haciendo "concesiones mutuas", el pueblo de Loreto se levantó contra la dictadura de Alberto Fujimori, cuya presencia en el gobierno empezada a ser vapuleada con la fuerzas de grandes movilizaciones en Lima y el destape de sus fechorías gubernamentales.

La necesidad de organizar la lucha dio origen a la fundación del Frente Patriótico de Loreto, cambio oportuno del histórico Frente de Defensa de Loreto constituido para la lucha contra la dictadura militar de los años 70 del siglo XX.

 

El día de la ira loretana


Al acercarse la firma del Tratado de Itamaratí, que contemplaba algunas concesiones al gobierno de Ecuador en materia de territorios, navegación y comercio, el pueblo de Loreto organizó una gran manifestación para el día 24 de octubre de 1998, en la cita plaza 28 de Julio.

El Jefe de la V Región Militar con sede en Iquitos, General José Villanueva Riesta, hoy preso por ladrón al lado de Fujimori, Montesinos y muchos otros militares, entre los cuales sobre sale el General Di Bari Hermoza, Jefe militar máximo del Perú en esos años, encerró con sus soldados y policías a los manifestantes para impedir la manifestación, mientras él y la burocracia del gobierno regional designado desde Lima departían en uno de los pisos de un Hotel cerca a la Plaza 28 de Julio.

Los dirigentes buscaron dialogar con el jefe militar, pero éste y sus acompañantes, para evadir cualquier contacto con los manifestantes, huyeron en sus vehículos atropellando a la gente y matando a una profesora y una niña, lo que originó el desborde de los manifestantes hasta generar incendios y saqueos en la ciudad.

Al margen de la firma del Tratado de Itamaratí, el pueblo loretano reivindica esa gesta patriótica como el Día de la Dignidad del Pueblo de Loreto.  Hay el sentimiento del patriotismo herido por la política internacional de la dictadura fujimontesinista.  Los loretanos seguimos pensando que será difícil cumplir con el Tratado Fujimori – Mahuad.  No hay que olvidar que dos de los países garantes, Argentina y Chile, ayudaron a pertrechar con armamento a Ecuador durante la guerra de 1995.  Razón suficiente para pensar que Estados Unidos armó todo el conflicto y luego el Tratado para establecer una paz que le permitiera generar mejores condiciones para consolidar su dominio neoliberal, Plan Colombia, ALCA y TLCs de por medio.

En el pueblo loretano, mientras tanto, el sentimiento patriótico no ha decaído. Los Shaque seguirán lustrando zapatos con el corazón ardiente de la patria.

Iquitos, octubre 23 del 2011

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José Ramos Bosmediano: Nueva colonia petrolera en África


(A propósito de la derrota del gobierno del Coronel Gadafy)

José Ramos Bosmediano, educador, ex Secretario General del SUTEP (Perú)

 

Ha sucumbido el gobierno del Coronel Gadafy y Libia acaba de convertirse en la nueva colonia petrolera de los Estados Unidos  y de sus aliados.  El día 20, en Sirte, la ciudad natal del Coronel, se consumó la masacre perpetrada por la OTAN bajo la batuta de Estados Unidos.  No hay duda que  Gadafy  fue asesinado por las hordas mercenarias que, con la capucha de "revolucionarios", se convirtieron en soldados del imperio.

 Luego del  asesinato, los vencedores no han dudado en levantar  los símbolos de la vieja monarquía derrotada por la revolución de Gadafy hace 42 años.

El Secretario General de la ONU, con la "inocencia" que le caracteriza, llama hoy a la "reconciliación" y al "perdón".  Algunos gobiernos, como el de Rusia, y hasta la burocracia onegé de Amnistía Internacional, después de apoyar la intervención imperialista en esa lucha civil, piden ahora investigación sobre "las circunstancias de la muerte" de Gadafy, como si este patriota libio hubiese levantado la bandera blanca de la rendición y como si las fuerzas extranjeras comandadas por Estados Unidos realizarían sus operativos bélicos intervencionistas con la ingenuidad que permitiese descubrir su entraña criminal.  Desde el principio hasta el fin de esa guerra, la OTAN ha sido el verdadero contendor bélico.  Fue, desde el inicio, un enfrentamiento desigual.  La masacre final de los convoyes de Gadafy que escapaban de Sirte el día 20 fue obra de la aviación de guerra de la OTAN, usando los aviones proporcionados por el gobierno ultraconservador de Francia.

Gadafy, más allá de ciertas costumbres y formas de vida marcadas por la milenaria cultura árabe,  fue un revolucionario.  Murió como revolucionario y no se rindió ni huyó del escenario de la guerra, como han huido muchos de los dictadores protegidos por Estados Unidos.  La investigación sobre las circunstancias de su muerte carece de significado sabiendo que ella seguirá un proceso que "demostrará" que "no fue asesinado" en condición de prisionero.


¿Revolución o entrega de la patria?


Los gobiernos imperialistas y sus aliados, los analistas políticos defensores de la democracia burguesa, los grandes medios de comunicación y sus escribas a sueldo, no han ahorrado espacio para apoyar la rebelión contra el gobierno libio del Coronel Gadafy, asegurando que se trata de una revolución. Pero al mismo tiempo promueven hoy para Libia un "gobierno democrático" al estilo capitalista.  El mismo modelo que han ofrecido a Irak y a Afganistán, como pretenden en Egipto, Siria y Túnez, como lo han hecho en Israel hasta convertirlo en un pivote del poder de Estados Unidos en el Cercano y Medio Oriente.  Se trata, en realidad, de la "democracia" del petróleo en la cual los votos son dirigidos por las transnacionales, casi como ha ocurrido en una parte de la votación peruana a través del apoyo de las mineras a ciertos candidatos.

¿Es correcto denominar revolución a una rebelión de mercenarios bajo la intervención de potencias extranjeras para dirimir los asuntos internos de un país?  Algo más, ¿es posible en el mundo actual una revolución burguesa como la que dicen encarnar los triunfadores de la actual guerra en Libia?  ¿La implantación de un régimen democrático-burgués es, verdaderamente, un acto revolucionario?  No olvidemos que lucha armada no es sinónimo de lucha revolucionaria. Esta, para ser tal, debe encarnar un nuevo orden social que, en el caso de Libia, no aparece por ningún lado, pues quienes impondrán sus condiciones no son los libios sino los que han derrotado, desde el exterior, al gobierno del Coronel Gadafy.

¿Son revolucionarios quienes levantan las banderas de la vieja monarquía?  No hay nada más antidemocrático que pretender revivir las monarquías.

Lo que ha ocurrido en ese país es el triunfo de los intereses de las grandes potencias y de las transnacionales del petróleo.  El proyecto económico y social que implantarán los vencedores del petróleo no es superior al que acaba de sucumbir.  Quienes conocen los índices de desarrollo humano en Libia bajo el gobierno de Gadafy reconocen su superioridad en comparación con el resto del África, incluido Egipto.  Con toda seguridad, las políticas neoliberales serán trasladadas inmediatamente a Libia, pese a que este modelo capitalista viene siendo zarandeado en más de 80 países no solamente por los llamados "indignados", que han llegado hace un rato a la lucha social contra el capitalismo, sino por los movimientos sociales agrupados en el Foro Social Mundial, por los movimientos indígenas y campesinos, por las organizaciones obreras y de docentes, estudiantes y fuerzas políticas de izquierda.


¿Derrota de una "dictadura de hierro"


Cuando a las potencias imperialistas ya no les es útil un gobierno o una fuerza política o militar, convierten a sus antiguos aliados en "dictadores" y "terroristas".  Esta concepción de la conquista de nuevos espacios de poder ha sido aplicada y perfeccionada por Estados Unidos.  Ayer   en Grenada, luego en Haití con Aristide también con Al Qaeda.  En cambio, para Estados Unidos y sus aliados,  el gobierno criminal de Israel no es una dictadura sino una "democracia ", a tal punto que Estados Unidos no concibe que la ONU incluya a Palestina como miembro pleno de la comunidad de naciones.

¿Y qué es el gobierno de Estados Unidos sino una gigantesca dictadura del capital que interviene y masacra en los pueblos que se enfrentan a su dominio imperial?  ¿La dictadura capitalista contra decenas de naciones y contra millones de trabajadores y desocupados no es, acaso, una dictadura de acero, bajo el resguardo de bases militares en todo el mundo, misilerías de gran  alcance para defender los intereses empresariales del capitalismo?

Si la mayoría del pueblo libio hubiese hecho suyo la rebelión de los mercenarios, que eran, en verdad, enemigos permanentes del partido y gobierno del Coronel Gadafy, no hubiese sido necesario la presencia de los ejércitos imperiales de la OTAN.

Quien ha derrotado a Gadafy, reitero, no ha sido el pueblo libio.  Ha sido Estados Unidos y la OTAN.

Iquitos, octubre 22 del 2012

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jueves, 20 de octubre de 2011

José Ramos Bosmediano: Política educativa del Presidente Ollanta: ¿transformación o continuismo?


           José Ramos Bosmediano, educador, miembro de la Red Social para la Escuela Pública en las Américas (Red SEPA, Canadá), ex Secretario General del SUTEP (Perú)

 

A nuestra vista el texto virtual que lleva como título LA POLÍTICA DE EDUCACIÓN 2911 -2016, cuya autoría corresponde a  la actual Ministra de Educación del gobierno del Presidente Ollanta Humala Tasso, Señora Patricia Salas O'Brien. Como se conoce, el Presidente Ollanta Humala Tasso, durante la campaña electoral, ofreció llevar a cabo, hasta el 2016, una "revolución educativa" en el Perú.

El texto se parece más a un resumen en diapositivas y, aunque no conocemos otro que contenga un desarrollo más o menos amplio de los temas o capítulos, es suficiente para deducir sus alcances de reforma, o sus limitaciones también.

En mi artículo fechado el 5 de setiembre del año en curso, un día antes de que la Ministra redactara el texto que hoy me sirve de referencia, consideré que el aumento presupuestal para algunos programas de educación inicial y la eventual  eliminación de la municipalización de la educación, eran signos positivos como para avanzar hacia la solución  de la profunda crisis de nuestra educación, pero que no revelaban cambios importantes como para hablar de una "revolución educativa", pues esas medidas no abordaban los problemas de la crisis ni los cambios de fondo que hay que hacer en el sistema educativo peruano actual.

El texto que hoy nos lleva a la pregunta del título sigue siendo la expresión de una visión parcial del problema educativo y veremos por qué.

La visión fragmentada del problema educativo


Como en el pasado, la Ministra concentra su atención en los resultados del aprendizaje de los escolares peruanos, tal como lo han venido haciendo los gobiernos de Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y Alan García, con 20 años de ofrecimientos de "mejorar la calidad" a través de programas parciales y, muchas veces, efectistas, como fue, por ejemplo, la capacitación y evaluación estandarizada de los maestros, o los aprendizajes por competencia en lenguaje (comunicación integral) y matemática.  La Ministra agrega hoy ciencias y ciudadanía, término este muy atractivo pero carente de definiciones concretas en el marco de un currículo como el que viene rigiendo desde hace 20 años, cuya última versión es del 2009.  También se refiere a las brechas en el aprendizaje y la escolaridad de los niños del medio rural y de las comunidades indígenas, además de las brechas "en culminación oportuna" del correspondiente nivel educativo, lo que en términos más claros, es la deserción escolar que tiene como causa, principalmente y en un % mayor, la pobreza. Otro elemento que señala es del desempeño docente y la necesidad de avanzar en la incorporación de los maestros a la Carrera Pública Magisterial que impusiera el gobierno aprista, cuya razón de ser es la negación de todos los derechos de los maestros peruanos desde una concepción individualista de "creación" de su propio salario o "incentivo". 

En ningún momento el texto de la Ministra Salas sugiere un abordaje totalizador y nuevo del problema de la educación peruana.  Muncho menos tiene una propuesta de cambio en el sistema actual.  En el mejor de los casos, sus propuestas no son más que algo de "mejoras" para que las reformas neoliberales sigan el curso de los 20 años que ya tienen en el Perú.

Da la impresión de que la Ministra  el propio Presidente Humala no están observando el panorama educativo latinoamericano que está viéndose sacudido por una ola de luchas para desmontar las reformas privatizadoras, como son los casos más abiertos de Chile y Colombia, sin mencionar otros países, como Honduras, México, Guatemala, etc., donde hay movimientos de renovación educativa contra los esquemas neoliberales que subsisten pese a su fracaso.


Las propuestas de la Ministra Salas


Como ya lo dije, son propuestas fragmentadas, concentrándose más en la primera infancia, con "atención integral"; la focalización en la niñez rural y la atención referente a la niñez amazónica, quechua y aimara; mejorar los aprendizajes en lenguaje, matemáticas, ciencia y ciudadanía; desarrollo magisterial  y gestión educativa descentralizada y eficaz basada en "resultados", eslogan de moda de la burocracia neoliberal que, en 20 años, más bien ha profundizado la corrupción en el manejo del Estado.  Como se ve, ninguna novedad frente a lo que ya fracasó.  Esta visión fragmentada de la problemática educativa no puede llevarnos más que a políticas de parche.

Para cada "programa" o parte se destina un incremento de presupuesto sin abordar el problema presupuestario de conjunto, para todo el nuevo sistema que se pretende cambiar, si se pretende.  Lo que nos recuerda los gastos fragmentados del segundo gobierno aprista que no superó ni en una pizca la crisis de la educación peruana, menos incrementó el % global del presupuesto para la educación pública.    

Cuando se refiere a las metas cuantitativas (los famosos "resultados") del aprendizaje, surgen las limitaciones de las propuestas, pues nos asegura que en los próximos 5 años la mejora del aprendizaje en la niñez rural solo llegará a 40% y el acceso a la educación formal de los más pobres se hará en función del programa JUNTOS, es decir, de los 100 nuevos soles que reciben las familias indigentes, como si esa cantidad garantizaría los gastos en alimentación, vestido, educación y salud para los niños y sus padres.  Es totalmente impensable que con esa donación se pueda asegurar  una "revolución educativa". 

¿Y el desarrollo magisterial que propone la Ministra? Nada más que proseguir con la incorporación de maestros a la Carrera Pública Magisterial, del 16% actual al 50% al 2016, "mejorando"  la Ley.  Del supuesto negado de la superioridad de los maestros incorporados frente a los que no lo están, la mitad de los estudiantes matriculados seguirán bajo la orientación de maestros "inferiores" por 5 años más.  En lugar de revalorar la función docente, superar sus limitaciones originadas en las condiciones de pobreza en que vive el maestro peruano, agobiado por deudas cada vez más elevadas, el nuevo gobierno sigue pensando que con el sistema de concursos impuestos por el neoliberalismo se va a resolver el problema, sin incrementar las remuneraciones docentes.  Está claro que un maestro requiere hoy una remuneración básica de 2500 nuevos soles, que es más lo que en promedio perciben los maestros incorporados a la Ley 29062 o CPM.

¿Y "BECA 18"?  Es otro parche que se pretende aplicar apoyando a los "estudiantes de bajos recursos y alto rendimiento académico", lo que suena muy generoso, como el "apoyo a los más pobres" del asistencialismo neoliberal.  Un sistema educativo de educación pública democrática, gratuita, universal e integral no requiere becas de esa índole.  Demos a todos los niños y jóvenes las mismas oportunidades de estudio y veremos cómo fructifica el saber en las mentes de los futuros ciudadanos.  Demos a los maestros las herramientas materiales y espirituales y veremos cómo avanzamos en las escuelas.  La gran mayoría de los maestros, aun en condiciones de real pobreza, desarrollan su trabajo supliendo con su entusiasmo las carencias en su hogar y en las propias escuelas.  Para la burocracia bien pagada esta realidad no existe y sigue obligando a los docentes peruanos a endeudarse más para costear diplomados y postgrados, incrementado las arcas de no pocas universidades privadas.

Finalmente, entre las tareas legislativas que propone la Ministra no existe ninguna que frene la privatización de la educación ni la municipalización educativa.  Es la mejor prueba de que no hay ninguna revolución educativa en el horizonte.

¿Qué programa educativo plantear?  Será motivo de otro artículo.

Iquitos, octubre 20 del 2012

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martes, 18 de octubre de 2011

JOSE RAMOS B.: Pedagogía de la evaluación escolar: evaluar para enseñar y promover el aprendizaje


            José Ramos Bosmediano, educador, miembro de la Red Social para la Escuela Pública en las Américas (Red SEPA, Canadá), ex Secretario General del SUTEP (Perú)

 

Como parte de las teorías pedagógicas pragmatistas, operativas y competitivas que han impuesto y difundido las reformas educativas neoliberales en Latinoamérica, de contenido productivista que toma de prestado la palabra "calidad" del mundo empresarial, se han venido aplicando evaluaciones estandarizadas como instrumentos de exclusión para aquellos estudiantes, cuyas condiciones económicas y sociales están en desventaja con las de grupos minoritarios provenientes de ámbitos familiares y sociales privilegiados. Estas evaluaciones, a su vez, son utilizadas, donde las aplican, para evaluar también el nivel profesional de los maestros de aula y de la capacidad de atracción de las escuelas.  La consecuencia: estudiantes "buenos" y estudiantes "malos", profesores "aptos" y profesores "ineptos", escuelas "de excelencia" y escuelas "atrasadas".  Esta concepción de la evaluación no tiene en cuenta las condiciones económicas ni sociales sobre las cuales se erige la escuela, el desempeño de sus maestros y de sus estudiantes.  Es una evaluación que sirve únicamente para promover a una supuesta élite de "superdotados", por un lado, y otro grupo de "fracasados", por otro.  Los chilenos, especialmente los estudiantes y maestros que hoy luchan sin cuartel, saben del resultado final de esta peregrina teoría de la pedagogía de la evaluación escolar.  ¿Estarán luchando los fracasados?  No. Los fracasados están reprimiéndoles en defensa de su propio fracaso.

Evaluar para enseñar


Para la pedagogía moderna, desde que esta surgiera entre los siglos XVII y XVIII, la evaluación escolar ha servido, principalmente, para comprobar el avance en el proceso de la formación de los niños y jóvenes en la escuela, formación integral y siempre en desarrollo; verificar los problemas que van surgiendo y resolverlos para completar los objetivos trazados en la formación de capacidades cognoscitivas, afectivas, culturales, conductuales y prácticas, lo que el profesor requiere para mejorar métodos, técnicas, procedimientos y estrategias didácticas. Que en muchos de nuestros países latinoamericanos haya sido distorsionada la evaluación escolar hasta convertirla en un instrumento de castigo y premio y de medición exagerada de la memoria, se explica por el carácter atrasado de nuestros sistemas educativos.

La evaluación se entiende y aplica mejor cuando se la concibe como parte de la metodología de la enseñanza y, por tanto, parte indesligable del currículo y su plan de desarrollo.  No como un corte abrupto de este que significaría una parte diferente e independiente de todo el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas, podría decirse, pues no pocas veces hemos convertido a la evaluación en un acto de "rendición de cuentas" totalmente ajeno al proceso total, convirtiéndole en una especie de "juicio"  para los estudiantes, como son aquellos exámenes de ingreso a las universidades a las cuales asisten miles de egresados de la secundaria después de haberse preparado en las academias pre universitarias, generalmente por más de un año de "nueva secundaria".  Esta evaluación en educación primaria y secundaria, en lugar de ser superada, se ha venido imponiendo cada vez más bajo la presión de la pedagogía de las competencias en determinadas áreas que hoy se  han convertido en las privilegiadas para la medición de los llamados "logros del aprendizaje", según los parámetros "internacionales" de la prueba PISA.

Pero en los últimos años en el Perú se vienen aplicando evaluaciones para el ingreso a la educación secundaria, no obstante la inexistencia legal de esta vieja práctica, abolida en la década de los años 60 del siglo pasado, cuando por el paupérrimo desarrollo de la educación pública y una rudimentaria pedagogía de la enseñanza en el Perú, los niños que concluían la educación   primaria tenían que "postular" a la educación secundaria a través de un "examen de ingreso".

Ya no solamente por la pobreza, sino por una supuesta incompetencia, cientos de miles de niños se convertían en candidatos para engrosar las filas de los semianalfabetos.

Esta aberración pedagógica pretende justificarse por la existencia de una gran demanda de matrícula en ciertos colegios de educación secundaria, cuyo prestigio, muchas veces marcado por su tradición en una ciudad, "Guadalupe" en Lima, "Sagrado Corazón" y "CNI" en Iquitos, "San Juan" en Trujillo, "San José" en Chiclayo, etc.  Los responsables de la dirección pedagógica y administrativa de los colegios que optan por el sistema de ingreso mediante evaluación previa de los niños, no encuentran, al parecer, un procedimiento de matrícula más adecuado para no formar en los niños que no ingresan en seres frustrados por su "incompetencia" frente a otros que supuestamente "saben más" que ellos.  Y aunque se diga que es solamente un procedimiento para cumplir con la cuota de vacantes, lo que se está promoviendo, en realidad, es el espíritu elitista de la educación, ya muy acentuado con las denominaciones de "Colegio Mayor" y "Colegios Emblemáticos" que impusiera el gobierno aprista, dejando a los demás centros educativos con la denominación de "Instituciones Educativas".

Evaluar para promover


¿Se puede evaluar a los estudiantes que ingresan al primer grado de educación secundaria? Por supuesto que sí, y no solamente se puede, sino que se debe evaluar.  Conocer cuál es el nivel de conocimientos y capacidades que poseen  los estudiantes que se matriculan para  iniciar sus estudios de secundaria es de gran utilidad para planificar el desarrollo curricular correspondiente, tomando en cuenta los vacíos y generando un proceso inicial de recuperación académica que permita, en el más breve plazo, desarrollar las nuevas capacidades del primer grado.

Es una evaluación (en los años 70 del siglo XX se denominaba "evaluación de entrada") que no califica a los niños.  Solo busca detectar qué parte de los conocimientos y capacidades requieren ser recuperados previamente.  Los estudiantes deben ser informados de aquellas deficiencias encontradas sin la necesidad de personalizarlas, sin generar en ellos sentimientos de "superioridad" o "inferioridad".

Esta evaluación es un instrumento que ayuda a promover, en estudiantes y profesores, un mejor desempeño.  En los estudiantes, para ingresar a situaciones de aprendizajes más favorables que eviten las trabas frente a los nuevos conocimientos.  En los profesores, facilitando su desempeño para promover un mejor aprendizaje del grado correspondiente.


Superar el caos en nuestro sistema educativo


Lo que viene ocurriendo con el sistema de ingreso a la secundaria en algunos colegios del Perú, al margen de las normas que obligan a la matrícula escolar sin taxativas, es, apenas, uno de los elementos del caos que impera en un sistema educativo en profunda crisis. Desde una visión de la crisis del país y del sistema dominante, es un reflejo, en el terreno educativo, de las relaciones sociales marcadas por las irracionales leyes del libre mercado: hacer lo que se considera más conveniente para ciertos sectores.  Si al ex Presidente García le convino, para sus objetivos demagógicos, crear un "Colegio Mayor" y decenas de "Colegios Emblemáticos", por qué no a ciertos directores y padres de familia no les parecería "mejor" imponer el "examen de ingreso" en  su respectivo centro educativo. 

Es en suma, una concepción y un procedimiento antidemocrático, totalmente alejado de la  pedagogía al servicio del derecho a la educación pública gratuita, universal e integral.

La superación de estos problemas requiere un nuevo proyecto de educación para el Perú, lo que no estamos notando en la agenda del nuevo gobierno.

Iquitos, octubre 18 del 2011

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domingo, 16 de octubre de 2011

JOSÉ RAMOS: CHILE Y LA MUNICIPALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN


           José Ramos Bosmediano, educador, miembro de la Red Social para la Escuela Pública en las Américas (Red SEPA, Canadá), ex Secretario General del SUTEP (Perú)

 

Mientras fui dirigente nacional del SUTEP, particularmente durante la dictadura de Fujimori, Wladimiro Montesinos, las Fuerzas Armadas y el empresariado agrupado en la CONFIEP, debí de pronunciarme constantemente contra la entrega (transferencia le  denominan) de las escuelas a las municipalidades, abriendo, al mismo tiempo, todas las puertas para la privatización de la educación básica y superior.  Esta decisión se comenzó a tomar desde fines de 1991 (Decreto Legislativo 699), 1992 (Decreto Ley 26011) y 1997, cuando a la municipalización de la educación se unió la de la salud. Las decisiones políticas de aquellos años tuvieron como centro de inspiración el modelo de reforma educativa neoliberal que impuso la dictadura de Pinochet en Chile, más la orientación del Banco Mundial y la exigencia del Fondo Monetario internacional.

El hecho de que el fujimontesinismo no lograra imponer la municipalización de la educación en el Perú debe explicarse por la lucha de los maestros organizados en su sindicato.  Sus tres intentos fueron desbaratados no solamente a través de la lucha en las calles, sino con argumentos que se hizo llegar a los padres de familia y a  los alcaldes de aquellos años. 


Una lucha con argumentos


La lucha del sindicato magisterial, en aquellos años, fue casi solitaria, pues hasta los que hoy están apoyando la lucha de los estudiantes chilenos tuvieron, frente a la municipalización de la educación y a toda la reforma educativa neoliberal una actitud complaciente en algunos casos, y de apoyo en otros, pues, aduciendo sus discrepancias con la dirección "sectaria" y "oposicionista" del SUTEP, colaboraron con aquella reforma y hasta lucraron participando de sus programas de capacitación y concursos docentes.  No consideraron adecuada nuestra posición de lucha contra esa reforma como parte de la lucha contra el neoliberalismo, muchos menos nuestras afirmaciones sobre el fracaso de la reforma chilena, pues desde fines de los años 80 del siglo XX, la investigadora Viola Espinola reveló ese fracaso a través de un libro que pocos han leído y casi nadie recuerda.  Consideraban, más bien,  que había "resquicios" para "hacer algo" a favor de la educación. No pocas onegés dedicadas al asunto de la educación convivieron, amigablemente, con los reformadores neoliberales. 

Nuestro argumento central para oponernos a la municipalización educativa  fue, y sigue siendo, su mandato macroeconómico fondomonetarista de transferir las obligaciones económicas del gobierno central al pueblo a través de la administración municipal de la educación, como luego ocurrió en Argentina bajo el dominio del neoliberalismo del ex Presidente Saúl Menem.  Hay, desde luego, otros argumentos importantes que pretenden ignorar ciertos alcaldes y hasta presidentes regionales.  Pero, como lo dijo en algún texto el ex funcionario de UNESCO Juan Carlos Tedesco, la esencia de la reforma educativa neoliberal en Chile y en cualquier parte es de índole presupuestaria, su objetivo de disminuir los gastos del Estado en educación para resolver los problemas de los equilibrios macroeconómicos en una economía de libre mercado donde el sector privado requiere ampliar sus tasas de ganancias apoderándose de todos los sectores de la economía y los servicios.  Todo lo demás sobre la pedagogía constructivista, el supuesto mejoramiento de la calidad educativa, las evaluaciones docentes estandarizadas, la enseñanza por competencias y otros adornos de aquella reforma, no son sino aditamentos para encubrir el objetivo central señalado.


Del fracaso a la lucha


Como ha quedado demostrado, toda la reforma  educativa neoliberal, pero especialmente la municipalización de la educación, han fracasado en Chile y en  todos los países donde han sido impuestas.  La lucha de los estudiantes chilenos y de sus maestros, que vienen desde los primeros años del siglo XXI, ha estallado hoy golpeando el duro cerebro de sus gobernantes y removiendo el encéfalo de muchos otros que ayer ni se inmutaban frente a la reforma neoliberal, a la cual, más bien, aplaudían.

La Concertación chilena, realmente, no movió un dedo durante los 20 años que le correspondió gobernar, pese a que durante la campaña electoral del 2006, la entonces candidata presidencial de esa agrupación, supuestamente de izquierda, Sra. Michele Bachellet, encaró la pésima educación chilena como argumento para enróstralo a su contendiente, el hoy Presidente Piñera.

La lucha estudiantil en el Chile del 2011 es, qué duda cabe, el estallido de un descontento frente a un programa educativo fracasado y a las profundas desigualdades generadas por el neoliberalismo en ese país.  La lucha por una nueva educación chilena, que recobre, por lo menos, su carácter gratuito, laico, democrático y mejor nivel académico, ha despertado la conciencia de los millones de chilenos niños, adolescentes y adultos, haciendo converger a los más vastos sectores que no pueden pagar la educación que ofrecen los privatizadores de la enseñanza, quienes consideran que los créditos y las "becas" son la panacea para democratizar la enseñanza.

La lucha de los estudiantes chilenos se da en las calles, un escenario donde se han definido muchas conquistas proletarias y populares.  Esa lucha demuestra, una vez más, que la lucha de masas no ha periclitado, como afirman en el Perú ciertos voceros del conservadurismo neoliberal ni algunos representantes de la aristocracia obrera que pretende oponer la acción directa a la "propuesta".  Cierto tipo de componenda con los patrones de turno busca limitar la lucha de los trabajadores al mero diálogo, eterno e improductivo.  Los estudiantes chilenos están demostrando que el diálogo es adecuado si su soporte es de masas en lucha y si tiene un resultado positivo para los objetivos de esa lucha.  Piñera quiere demostrar que la lucha de masas es contraria al diálogo. 

La municipalización de la educación en Chile, al lado de las escuelas subsidiadas bajo una dirección privatizada, ha contribuido al descalabro de toda la educación chilena. 

El gobierno chileno, como ya lo dijimos en un artículo anterior, no puede más que ofrecer más de lo mismo: mantenimiento del sistema con "más becas", "más créditos educativos", un poquito más de presupuesto para ciertas regiones con mayor pobreza y, lo que ya se esperaba, más represión contra los  estudiantes.

¿Y qué más podría ofrecer el gobierno de don Sebastián Piñera si este señor es uno de los más genuinos representantes de la gran burguesía neoliberal de Chile que colaboró con el golpe de Pinochet y luego dio un viraje táctico para seguir manteniendo su situación de uno de los hombres más ricos de Chile (más de 3 mil millones de dólares americanos)?  Si la Concertación no hizo más que consolidar el neoliberalismo en Chile, a Pinochet le cabe la responsabilidad de mantenerlo a cualquier precio.  Difícilmente podrá ceder a las exigencias de la actual lucha estudiantil en Chile.  Solamente una lucha más amplia, que involucre a las demás fuerzas populares, en especial a los trabajadores organizados en su central sindical, a los maestros del Colegio de Profesores (que es, en realidad, el sindicato) y a todo el pueblo. 

Nueva lección para el Perú


Si el gobierno del Presidente Ollanta Humala tuviese un proyecto de educación para romper con la reforma educativa neoliberal en el Perú, dejaría de estar titubeando con la municipalización de la educación que iniciara el gobierno aprista.  Si primero se afirma que la municipalización de la educación queda suspendida, luego en evaluación, nuevamente que "ya  no da más", y no tomar una decisión legal para definir su destino, es signo de una falta de proyecto para la educación peruana, pero también expresión de un trasfondo de presión desde el Ministerio de Economía y Finanzas en manos de un conspicuo representante del gran capital y del proyecto neoliberal, como lo es el Ministro Castilla.  No debe olvidarse que uno de sus antecesores, Luis Carranza, advirtió que "es peligroso" dejar de aplicar las políticas educativas que ha impuesto el gobierno aprista.

La mejor lección que hoy nos da Chile en materia educativa es que si no se desmonta el proyecto neoliberal, es difícil dar curso a un nuevo proyecto educativo y a la recuperación de la educación  pública como un derecho social y una obligación del Estado.


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viernes, 14 de octubre de 2011

En defensa de la Amazonía Peruana: sobre la derogatoria de la denominada Ley CORINA


José Ramos Bosmediano, educador, miembro de la Red Social para la Escuela Pública en las Américas (Red SEPA, Canadá), ex Secretario General del SUTEP (Perú)

 

Acaba el Congreso de la República del Perú aprobar una Ley que deroga la del número 29760 que promulgara, en las vísperas de su salida del gobierno central, el hoy ex Presidente Alan García Pérez, del partido aprista. Es de suponer que, de inmediato, la Ley será promulgada por el actual presidente Ollanta Humala Tasso, ya que sus parlamentarios han sido quienes, con más fuerza,  han impulsado la aprobación del Proyecto de Ley.


La anticientífica Ley CORINA


La Ley 20760, de fines de julio del 2011, carece de la fundamentación científica que debe tener toda Ley, en este caso, de las referidas a las estructuras geo-ecológicas de la gran cuenca amazónica (de cualquier cuenca que pueda afectarse con una obra física).  La mencionada Ley sólo impone la "necesidad pública" de trasvasar aguas "excedentes" del río Marañón y del río Huallaga, arterias fundamentales en el curso del río Amazonas que se origina y baja desde la Cordillera del Mismi en Arequipa; pero que son, fundamentalmente, dos de los ríos cuyo caudal se alimenta paso a paso, desde sus orígenes en los andes del norte del Perú, manteniendo el equilibrio ecológico muy útil para cientos de miles de comunidades indígenas y campesinas, amén de las poblaciones urbanas de la Amazonía peruana y de los países asentados en la gran cuenca amazónica.

Los geógrafos y quienes están especializados en los estudios de los ecosistemas, si son personas que se deben más a la ciencia que conocen y practican y no a los negocios de las transnacionales de los grandes proyectos carreteros, ferroviarios, hidroeléctricos y de la gran agricultura de riego intensivo para la exportación, debieran de decirnos con claridad que una cuenca no puede alterarse a capricho de los negocios, ni se debe considerar como excedente un supuesto porcentaje de sus aguas, de su humedad y su relación con la correspondiente biodiversidad que genera.  La cuenca amazónica, en su conjunto, es tal y tiene lo que tiene porque su volumen de agua y de humedad, más la temperatura ambiente que posee, origina el equilibrio actual, bastante ya en peligro, precisamente, por la acción irracional e interesada de quienes, desde el gobierno y desde los negocios privados nacionales y extranjeros han venido talando, explotando y envenenado sus aguas, generando, como se sabe el peligrosísimo proceso de disminución de los caudales de los grandes ríos, al tiempo que propician el secamiento de los riachuelos, quebradas y lagunas (cochas) de nuestra Amazonía.

La Ley 29760 maneja el concepto de "aguas excedentes" de los ríos amenazados por el trasvase desde un criterio terriblemente empírico, interesado, vulgar, como si fuera un proceso simple y sin consecuencias río abajo, cuenca abajo, en toda sus extensión.  Para los mentores y ejecutores de la promulgación de esa Ley todo río tiene excedentes, es decir, una proporción de agua que "se pierde" y puede llevarse a otro lugar sin afectar la cuenca.  Y no se trata de un riachuelo, como no lo son los ríos Marañón y Huallaga.  Esta concepción es totalmente contraria a las leyes del equilibrio ecológico conformado por un proceso de miles de años que se pretende alterar sin tener en cuenta la realidad histórica de los sistemas ecológicos.  A los ríos de la Amazonía peruana, y la cuenca amazónica en general, no le sobran aguas, y el excedente del que se pudiera hablar es del agua que llega, finalmente, al mar.  Quitar aguas a los ríos en su propio curso es, pues, generar alteraciones peligrosas en la cuenca, en los habitantes que la pueblan, etc.

Es evidente que, concomitantemente, las poblaciones indígenas originarias de la Amazonía peruana serán parte importante del perjuicio que se pretende originar con el trasvase, y por eso la consulta, si fuese necesaria, debe hacerse también a toda la población amazónica, rural y urbana. Pero tengo la convicción de que la pretendida consulta es improcedente, pues no se puede consultar aquello que es evidentemente perjudicial para todas las poblaciones amazónicas y para todo el Perú, pues la Amazonía peruana es no solamente un pulmón para la vida sino la vida misma y fuente de infinitas riquezas para el futuro si es que la cuidamos y explotamos con racionalidad y justicia.  Si se diera la consulta, estaríamos frente a un derroche de recursos para la campaña a favor del trasvase, y ya se sabe quiénes "invertirán en ese gasto para convencer a un importante sector de las poblaciones amazónicas.


Argumentos y razones de los promotores del trasvase


Me ha sido particularmente fastidioso escuchar al gobernador regional (¿para qué un gobernador regional donde hay presidente regional?) de Loreto, de evidente filiación aprista, que esgrime los argumentos más falaces para oponerse a la derogatoria de la Ley del trasvase de aguas "excedentes".

Arguye que solamente se trasvasará el 1 % de las aguas objeto del trasvase.  En su torcido y retorcido razonamiento, no significa nada para la cuenca, cuando lo que se observa es el conjunto de problemas que ya tenemos con los mencionados ríos y otros debido al efecto del calentamiento global.  Se pretende extraer "solo un poquito" de agua y no ha de ocurrir nada.

Su otro argumento a favor del trasvase es que necesitamos más hidroeléctricas para estar a la altura de países como China, España, etc., sin tener en cuenta que en esos países las hidroeléctricas se construyen sin afectar los ecosistemas, con estudios adecuados o sin perjuicio de devolver las aguas utilizadas al mismo cauce.  En el caso del trasvase propuesto por la ley derogada en el Legislativo peruano, esas aguas no volverían más a su cauce ni a su cuenca.

El tercer argumento es el que genera miedo: sin ese trasvase no tendremos suficiente energía en   el futuro, y la costa norte del Perú no podrá incrementar su producción.  Se oculta el hecho de que hay tecnología moderna para producir energía hidráulica suficiente sin afectar nuestro ecosistema y para obtener agua por otros medios, pero las transnacionales necesitan ganar mucho más con gigantescas obras no importa los efectos que produzcan en los territorios donde operan.  No se tiene en cuenta, además, que hay tecnología para producir energía alternativa, no solamente en la Amazonía peruana sino en las cuencas occidentales del país.

Y finalmente, no podría faltar el argumento demagógico de anunciar que las hidroeléctricas construidas nos producirán más canon y mucha energía interconectada "para nuestro desarrollo sostenible".  ¡Qué hermoso anuncio!  Mejor, ¡qué ingenuidad interesada!  No importa que la Amazonía pierda el equilibrio ecológico y el ecosistema amazónico se deteriore si con todo eso tendremos más energía y más canon.  ¿Estos dos elementos podrán revertir el deterioro de la Amazonía peruana?

Pero debe quedar claro que los retorcidos  argumentos del gobernador no son suyos.  Pertenecen a quienes ya tenían en su cartapacio o en su USB todas las ganancias proyectadas al realizar las grandes obras de ingeniería moderna, culminadas las cuales, se irían del país con el bolsillo lleno, no con las aguas del Marañón y del Huallaga, sino con los dólares pagados por el Estado peruano, hasta otra oportunidad.


Final, por hoy


Las autoridades políticas y científicas, además de los maestros, tienen hoy la brillante oportunidad de introducir la pedagogía del conocimiento de nuestra cuenca amazónica para impedir que los cachupines de las transnacionales sigan engañando a la población con sus retorcidos e interesados argumentos, que ocultan los reales intereses del neoliberalismo.

Iquitos, 14 de octubre del 2011


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jueves, 13 de octubre de 2011

Perú: la marcha popular del 12 de octubre, ¿apoyo o exigencia?




                José Ramos Bosmediano, educador, miembro de la Red social para la Escuela Pública en las Américas (Red SEPA, Canadá), ex Secretario General del SUTEP


La Marcha Popular realizada en el Perú el día 12 de octubre, a casi tres meses de iniciado el gobierno del Presidente Ollanta Humala, fue convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú como una jornada de apoyo al gobierno actual, señalando como fundamento de ese apoyo las medidas gubernamentales que, supuestamente,  vienen favoreciendo al pueblo, a los trabajadores y al país.  Después de la convocatoria en los términos señalados, los dirigentes convocantes trataron de concentrar la acción de lucha en las exigencias de medidas políticas y laborales más claras por parte del gobierno, pues, los trabajadores, hasta el momento, no ven ninguna política de reversión de las políticas laborales neoliberales que han conculcado todos los derechos de los trabajadores peruanos.  Esta percepción ponía en peligro la convocatoria y era necesario dotarla de un enunciado que responda a las expectativas actuales del movimiento popular y de los sectores políticos que han apoyado la candidatura del Presidente Humala para hacer posible "la gran transformación" que ofreciera durante su campaña electoral, pero que hasta el momento no aparecen como expresiones de ese cambio prometido, factor ideológico y político fundamental para la derrota de toda la derecha neoliberal en el Perú.

El giro de la convocatoria en los términos de exigencia de cambios verdaderos determinó que la marcha nacional sea aceptablemente acatada, incluso por numerosos maestros del SUTEP que, sin una paralización efectiva de clases, no suelen concurrir a las marchas para no dejar solos a sus alumnos en las escuelas.


¿Con el gobierno o contra la derecha neoliberal?


En el momento actual en el Perú, ¿la contradicción política principal es entre el gobierno y la derecha neoliberal o entre esta derecha y el pueblo?  Mi punto de vista es la segunda, pues el gobierno, pese a la derrota de la derecha neoliberal en las elecciones generales del primer semestre del presente año, no ha logrado dar el paso fundamental para enfrentar las estructuras económicas y sociales que ha dejado el neoliberalismo en los últimos 20 años en el Perú.  Empezó, nada más,   a rasguñar las ingentes ganancias de las grandes empresas mineras nacionales y extranjeras, incluso sin que estas hicieran polvareda, pero no ha tocado, hasta la fecha, el armatoste de política laboral del neoliberalismo.  El manejo de la macroeconomía está bajo el control del mismo staff neoliberal que dejara el gobierno aprista. Los periodistas que se definen como "liberales" no cesan de exigir al gobierno generar "más confianza en los inversionistas", vale decir, no tocar sus intereses. En el campo educativo, como veremos en otro artículo, toda la estructura heredada permanece intocable, salvo intentos de mejoras en la administración de aquellas políticas educativas, y manteniendo a los maestros en la misma situación de fragmentación profesional y congelamiento remunerativo.

Hoy queda más claro que la distribución de alimentación y dinero para los más pobres (PRONAAA y JUNTOS, respectivamente), no solamente produce el aprovechamiento mafioso de la burocracia intermedia de esos programas, sino que las condiciones en las que se ofrecen a los sectores más marginados del Perú son de las más deplorables, como siempre lo han sido, poniendo en peligro la vida de los niños.  Hay que decir que los casi 800 millones de soles anuales que se gastan en el asistencialismo neoliberal, más una suma mayor en la distribución en  dinero efectivo, tendría un fin digno si se invirtiera en la promoción de la pequeña y mediana agricultura para generar una economía familiar y alimentaria realmente moderna.  Para esto, como lo demuestra la "Revista Agraria", se requiere replantear el sistema de adjudicación de tierras aptas para la producción agraria.   Nada de esto aparece hasta el momento.

No es, pues, una convocatoria adecuada cuando ella es motivada por el apoyo al gobierno actual.  Este error ya ocurrió cuando gobernó Juan Velasco Alvarado, en cuyo período (1968 – 1975), un gran sector de la clase obrera fue orientado al apoyo incondicional de aquel gobierno, cuyo horizonte burgués no podía, como no lo pudo,  sentar las bases de un nuevo Estado y una nueva sociedad en el Perú.  El seguidismo no es una buena opción para organizar a las masas oprimidas.

En este período político, diferente al que vive Bolivia y Venezuela, la contradicción principal en el Perú se da entre el pueblo y los trabajadores, como sectores oprimidos del país, y  la gran burguesía con su proyecto neoliberal que no ha sido tocado.  Exigir al gobierno un programa de cambios verdaderos es la cuestión del momento, sin dejar de luchar por el programa de cambios en la economía, la defensa de los recursos naturales, una nueva educación, la salud gratuita y universal, la seguridad social plena, la industrialización del país, una nueva reforma agraria que recupere el papel del campesinado en la producción agraria, una política de desarrollo de la Amazonía peruana en su conjunto, política energética nacional y de autoabastecimiento, la recuperación del papel del Estado en la economía, la educación, la salud y la cultura.


La derecha neoliberal debe ser enfrentada y derrotada


La derecha neoliberal no ha sido derrotada en lo fundamental.  Su derrota política electoral no le ha impedido seguir manejando la economía del país.  Su objetivo es seguir manteniendo su hegemonía económica sobre la base de negociaciones con el actual gobierno para frenar cualquier reforma que vaya más allá de donde llegó Lula da Silva en el Brasil, o Correa en el Ecuador.  En el interregno, el gobierno de Humala, de proseguir el ritmo de la indefinición programática, podría debilitarse y aislarse de las masas que le apoyaron como candidato, lo que facilitaría a la derecha neoliberal recuperar el pleno poder en el 2016.

Cometeríamos un nuevo error si seguimos confiando solamente en un gobierno reformista, como el de Humala, para avanzar en la lucha por un nuevo sistema social en el Perú, sin tener en cuenta que es el pueblo organizado, en especial los trabajadores, la fuerza fundamental para transformar las estructuras económicas y sociales del Perú actual, mucho más cuando estas estructuras han sido consolidadas por los últimos dos gobiernos neoliberales del siglo XXI (2001 -2006 / 2006 =2011).


El discurso del Sr. Abugattás


El Sr. Abugattás, uno de los principales dirigentes del partido gobernante y Presidente del Congreso, ofreció a las masas reunidas en el mitin de cierre de la marcha un discurso de agradecimiento y de ambiguos enunciados sobre lo mucho que los manifestantes esperan del gobierno, pero sin definir esos "muchos", salvo la "lucha frontal contra la corrupción" que hasta los propios corruptos del fujimorismo se atreven a pronunciar.  Lo único que pudo escucharse con claridad es la reiteración de la promesa del aumento del salario mínimo vital, apenas una parte insignificante de las necesidades de reivindicaciones laborales para los trabajadores peruanos.

En el Perú podríamos marchar hacia la construcción de un gobierno que inicie el desarme del programa neoliberal y la aplicación de un programa diferente y opuesto, o también a un proceso de debilitamiento del gobierno y la preparación de condiciones para que la derecha neoliberal vuelva a hacerse del gobierno. 

La organización política del pueblo y de los trabajadores sobre la base de un programa de transformaciones en todos los campos de la vida nacional, será el fundamental factor del nuevo rumbo que el Perú requiere seguir.

Iquitos, octubre 13 del 2011.

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martes, 6 de septiembre de 2011

Perú: el nuevo gobierno y la educación, los anuncios y la realidad


                    José Ramos Bosmediano, educador, miembro de la Ed Social para la Escuela Pública en las Américas (Canadá), ex Secretario General del SUTEP

 

En los últimos días el gobierno del presidente Humala Tasso ha hecho anuncios sobre el incremento del presupuesto educacional para el año 2012,  la aplicación del Programa Cuna Más que ofreciera durante su campaña electoral y las metas de mejorar el rendimiento en comprensión lectora, matemáticas y ciencias, según los requerimientos de las pruebas PISA.  Mientras tanto, la Ministra de Educación, de las canteras de Foro Educativo y del Consejo Nacional de Educación, al igual que sus viceministros, entre diálogo y diálogo con la dirigencia nacional del SUTEP (Sindicato Unitario de los Trabajadores en la Educación del Perú), sigue persistiendo en buscar la "aplicación plena" de la Ley 29062, mal llamada Ley de Carrera Pública Magisterial (CPM) que el gobierno aprista y el Parlamento correspondiente aprobaron y promulgaron.

 

El apoyo interesado de Idel Vexler Talledo


Como ocurre con las propuestas de carácter económico, que tranquilizan a los neoliberales, los anuncios del nuevo gobierno en materia educativa están mereciendo elogios por los mismos funcionarios del gobierno anterior y de aquellos que, sin ser funcionarios, han apoyado todas las políticas educativas de aquel. 

El más significativo de los apoyos viene del profesor Idel Vexler Talledo, ex Viceministro de Educación del gobierno aprista, también integrante  de Foro Educativo y relacionado con la educación privada, premiado con varios Honoris Causa, lo que le otorga la autoridad que mucho pesa en nuestro país del barroco administrativo. De todos los artículos que Vexler viene escribiendo en la columna Notas de un Educador, en la página de opinión de La República, nos parece resaltante el artículo Anuncios sobre educación (La República de Lima, 05/09/2011, p. 12).

Su primera idea no puede ser más contradictoria con la actuación del Ministerio del cual formó parte entre el 2006 y el 2011: "Se han establecido como altas prioridades las de atender la educción inicial y rural, en el marco de una reforma del Ministerio de Educación que fortalezca su rectoría nacional". Semejante saludo a los anuncios serían considerados sinceros si, en su momento, hubiese protestado por el abandono de la educación pública durante el período indicado, con un presupuesto que llegó al 2.9 % del PBI, manteniendo los wawawasis y los PRONEI en la precariedad pedagógica y remunerativa, como siempre han estado,  abandonando la educación rural a su suerte y convirtiendo al Ministerio de Educación en una simple agencia de concesiones de negocios a empresas privadas, incluso para la elaboración de material didáctico de dudosa calidad.

Pero donde sí expresa su reacción sincera es cuando el gobierno actual anuncia la continuidad de la llamada meritocracia a través de la CPM, aun cuando Vexler apruebe también el "énfasis" en "la evaluación de la especialidad y el desempeño", algo impensable en las evaluaciones estandarizadas aplicadas desde 1995 y elevadas a la enésima potencia de la calidad desde el 2007.  No podría ser mejor para Vexler Talledo el continuismo meritocrático, que no solamente se expresa como evaluación estandarizada, sino también como promotor del  espíritu competitivo e individualista entre los maestros, además de ser un instrumento para segmentar a los maestros en un escalafón cuyos niveles IV y V son solamente para no más del 10% de maestros, luego de endeudarse para obtener maestrías y doctorados al precio del libre mercado enriqueciendo a los dueños de las universidades privadas. 

Con falaz afirmación, dice que las críticas que hubo sobre la CPM no fueron  a esta Ley sino a los procedimientos, a su implementación y no a la norma.  Como estaba en su atalaya ministerial, Vexler no pudo enterarse de lo que no le interesaba leer o escuchar. Parece que leyó solamente a periodistas áulicos o ignorantes en materia educativa. ¿Y desde cuando la implementación de una Ley se hace al margen del espíritu de esta?  Lo que debe agregarse es que esa implementación se dio también con el "valor agregado" de la corrupción y el clientelaje aprista.

El colmo de Vexler es que ahora acepta que la municipalización de la educación "no caminó" y que "es un acierto" desactivarla.  Tampoco se enteró que ese engendro pinochetista hace tiempo que fracasó en Chile, en Bolivia, En México y otros países. ¿Ignorancia o intereses burocráticos?

También afirma un acierto seguir en el marco del Proyecto Educativo Nacional, cuyo contenido es simplemente declarativo en sus objetivos generales, pero irreales como proyecto, pues el verdadero proyecto educativo se encuentra en la Ley General de Educación, norma neoliberal que legaliza toda la reforma que dejó el fujimorismo.  Es irreal cuando se dice que con el 0.25% de aumento anual del presupuesto para la educación se llegará en cinco años al 6% del PBI, pues el aumento demográfico escolar y la inflación absorben ese magro incremento.  Además el programa neoliberal, sin no es reemplazado por otro, impedirá un aumento sustancial del presupuesto para la educación.

Como una especie de juzgador, luego de haber cumplido funciones principales en la farsa educativa del gobierno aprista, reclama la jornada escolar de las 8 horas, propuesta que no es condición necesaria para generar una nueva educación en el Perú.  No hay presupuesto ni para los gastos de la jornada actual, y se pretende prolongarla con las mismas remuneraciones a los maestros.


Los anuncios y la realidad


Es muy fácil en el Perú republicano ensalzar medidas políticas sin profundizar el análisis de su contenido y del marco en el cual se realizan.  Tales han sido las reformas educativas de los últimos 50 años, muy pródigas en enunciados efectistas, pero vacías en su relación con la realidad objetiva del Perú.

Soy testigo directo, durante la lucha contra la reforma educativa neoliberal de Fujimori y Montesinos (1990 – 2000). Periodistas y "expertos" ponderaban las medidas de aquel régimen, hasta la construcción de deficientes locales escolares.  Otro tanto ocurrió durante los dos primeros gobiernos del siglo XXI: Plan Huascarán, Colegio Mayo, Colegios Emblemáticos, Meritocracia y evaluaciones estandarizadas, capacitaciones y concursos y, como non plus ultra, la CPM.  En no pocos artículos de opinión en La República de Lima el extinto profesor universitario y lingüista, Luis Jaime Cisneros ha expresado su apoyo a los concursos y las evaluaciones estandarizadas realizados por el gobierno aprista, inclusive con expresiones despreciativas hacia los maestros y su sindicato, muy propio de personas que no tuvieron jamás la necesidad de organizarse para defender sus derechos como trabajadores. .¿En qué hemos quedado con todo el "presupuesto por resultados"? 

¿Es tan difícil restituir los derechos de los maestros y discutir una nueva Ley del Profesorado,  que contenga una verdadera carrera pública magisterial?  Es difícil y hasta imposible si es que no se parte de la revaloración de la Escuela Pública y la reducción drástica de la privatización  de la educación. 

Se requiere una nueva ley de educación, democrática y patriótica, integral y científica, que exprese la unidad de escuela y trabajo, que garantice igualdad de oportunidades para todos con la gratuidad y la universalidad de la educación como derecho y no como negocio.   Al margen de un proyecto de nueva educación, el gobierno del presidente Humala pretende, con sus anuncios, revertir la situación de crisis de nuestra educación.  Sus medidas anunciadas, no cabe duda, son avances frente a los fracasos del pasado, pero no garantizan, por su enfoque parcial, un cambio sustancial como el que requiere el Perú y su pueblo.

Revisar la CPM, aun cuando no se plasme en una nueva ley, podría significar algunos derechos para los maestros.

El incremento del presupuesto para ciertos programas de educación inicial y rural, y otros de la educación básica, nos pueden llevar disminuir las profundas desigualdades educativas y matricular a más niños de los sectores más marginados del Perú.

La supresión de la municipalización educativa es también un golpe certero al proyecto neoliberal de descargar el mayor gasto de la educación en los padres de familia vía las municipalidades, la famosa descentralización del Banco Mundial cuyo responso se está cantando en Chile.  Sabemos que hay sectores interesados en que la municipalización continúe, pues algunos alcaldes y hasta gobiernos regionales tienen la idea de que bajo su control podrán manejar el presupuesto educativo como vienen haciéndolo, con corrupción de por medio.  Pero la municipalización de la educación, además de sus implicancias económicas, tiene también efectos pedagógicos y laborales nada favorables para resolver la crisis de la educación peruana, como no lo tuvieron en Chile.

Con todo lo positivo que puedan tener las recientes, y quizás no únicas, medidas del nuevo gobierno, su capacidad para desmontar la reforma educativa neoliberal es escasa, casi nula, por hoy. 

El diálogo del SUTEP con el gobierno, sin dejar de ser un instrumento de lucha reivindicativa, debe debatir también los aspectos educativos y pedagógicos. 

Iquitos, setiembre 05 del 2012

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