lunes, 18 de julio de 2011

José Ramos: Educación peruana 2011-1016: “cambio o continuismo?




José Ramos Bosmediano

 

El sistema educativo peruano, cuya crisis fue profundizada por la reforma neoliberal del fujimontesinismo (1990-2000), no ha sido revertido por los dos gobiernos de la primera década del presente siglo. Para legalizar la reforma neoliberal se promulgaron, entre otras, dos leyes orgánicas: la 28044 como Ley General de Educación, que también promueve la privatización de la educación y reacondiciona los niveles y modalidades del sistema escolar; y la Ley 29062 como Ley de Carrera Pública Magisterial, cuyo objetivo central es convertir al trabajo docente en una modalidad de trabajo casi despojado de relaciones laborales con el Estado, como muy bien lo ha defendido el ex Ministro de Economía y Finanzas del gobierno aprista, Luis Carranza, fiel seguidor de  los lineamientos presupuestales del Banco Mundial. 


Como se sabe, la nueva Ley de Carrera Pública Magisterial despoja a los maestros hasta del derecho de reclamar aumento de haberes, supuesto el hecho de que es una carrera "meritocrática", cuyo salario dependerá del esfuerzo individual de cada maestro, con una evaluación estandarizada y con requisitos de ascenso que convierten al maestro en un permanente buscador de supuestos méritos académicos que están incrementado  las arcas de las decenas de universidades privadas, básicamente, las que ofrecen diplomados, maestrías y doctorados adecuados a los pobres ingresos de los maestros, ¿con qué nivel académico?   Pero la falacia más difundida por los gobernantes, desde el Ministerio de Educación, es la que señala que con la nueva Carrera Pública Magisterial la educación peruana elevaría su nivel, independientemente de los factores principales que explican la actual crisis educativa.  En tal sentido, en lo que va del año 2011, el ex Ministro José Antonio Chang y sus viceministros han considerado como un logro el pequeño aumento de puntajes del rendimiento en "comprensión lectora" y en matemáticas, como si en la práctica pedagógica no se comprobara que hay aumento o disminución de los rendimientos escolares en determinados períodos del año escolar.  Pero lo más estrecho del criterio de estos funcionarios está en que midiendo solamente dos áreas de los contenidos curriculares osan generalizar los logros de la reforma neoliberal.


Nicolás Linch y su agenda meritocrática


El ex Ministro de Educación del gobierno neoliberal de Alejandro Toledo, Nicolás Linch, uno de los voceados para ocupar la misma cartera en el gobierno de Gana Perú a partir de este 28 de julio, acaba de anunciar "cambios" en la Ley de Carrera Pública Magisterial (La República de Lima, sábado 16/07/2011, p. 23), dando por hecho que dicha Ley seguirá manteniéndose con su contenido esencial: la desregulación de las relaciones laborales de los maestros, el enfoque meritocrático y la competencia entre maestros como variable para el aumento de los salarios, sin tener en cuenta la naturaleza del trabajo docente ni las condiciones en que este trabajo se realiza. 

Para fundamentar la continuidad del modelo educativo neoliberal, Linch recurre a afirmaciones ciertamente falaces.

 

La primera, cuando afirma que los maestros no deben tener "miedo al cambio", como si los maestros peruanos, de ayer y de hoy, siempre hemos luchado por cambios fundamentales en la educación peruana, lo que se resume, en  las dos últimas décadas, en la elaboración de un Proyecto de Ley de Educación y Cultura basado en la educación pública democrática, patriótica e integral, del cual Linch nunca pudo o no quiso enterarse, menos todavía cuando su interés principal como Ministro de Toledo fuera conformar un sindicato paralelo al SUTEP desde su alta posición burocrática.  Muy fácilmente dice que el miedo al cambio explica que solamente 47 mil maestros se han integrado a la nueva Carrera Pública Magisterial, desconociendo que el alineamiento con dicha Ley significa perder todos los derechos laborales que contempla la Ley del Profesorado No. 24029.  Frente a nuestros derechos, los trabajadores estamos dispuestos a defenderlos y defendernos de los propósitos antilaborales de los gobernantes.  No en vano el gobierno aprista ha gastado millones de soles en la propaganda a favor de su llamada ley meritocrática, grabando, incluso, spots televisivos de alabanza a la carrera meritocrática.


La segunda falacia se refiere a su afirmación en el sentido de que el SUTEP y los maestros ya aceptan ser evaluados, como si en la Ley del Profesora de 1974, modificada positivamente en 1990 con la lucha del SUTEP, no estuviera contemplada la evaluación permanente, sistemática e integral de los maestros, toman do como base la evaluación de la práctica docente en el aula o evaluación del desempeño en aula, en cada escuela, sin soslayar los demás factores (conocimientos, años de servicios, grados académicos, premios por méritos profesionales).  El primer gobierno aprista (1985-1990) debió de implementar dicha evaluación de los maestros, pero sus intereses de llenar las escuelas con personal para favorecer a sus afiliados y, de paso, contrarrestar la lucha de los maestros del SUTEP, impidieron llevarla a cabo.  Esta historia, que muchos desconocen, es la que no tiene en cuenta Nicolás Linch.  No es que "ya aceptamos la evaluación".  La hemos aceptado siempre y hemos luchado para que ese proceso sea uno de los preceptos de la Ley del Profesorado, cuya discusión y aprobación pasó, primero, por la Huelga Nacional de Hambre de diciembre de 1984, la Huelga Nacional de Hambre de noviembre de 1989 y la Huelga Nacional Indefinida de 1990, cuando fenecía ya el primer gobierno aprista. 

¿Dónde está la oposición a la evaluación por parte de los maestros y del SUTEP? ¿Quién no quiso aplicarla?  A lo que hoy nos oponemos, desde la primera fase de la dictadura fujimontesinista es a la evaluación para convertir a los maestros en simples contratados con careta de nombramiento mediante una evaluación estandarizada a ajena al desempeño docente.


La tercera mentira de Linch, que ya se convierte  en defensa del modelo neoliberal, es la que establece que la dación de  Ley de Carrera Pública Magisterial "ha existido buena intención del saliente gobierno", y que el problema está simplemente en que "su aplicación ha estado plagada de corrupción".  Parece que Linch pretende ocultar los procesos de reforma educativa neoliberal que se vienen dando en gran parte de los países latinoamericanos, empezando por el de Chile, cuyos estudiantes y maestros están jaqueando al gobierno neoliberal de Sebastián Piñera.  De manera que ya  tenemos su posición de firme defensa de la meritocracia neoliberal, a cuya aplicación en las universidades del Estado, sin embargo, él mismo se opuso durante el gobierno que fenece.   Lo que él no aceptó pretende que los maestros de la educación básica acepten como la panacea para la crisis de la educación peruana.


El continuismo neoliberal se abre en el horizonte


Los que, desde posiciones de izquierda apoyamos la candidatura de Gana Perú desde la

primera vuelta electoral, lo hicimos, en primer lugar, para impedir la vuelta del fujimontesinismo con la candidatura de Keiko Fujimori y, en segundo lugar, porque Ollanta Humala, con todas sus limitaciones programáticas, era una alternativa abiertamente progresista frente a los dinosaurios de la derecha peruana, derecha neoliberal que, en todas sus expresiones concretas, era apoyada, paso a paso, por el gobernó aprista. 


El progresismo, como actitud política, no siempre garantiza una conducta firme.  Ya estamos viendo algunas inconsecuencias de Gana Perú, especialmente en la ratificación de Julio León Velarde en la Presidencia del Banco Central de Reserva (BCR), como una expresión concreta de concesiones a la derecha neoliberal.


Que en materia salarial el nuevo gobierno pueda otorgar algunos aumentos salariales a los maestros, es posible.  Pero, por las declaraciones de Nicolás Linch, la continuidad de todo lo actuado por la reforma neoliberal  estaría garantizada.  Los cambios que anuncia son para aplicar mejor la Ley de Carrera Pública Magisterial, no para que la nueva ley sobre el particular sea diferente en lo esencial.


Tampoco está descartada la presencia de algún funcionario del Ministerio de Educación del saliente gobierno aprista en el nuevo régimen gubernamental.


Hay también un inusitado movimiento de organización de grupos magisteriales de Gana Perú para paralelizar al SUTEP, en cuya cabeza se encuentran algunos ex dirigentes del gremio que pretenden copar los organismos del Ministerio de Educación.  Incluso, algunos funcionarios del actual gobierno aprista están integrándose a los nuevos "colectivos" con propósitos estrictamente personales, luego de haberse aprovechado de ciertos cargos en los organismos intermedios de administración  de la educación.  El continuismo, pues, se abre en el horizonte.


Los maestros peruanos tienen, como en el pasado, la gran tarea de fortalecer su organización sindical, el SUTEP, mantener su independencia de clase, exigir al nuevo gobierno un camino nuevo por una nueva educación en el Perú, luchar incansablemente por la recuperación de los derechos conculcados, desde la estabilidad laboral hasta los demás derechos profesionales como condiciones para un ejercicio adecuado de la docencia.  No es "apoyando enérgicamente" al gobierno de Gana Perú, como pretenden algunos, como los maestros podrán reconquistar sus derechos.  No es casual que Nicolás Linch, en la citada entrevista, diga que el nuevo gobierno tratará con "todas las organizaciones magisteriales", lo que quiere decir que las que se están organizando al margen del sindicato serán reconocidos como interlocutores por el nuevo gobierno. 

Lima, julio 18 del 2011


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jueves, 14 de julio de 2011

José Ramos: La democracia burguesa en el Perú actual


                José Ramos Bosmediano, educador, miembro de la Red Social para la Escuela Pública en las Américas (Red SEPA, Canadá), ex Secretario General del SUTEP.

                


 

Las elecciones generales del 2011 en el Perú (9 de abril en primera vuelta y 5 de junio en la segunda) han demostrado, sin ambages, la naturaleza de la burguesía peruana dominante a través de su comportamiento, no solamente falaz, sino obsesivamente asida a los intereses más egoístas propias de su clase y de la gran burguesía imperialista que se ha consolidado más en los últimos 20 años de liberalismo salvaje.

El supuesto credo democrático de la burguesía peruana


La historia de la república peruana (1821 +) es bastante demostrativa de la insolvencia democrática liberal de las clases dominantes en el Perú.  La incipiente burguesía peruana de inicios de la República, incluidos sus intelectuales, no profesaron las ideas liberales de la burguesía europea triunfante desde el siglo XVIII.  Fue, en realidad, de credo monárquico, lo que le llevó a contraponerse a las ideas bolivarianas que hasta hoy vienen siendo combatidas por los rezagos de esa mentalidad conservadora.  Parte de su odio al presidente Hugo Chávez tiene que ver con su conservadurismo decimonónico, tributario de la herencia colonial, contrario a soportar reformas que democraticen la economía y la sociedad.


El tibio liberalismo de Manuel Pardo (1872-1876), que exigió mayores contribuciones tributarias a las clases pudientes, mereció la oposición sangrienta de esa clase que se denominaba demócrata, hasta asesinarlo finalmente. No cabe duda que los beneficiarios de los contratos de explotación del guano y del salitre estuvieron detrás de esa oposición que luego se convirtió en la traidora durante la guerra con Chile.


Más tarde, desde El Comercio de Lima, los dueños del poder económico en el Perú se enfrentaron a don Nicolás de Piérola, aun cuando esa actitud favoreciera al gobierno chileno.


Esa misma burguesía se mantuvo contenta durante los 11 años de la corrupta dictadura de Augusto B. Leguía (1919-1930) y luego con las dictaduras de Sánchez Cerro (1930-1933) y de  Oscar R. Benavides (1933-1939), las que practicaron una política de permanente represión contra las fuerzas progresistas de aquel entonces, comunistas y apristas, cuando este partido predicaba los "cinco puntos" para la "gran transformación, planteamientos que luego fueron abandonados definitivamente.


No fue diferente el comportamiento de las clases dominantes durante las décadas del 40 y del 50 del siglo XX, con Manuel Prado (1939-1945 / 1956-1962) y Manuel A. Odría (1945-1956), que desarrollaron políticas económicas de corte liberal y favorables a los terratenientes e inversionistas extranjeros, que dejaron intactos los latifundios y el sistema de explotación servil contra millones de indígenas y poblaciones de costa y selva.  A los "demócratas" pertenecientes a la burguesía peruana lo único que les interesaba era mantener sus privilegios de clase e incrementar sus ganancias.


Durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry (1963-1968) esa burguesía rentista, tanto desde el partido gobernante de Acción Popular como de la alianza (Coalición) del APRA con el odriísmo, boicotearon la propuesta de reforma agraria y de la recuperación de la explotación del petróleo, aspiraciones que los movimientos campesinos y fuerzas democráticas progresistas venían levantando desde la década de los 50.  Esta actitud antidemocrática derivó en la reacción de un importante sector de las Fuerzas Armadas que veían como un peligro la presencia de una tendencia de insurgencia popular frente a la situación de explotación de vastos sectores campesinos y obreros.  La doctrina del reformismo desarrollista de la Alianza para el Progreso, delineado por los Estados Unidos para la América Latina, de prevención y contención de otra revolución al estilo cubano en nuestros países, obligaba a modernizar estas sociedades, desembalsar sin peligro para el sistema de dominación los problemas no resueltos durante los siglos XIX y XX en América Latina.   El primer gobierno de Acción Popular fue incapaz, por su representación de clase, de acometer esta tarea liberal burguesa, que debiera expresarse en un proceso de democratización de la propiedad de la tierra en el Perú y la expansión de los derechos ciudadanos, así como el desarrollo de una industria nacional. 


Cuando la dictadura militar del General Juan Velasco Alvarado (1968-1975) se propuso desarrollar las reformas burguesas, truncas durante toda la República, la burguesía peruana y los grandes terratenientes expropiados (que no confiscados como hoy suelen afirmar), en alianza con el capital imperialista, se sintieron injustamente despojados de sus propiedades y se comportaron como una clase incapaz de transformarse, de rentista en conductora de una economía capitalista nacional y creadora de una industria y agricultura para el mercado interno.  Acostumbrada a vivir del viejo Estado y del sistema pre capitalista de producción y del ejercicio intermediario del comercio y las finanzas, su actividad política fue de intenso boicot y complot para traer abajo las reformas burguesas de Velasco.  El golpe de Estado encabezado por el conservador General Francisco Morales Bermúdez (1975-1980), el 29 de agosto de 1975,  fue el inicio del desmantela miento de dichas reformas y el regreso organizado de la vieja clase que debió de apelar a otra dictadura militar para recuperar sus fuerzas, sin haber desarrollado ninguna lucha democrática contra ambas dictaduras, como sí lo hicieron las masas organizadas en la izquierda, en los sindicatos nacionales y en los frentes de defensa de los pueblos que surgieron en los 12 años de dictadura militar (1968-1990).  La misma oposición conservadora contra las reformas velasquistas fue adoptada por el partido aprista, opositor, además, contra las luchas de los trabajadores.


Durante la década de los 80 del siglo XX, la derecha peruana empezó a asumir los planteamientos neoliberales, al tiempo que la crisis generalizada del país hacía posible la preparación de una nueva reprimarización de la economía y una vuelta al dominio omnímodo de los monopolios extranjeros y nacionales.


Este cambio llegó durante la siguiente década (1990-2000), durante la dictadura corrupta y criminal de Fujimori-Montesinos, bajo la orientación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, a través de un proceso masivo de privatizaciones de bienes, empresas y servicios del Estado, gran parte de cuyos ingresos monetarios fueron robados por los gobernantes y empresarios neoliberales.  Estos, para garantizar que el programa neoliberal siga sin detenerse, se entregaron por entero a la dictadura y pusieron sus medios de comunicación al servicio de ella, demostrando que su libertad de prensa tenía un precio muy elevado, arrastrando a ese charco a numerosos y "prestigiados" periodistas, los mismo que hoy siguen predicando el "paraíso" del libre mercado.


El pasajero reacomodo democrático de la burguesía peruana


Puesta al descubierto los robos, la compraventa de parlamentarios y demás fechorías de la dictadura fujimontesinista, a los "demócratas" no les quedó otra cosa, por vergüenza o impotencia para seguir defendiendo lo indefendible, que unirse al nuevo proceso político encabezado por el liberal Valentín Paniagua e impulsado por las grandes movilizaciones de masas que se generalizaron desde 1997 (estudiantes, profesores, trabajadores de construcción civil, poblaciones de provincias, fuerzas políticas de izquierda y personalidades liberales opuestas a la dictadura), desembocando en la gran Marcha de los Cuatro Suyos, capitalizada por el señor Alejandro Toledo con el apoyo del magnate George Soros en el financiamiento de las actividades organizativas de aquella marcha.

Quienes convivieron con la dictadura durante diez años, de repente se convirtieron en demócratas y se camuflaron con los nuevos dos primeros gobiernos peruanos del siglo XX, pero sin abandonar sus privilegios garantizados por el avance del programa neoliberal.

Durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) su comportamiento fue cauteloso, de acomodamiento a la nueva situación política, pero con su vieja habilidad siguieron manteniendo el statu quo dejado por la dictadura: la desregulación laboral, las privatizaciones, las concesiones a los consorcios extranjeros, especialmente del gas, el congelamiento del nuevo proyecto de ley del trabajo, la privatización de la educación, la salud y la seguridad social.  El fujimontesinismo, cercado por los procesos de investigación, desarrollaba un perfil bajo, pero sin dejar de mantener sus relaciones con sus aliados "democráticos" que se habían beneficiado como empresarios, testaferros y ejecutivos de toda especie.


La nueva primavera de la democracia burguesa en el Perú


Llegó con el segundo gobierno aprista que concluye en este mes, con Alan García que ha repetido la presidencia de la república y ha preparado una despedida con toda la parafernalia que anuncia una nueva candidatura para el 2016, con una programa de inauguraciones de obras, muchas de ellas inconclusas, pero como para distraer y atraer a ingenuos creyentes cristianos (básicamente católicos, 90% de la población), inaugurando un inmenso Cristo de acrílico gracias a la "donación" de una de las empresas brasileñas que más ha ganado con las licitaciones de obras públicas.


Con el poder económico en sus manos, con  los medios de comunicación monopolizados en su mayor parte, la burguesía peruana ha vuelto a reafirmar su catadura antidemocrática durante la campaña electoral pasada.  De las 6 candidaturas presidenciales y parlamentarias con mayores posibilidades de llegar a la segunda vuelta y de ganar la presidencia de la república, 5 correspondieron a estas fuerzas de la derecha neoliberal.  Las 5 enfilaron su principal ataque a la candidatura de Gana Perú.  Todo ese conglomerado predicó no solamente la intolerancia frente a los planteamientos nacionalistas de Ollanta Humala, sino también el racismo y el miedo frente a un supuesto "retroceso" del Perú si es que Ollanta Humala ganase las elecciones. Así como calificaron las reformas liberales de Velasco como "comunistas", a los planteamientos programáticos de Ollanta Humala los calificaron de "radicales", "chavistas", "salto al vacío", etc.


Para asegurar mejor su dominio y sus relaciones con el capital imperialista de las transnacionales, apostaron efusivamente por la candidatura de uno de los gobernantes vivos más antiguos del Perú, el lobista peruano-norteamericano Pedro Pablo Kuszynski, alto funcionario del primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry (1963-1968) y coautor de casi todos los proyectos de contratos del Estado con los consorcios de explotación bancaria, minerales e hidrocarburos, evidentemente con privilegios para ellos.  La derecha sobrevaloró sus posibilidades y su táctico alejamiento de su par fujimorista, cuya candidata Keiko Fujimori pasó a la segunda vuelta para disputar la presidencia con Ollanta Humala.


Después de decir que tanto el fujimorismo como el nacionalismo no eran compatibles con la democracia y la continuación del programa neoliberal, cuando se dio la segunda vuelta no pensaron dos veces para apoyar a la alternativa corrupta y enfilar sus baterías contra Ollanta Humala. Toda su supuesta convicción democrática fue desenmascarada durante la campaña de la segunda vuelta, demostrando que esa convicción tiene el alto precio de sus ganancias, al igual que su "libertad de prensa".


Más por cierta vergüenza que por convicción democrática, Mario Vargas Llosa y Alejandro Toledo tuvieron que apoyar a Ollanta Humala, apoyo condicionado, sin embargo, a la inmutabilidad del programa neoliberal y del pernicioso ejercicio de la "libertad de prensa" que impera en el Perú.


La inconsecuente democracia burguesa


Los "demócratas" neoliberales han perdido la presidencia de la república el 5 de junio.  Siempre han dicho que su democracia consiste en respetar la votación popular y sus resultados. Pero su comportamiento dice lo contrario.


Desde el gobierno que cesa en sus funciones hasta todas las fuerzas de la derecha neoliberal se está desarrollando una campaña de desestabilización del gobierno que ingresa.  Anuncian la caída del Producto Bruto Interno y la "huida" de los inversionistas, siembran la duda frente a la presencia de profesionales progresistas en el nuevo gobierno, han lanzado a sus periodistas a levantar noticias y especulaciones de toda índole para disminuir la credibilidad en el nuevo gobierno.  Esta misma campaña  se viene realizando contra la progresista Alcaldesa de Lima Metropolitana Susana Villarán, que venció a la candidata de toda la derecha neoliberal Lourdes Flores Nano en las elecciones municipales y regionales del 2010.


¿No consiste, pues, la democracia que tanto pregonan, en respetar los resultados electorales y hacer posible que el nuevo gobierno cumpla con su programa?  ¿No son opuestos a los métodos y estrategias de la violencia para la conquista del poder?  Pero con su conducta no hacen sino exacerbar las contradicciones sociales y políticas al cerrar toda posibilidad de reformas con métodos democrático-burgueses, que son los que está esgrimiendo el nuevo gobierno, hacia la redistribución de la riqueza y la disminución de las profundas desigualdades sociales imperantes, que han crecido mucho más durante la presente década de "gran crecimiento económico".


Queda, pues, claro, que la democracia, en su sentido genuino, no pertenece a los sectores dominantes del Perú actual, sino al pueblo que busca la necesaria transformación social y que espera que el nuevo gobierno construya las bases para esa gran tarea histórica.  Ese pueblo debe ser organizado para garantizar el cambio.

Lima, julio 12 del 2011

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JOSÉ RAMOS: LOS SINDICATOS Y LOS GOBIERNOS ¿INSERCIÓN O INDEPENDENCIA POLÍTICA?


Está circulando, en el blog de "pedagogía marxista", un escrito de Olmedo Auris Melgar, ex Secretario General del SUTEP, sobre el papel del sindicato magisterial frente al gobierno de Gana Perú.  En el mencionado escrito, Auris dice que el SUTEP de "apoyar enérgicamente" al gobierno de Gana Perú y, al mismo tiempo, mantener su "independencia de clase", pues Gana Perú es una fuerza de "profunda raigambre popular", etc.  Ante algunas noticias periodísticas que daban cuenta de una posible presencia del SUTEP en la Comisión de Transferencia de Gana Perú en el ramo de la Educación, escribí el artículo que hoy adjunto, definiendo el papel de los sindicatos clasistas frente a los gobiernos, incluso progresistas que, sin embargo, no están dispuestos a romper con el sistema capitalista.  No olvidemos el papel seguidista de la CGTP durante la dictadura de Juan Velasco Alvarado, que no contribuyó a enfrentar adecuadamente la explotación capitalista en el proceso de las reformas de aquel gobierno. Lo más contradictorio en el artículo de Auris es el llamado al apoyo "enérgico", es decir, pleno, y pedir, al mismo tiempo, "independencia de clase".  Más bien, la actitud del sindicato debe ser vigilante, crítico, independiente, frente al nuevo gobierno, exigiendo el cumplimiento del programa por el cual ha votado la mayoría de la población, particularmente los sectores oprimidos de nuestra patria. Plantear lo contrario no es orientar sino confundir a los maestros.  Que los maestros que pertenecen a Gana Perú apoyen a su gobierno plenamente, no es nada reprochable y, si son buenos sindicalistas dentro del SUTEP, que luchen por la reconquista de los derechos magisteriales y por una nueva reforma educativa, democrática, patriótica e integral.  Si en el proceso del gobierno de Gana Perú se producen los cambios que el pueblo oprimido espera, entonces los trabajadores se volcarán a apoyar el proceso y enfrentar a las fuerzas de la derecha que se oponen a los cambios.  Este proceso aún no se ha iniciado y hay que exigir que se inicie y se desarrolle.  Por otro lado, no es cierto que Gana Perú es una fuerza de "profunda raigambre popular", exageración que puede provenir del mero entusiasmo electoral, pero no de una organización y de un programa que el pueblo ha hecho suyo, sabiendo, como se sabe, que Gana Perú ha tenido que adcuar su programa original a las alianzas con fuerzas políticas no necesariamente populares, que hoy ponen condiciones para su "apoyo vigilante", vigilante, precisamente, para que el nuevo gobierno no toque ni con el pétalo de una rosa el programa neoliberal en curso. 
 
Con un fuerte abrazo, pido a ustedes que, si consideran útil y necesario, poner esta pequeña aclaración en la cabeza del texto que adjunto.
 
José Ramos.


Los sindicatos y los gobiernos: ¿inserción o independencia política?

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(a propósito del gobierno de Ollanta Humala en el Perú)

 

José Ramos Bosmediano, educador, miembro de la Red social para la Escuela Publica en las Américas (Red SEPA, Canadá), ex Secretario General del SUTEP

 

 

Con motivo de la conformación de los equipos de trabajo para la transferencia gubernamental del gobierno que fenece el 28 de julio próximo al que le sucede, presidido por el Comandante Ollanta Humala Tasso, se ha filtrado, al parecer,  la noticia de la participación del SUTEP (Sindicato Unitario de los Trabajadores en la Educación del Perú, fundado en 1972) en el equipo de transferencia del gobierno entrante en el ramo de Educación.  Posiblemente el periódico fujimorista que puso en primera plana la supuesta noticia, haya recogido un rumor de esos que circulan profusamente en estos días, cuando muchos grupos y personas tratan de ser ubicados en algún lugar del poder gubernamental nacionalista.  De ser cierto el rumor, el SUTEP estaría comprometiendo su participación en el nuevo gobierno, pues un equipo de transferencia es una instancia política que corresponde al partido gobernante del momento.  La participación sería, además, una vía posible para que el gremio designe un representante suyo en la futura administración de la educación nacional.   Sea como fuere, la participación o no de los sindicatos en los gobiernos de turno, tanto en aquellos de no representan directamente a los trabajadores, como en gobiernos progresistas,  es un asunto que debe ser adecuadamente evaluada.

 

La independencia de clase de los sindicatos

 

Hay que partir de la existencia de dos corrientes sindicales en los países capitalistas.  Aquella posición del "sindicalismo libre" patrocinada desde los Estados Unidos y que en el Perú tiene en el sindicalismo aprista su reflejo, cuya concepción acepta la conciliación de clases entre empresarios y trabajadores, por tanto, su inclinación permanente a compartir el poder con las clases dominantes, sometiendo a los trabajadores a las decisiones  de los gobernantes de turno y haciendo todo lo posible para no generar "problemas sociales" que entorpezcan las políticas y los objetivos gubernamentales.  El mayor peligro de esta postura es que ese compromiso con el gobierno puede llevar a no enfrentarse con el Estado, como empleador de los trabajadores estatales, o con los empresarios si se trata de los trabajadores del sector privado.  Se produce, entonces, una verdadera conciliación de clases.  Por supuesto que, cuando se trata de los sindicatos de tendencia "libre" o "apolítica", la conciliación con los patrones se da también sin necesidad de declarar apoyo alguno al gobierno.

 

Es diferente la actuación de los sindicatos clasistas, clasistas en cuanto consideran que,  en el sistema capitalista, la contradicción entre explotados y explotadores es insalvable, como podemos notar en el Perú actual, con una legislación laboral que permite que los empresarios abonen salarios miserables, sin derechos, incluso a la sindicalización, como ocurre en las grandes tiendas de capitalistas extranjeros, de tal manera que el trabajo precarizado es la mayor fuente de enriquecimiento de los empresarios; situación que también se reproduce en las relaciones laborales entre el Estado peruano actual y los trabajadores estatales, llámense maestros, policías, de la salud, etc.  Para los sindicatos clasistas es importante, por lo tanto, mantener la independencia política de la clase trabajadora, de los asalariados, para la lucha por las reivindicaciones de los trabajadores.  Desde una posición de independencia es posible generar un movimiento sindical que reclame y luche por los derechos de los trabajadores, función principal de los sindicatos y, al mismo tiempo, plantear su posición frente a las medidas políticas de los gobiernos, frente a los distintos problemas del país y educar los trabajadores en la lucha por una sociedad justa, por un nuevo país; pues los trabajadores también son ciudadanos con derechos políticos y  no pueden mantenerse al margen de la lucha por el poder, es decir, no pueden estar prohibidos de organizarse en partidos políticos.  Esta función de los sindicatos no significa confundirlos con los partidos políticos, pues el ejercicio político de un miembro de cualquier sindicato, dirigente o integrante de base, dependerá de su partido y no de su sindicato, ya que este representa a todos los trabajadores organizados como trabajadores.  Si el sindicato es clasista, su orientación es la defensa de los intereses de los trabajadores y del pueblo, por tanto no podrá apoyar a quienes representan a los explotadores, mucho menos a gobernantes que defienden los intereses de estos. Este apoyo o no apoyo debe tener en cuenta el programa de gobierno para que los trabajadores evalúen conscientemente cuál es la opción que les corresponde.

 

El caso del SUTEP

 

En la historia del SUTEP, ha marcado hito su posición independiente frente a la dictadura militar de Velasco Alvarado (1968-1975), gobierno reformista que se basó en el ejercicio autoritario del poder y que trató a los maestros como ciudadanos de segunda categoría.  Su propia reforma educativa, modernizadora y progresista en muchos sentidos, fue impuesta a través de una burocracia civil-militar que derivó en una administración enfrentada a los maestros.  Es curioso que hoy, quienes no lucharon contra esa dictadura, pretendan decir que el SUTEP es el culpable de la crisis educativa del Perú. En cambio,  esos mismos defensores de la modernidad neoliberal siguen  denigrando de la dictadura velasquista porque expropió a los latifundistas de la vieja oligarquía.  Su defensa del sistema de explotación de turno es evidente.

 

En otro momento, cuando la "primavera democrática" de los años 80 del siglo XX llegó bajo la exigencia de las luchas sociales de la década de los 70 contra la dictadura de Morales Bermúdez (1975-1980), en las cuales el SUTEP jugó un papel importante, incluso encabezando los Frentes de Defensa de los Intereses del Pueblo y las grandes movilizaciones en el Paro Nacional del 19 de julio de 1977, el gremio magisterial supo enfrentar la demagogia de de los dos regímenes.

 

En efecto, la situación de los años 80, durante los gobiernos segundo de don Fernando Belaúnde y primero de don Alan García Pérez, no fue diferente en términos económicos y sociales a la de la década anterior: profundización de la crisis; mayor empobrecimiento de las masas; terrorismo insurreccional y del Estado; crisis agraria; desmontaje industrial; despidos masivos de trabajadores; inflación incontrolable; reducción presupuestal para la educación y la salud; mayor deterioro de la moral pública; en fin,  "Desborde Popular y crisis del Estado" (Matos Mar dixit).  El SUTEP no dejó de luchar por los derechos de los maestros y empezó a generar una corriente educativa para elaborar un proyecto de educación democrática y patriótica que diera concreción a aquel planteamiento de "educación democrática, nacional, científica y popular" de su Primer Congreso Pedagógico Nacional  de 1974.  Uno de los ministros de Educación del segundo gobierno del Señor Fernando Belaúnde llegó a decir que, en la década de los 70, el SUTEP había salvado la dignidad del Perú. Ya sabemos que eso le costó el cargo.

 

¿Y durante la dictadura del Ingeniero Alberto Fujimori y su socio Vladimiro Montesinos, quiénes se jugaron hasta la vida para enfrentar su programa neoliberal?  No solo los maestros del SUTEP.  Todos los trabajadores organizados y los pueblos de las provincias.  Ya se sabe que el grueso de la población limeña, de esta conservadora ciudad, se entregó al "chino", hecho que sigue siendo uno de los fenómenos políticos que se reflejó en la votación fujimorista del 5 de junio. 

 

Los dueños de los grandes medios de comunicación y sus periodistas no se cansan de repetir la ignorante idea de que el SUTEP es el culpable de la crisis de la educación, como se ha reflejado ayer en una entrevista al actual Secretario General del sindicato, Profesor René Ramírez Puerta, al tratar de enfrentar al gremio con "toda" la opinión pública.  No podía se de otra manera en uno de los canales fujimoristas más tenaces por la campaña de Keiko Fujimori.   Inmediatamente después de la entrevista al mencionado dirigente, el periodista entrevistó al Viceministro de Educación Idel Vexler Talledo, para quien la reforma neoliberal en curso es uno de los mejores logros del actual gobierno, sin tener en cuenta que la escuela pública está cada vez más abandonada y desarticulada, con un magisterio público sometido a las evaluaciones estandarizadas emanadas del Banco Mundial para reducir más el presupuesto de la educación, amén de la entrega de las escuelas a municipalidades que no harán más que lo que han hecho las municipalidades de Chile, país en el cual los estudiantes de la básica vienen exigiendo que el Estado asuma la administración escolar.

 

¿Y frente al gobierno del Comandante Ollanta Humala?

 

Los sindicatos no pueden sino seguir manteniendo su independencia de clase.  El nuevo gobierno se presentó y sigue fungiendo de ser un futuro gobierno progresista.  Por eso mereció el apoyo de la gran masa de trabajadores, de los partidos de izquierda, de los intelectuales progresistas y con dignidad, por toda la juventud estudiantil y trabajadora que lucha por un país democrático y con justicia social.  Pero, como ya lo vienen diciendo muchos, el apoyo no es un cheque en blanco.  Es apoyo crítico y de exigencias para reconquistar los derechos laborales conculcados desde hace 20 años, pero también para empezar a dar solución a los grandes problemas del país.  Sin cambios sustantivos en el Perú no habrá nueva y mejor educación.

 

Un sindicato como el SUTEP no puede menos que comportarse como sindicato frente al nuevo gobierno.  Como ya entregó sus planteamientos al Comandante Humala, corresponde generar negociaciones colectivas en torno a esos planteamientos. 

 

Una visión panorámica de la problemática educativa del país y de las relaciones laborales entre el Estado y los maestros, nos lleva a enunciar algunos tópicos que deben resolverse: el papel del Ministerio de Educación, cuya función ha sido tercerizada; el presupuesto de la educación, que sigue disminuida; la municipalización de la educación pública, política contraria a cualquier reforma educativa democrática; la privatización de la educación, verdadera orgía de negocios (es bueno saber de qué universidades son los médicos plagiadores y sustituidos en la Universidad Federico Villarreal); una nueva Ley del Profesorado para la recuperación de los derechos conculcados; un proceso de evaluación magisterial, científica, pedagógica e integral, mas no parcial y estandarizada como la que se viene aplicando desde los años del fujimontesinismo; un replanteamiento del  constructivismo y la enseñanza por competencias, cuya base es el pragmatismo pedagógico impuesto desde una  visión de la escuela-empresa.

 

Los mencionados son, acaso, algunos de los planteamientos que deben ser abordados para la elaboración de un Plan  de nueva reforma educativa a ponerse en marcha desde enero del 2012

 

Lima, junio 15 del 2011.

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