miércoles, 28 de noviembre de 2012

Textos y contextos (1): el continuismo neoliberal en la Ley de Reforma Magisterial


José Ramos Bosmediano, ex Secretario General del SUTEP, miembro de la Red SEPA

Con mi saludo y agradecimiento infinito a todos los que se han solidarizado y siguen haciéndolo para recuperar mi salud, vuelvo a la escritura sobre los inmensos problemas de nuestro país y, por qué no, del mundo.  Con la enfermedad no aplacada, no es posible aislarse de nuestros amigos y compañeros de lucha. A los maestros del SUTEP por su inquebrantable defensa de la escuela pública y sus derechos, en la huelga del 5 de setiembre al 5 de octubre.
Seguramente en estos días el Presidente Ollanta Humala Tasso promulgará la nueva ley magisterial aprobada en la madrugada del viernes 23 del mes en curso, con el nombre de "Ley de Reforma Magisterial".  Como ha sido siempre la costumbre de los gobernantes de los últimos 50 años, los actuales, con sus parlamentarios y su prensa (voces y ecos de la derecha neoliberal que gobierna el Perú) han salido "con la pata en alto" para ponderar los "beneficios" de ese esperpento de ley magisterial, tanto para los maestros como para los estudiantes de la escuela pública, garantizando a estos últimos una supuesta elevación de su nivel de aprendizaje y, a los maestros, el ingreso a la "meritocracia" para su buen desempeño y sus mejores beneficios remunerativos y su ascenso en la carrera docente.  No se requiere escuchar ni leer toda la prensa de la derecha, pues el diario "La República" de Lima, que dice ser diferente a aquella, nos informa mejor sobre la posición que toda la derecha peruana tiene sobre nuestros problemas económicos, sociales, políticos y culturales.  Las ediciones del sábado 24 y del día de hoy (domingo 25), en sus páginas 12 y 6, respectivamente, son más que suficientes para calibrar sus juicios y sus ilusas esperanzas, también su desprecio a las opiniones de los maestros organizados en el SUTEP, cuya huelga fue decisiva para introducir ciertos elementos positivos en el proyecto del Ejecutivo, pero soslayando los fundamentales derechos de los maestros peruanos, conculcados desde marzo de 1992 por la mafiosa dictadura fujimontesinista. 
Los elementos principales de la nueva ley magisterial

El marco teórico y político de la ley aprobada no es otro que la reforma educativa neoliberal impuesta en el decenio de 1990-2000, y continuada por los gobiernos del primer decenio de este siglo XXI, con un contenido curricular que viene de 1995, replicado en el 2001, el 2005 y el 2009, que reagrupa en áreas curriculares un contenido eminentemente instrumental por tecnocrático; y la Ley Orgánica de Educación promulgada en el 2003, cuyo contenido privatizador es innegable. Ni los problemas a los que ha llegado el sistema educativo chileno, el primero que en América Latina introdujo, desde 1983, la reforma educativa sometida a los parámetros de la economía de libre mercado y su reflejo abrupto en la privatización de la educación, municipalización educativa incluida, han tenido en cuenta los reformadores peruanos desde el poder del Estado. Es bueno recordar que la reforma educativa neoliberal comprende: reducción del presupuesto de la educación, privatización educativa, desregulación de del trabajo docente, currículo tecnocrático desde un enfoque pragmatista, evaluación estandarizada desde una visión productivista de la educación, tercerización de las funciones del Ministerio de Educación, municipalización como descentralización privatizadora de la educación, segmentación del sistema educativo con programas específicos (Plan Huascarán, Beca 18, PELA, por ejemplo).
Adecuado al marco neoliberal, la nueva ley legaliza la extinción de los derechos laborales y profesionales de los maestros peruanos, sustentándose en el sistema meritocrático que el pinochetismo, el menemismo y otros regímenes latinoamericanos impusieron supuestamente para elevar la calidad educativa.  El instrumento que se ha venido aplicando para ese ilusorio objetivo no es otro que la evaluación estandarizada y ampulosa de los docentes, de tal manera que estos trabajadores no tendrán otro interés que prepararse, casi todos los días, para ser evaluados y no perder su trabajo, ascender en una escala de 8 niveles y "mejorar" su mísera remuneración, con vacantes establecidas para cada nivel de acuerdo con el permiso del Ministerio de Economía y Finanzas, cerrando la posibilidad de ascenso a los niveles VII y VIII para no menos del 80 % de los maestros, en un tiempo próximo a la jubilación.  No hay duda que es un sistema de  ahorro fiscal seguro que exigen el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.  Para el gobierno y sus legisladores la escuela pública y sus maestros no merecen otro trato que el de instrumentos para generar Caja Fiscal, lo que se refleja en los 800 millones de soles que, como un "gran éxito", aprobó el Ministro de Economía y Finanzas Luis Castilla, intermediario  del Banco Mundial y del FMI en el manejo de los gastos del Estado neoliberal que nos domina.
Se pretende hacer creer que la nueva ley supera al anterior mamarracho del gobierno aprista (Ley de Carrera Pública Magisterial), siendo que la actual Comisión de Educación no ha hecho más que reacomodar los elementos de aquella y aumentar los niveles para justificar la rebaja de los que actualmente tienen los maestros, y justificar también la eliminación de la Ley del Profesorado conquistada por el SUTEP en 1984 (gran huelga de hambre de diciembre) y enriquecida  con la lucha de 1989 (huelga de hambre) y 1990 (huelga indefinida).
El comunicado del SUTEP publicado en "La República" de hoy 25 de octubre (p. 32) resume adecuadamente los derechos magisteriales vulnerados por el gobierno actual.

Entre la ignorancia y la ideología neoliberal

El dogmatismo neoliberal, como todo dogmatismo, cierra la conciencia al conocimiento y la búsqueda de la verdad objetiva, por más ilustrados que puedan ser quienes lo practican.  Los dogmáticos esconden la realidad, soslayan los aspectos contradictorios y multifacéticos de los hechos y las ideas.  Niegan las experiencias pasadas en aras de su presente para mantener el sistema intacto.  Confunden la modernidad con el empirismo presentista.  El resultado es siempre una percepción tergiversada de los hechos y la adecuación a las fuerzas irracionales, en el caso que estamos tratando, a las leyes del libre mercado, a la libre competencia llevada al campo de la cultura, ergo, de la educación: ignorancia e imposición.
En el caso que nos ocupa, quienes están decidiendo el futuro de la escuela pública y de los maestros de esta son los que no necesitan de ella, pues ni sus hijos ni sus nietos estudian en ella.  Su ideología es de connotación privatista, aun cuando algunos de ellos hayan pasado por las aulas de la educación estatal.  En el fondo, su objetivo de seguir reduciendo el ámbito de la educación pública y ensanchar el de la privada, como ocurre en nuestro país desde los años del fujimontesinistas.  De ahí su concepción de desprecio a los maestros, a quienes los consideran "comechados", "burros", "incompetentes".  Así justifican los miserables salarios.
Tanto la Ministra de Educación como sus viceministros provienen de una ONG (Foro Educativo) que tiene en sus manos el Consejo Nacional de Educación.  Cuando trabajamos coordinadamente con Foro Educativo bajo la presidencia del Padre Ricardo Morales, se percibía, en aquellos años de los 90 del siglo XX, un cierto interés por la escuela pública.  Ese atisbo de interés por esta se ha ido perdiendo y hoy tenemos a sus integrantes en el  Ministerio de Educación identificados plenamente por la reforma neoliberal, como también ocurrió con los anteriores funcionarios del MINEDU durante los gobiernos de AlejandroToledo y García Pérez.
Como ha señalado Juan Carlos Tedesco, la reforma educativa neoliberal es una reforma presupuestal, vale decir, supeditada a los objetivos privatizadores del neoliberalismo, lo que explica que quien decide lo que debe hacerse es el Ministro de Economía y Finanzas, lo que llevó a la Vice Presidenta de la República Marisol Espinoza señalar que hay un alto  funcionario que decide por todos, sin consultar a nadie.
Es signo de ignorancia en materia educativa lo que revela la repetición de esa generalidad, según la cual "lo perfecto es enemigo de lo bueno", por el Presidente del Congreso, el abogado Víctor Isla, incapaz de argumentar las "bondades" de la ley aprobada, tratando de opacar las críticas del SUTEP; escondiéndose en generalidades y tautologías que no explican nada. 
Un ex Ministro de Educación y ex Rector de una universidad pública, emite un velado insulto al derecho de huelga que tienen los maestros peruanos, en lugar de hacerse una autocrítica por su adecuación a la reforma neoliberal y su incapacidad para proponer una reforma plausible para nuestra realidad cultural y educativa, incapacidad que le lleva a calificar de "inmoral" las medidas de lucha que los maestros seguirán desarrollando en los próximos días, meses y años.  Es sintomático que este personaje se calle frente a los procesos de corrupción que se trata de encubrir en el Perú. Una huelga puede ser incorrecta, inoportuna, menos inmoral, salvo que pretenda lograr beneficios estrictamente personales desligados de la necesidad de dignificar a los trabajadores, en este caso, a los maestros. 
Uno de los funcionarios de los últimos dos gobiernos en el Ministerio de Educación, Idel Vexler, que viene también de la educación privada pese a sus estudios profesionales en La Cantuta,  señala su disconformidad con la nueva ley docente porque, según él, deroga la ley aprista que tanto ensalzó cuando fue Vice Ministro de Educación al lado de José Antonio Chang.  En lugar de pronunciarse sobre las investigaciones por las sospechosas construcciones de los denominados "colegios emblemáticos", se empecina en defender su ley, sin darse cuenta que la nueva ley es una simple clonación de aquella.
Otro defensor de la nueva ley es un ex dirigente del SUTE VIII Sector (Lima) en la década de los 90, el profesor José Antonio Caro Meléndez, Asesor de la Ministra Patricia Salas, quien, durante la última huelga del SUTEP recorrió algunas ciudades del país para pretender "convencer" a los maestros sobre la bondades del Proyecto de Ley de su gobierno, abominando de lo que ayer defendía frente al gobierno de Fujimori.  Todo eso es hoy, tal vez, un mero recuerdo de quien se ha convertido en burócrata bien pagado, olvidándose de sus años de maestro cuyo sueldo no llegaba ni a los 15 días del mes.
En la misma página opina el Vice Ministro Fernando Bolaños repitiendo el sofisma que para defender los derechos laborales magisteriales no hay que perjudicar a los niños con las paralizaciones, cuando quienes maltratan a los niños son los gobernantes que dejan fuera de la escuela, por pobreza y reducción presupuestal, a cientos de miles de la población en edad escolar, y que los maestros peruanos trabajan en condiciones adversas en escuelas mal dotadas, con niños desnutridos, etc.  Es el mismo sofisma que suele aplicarse a los médicos cuando realizan su huelga "perjudicando" a los pacientes.  Con este razonamiento el derecho de huelga se torna imposible de ser ejercido. 
Y el Presidente de la Comisión de Educación, el General (r) Daniel Mora se contenta con los "avances" logrados, ocultando que la esencia de la ley es antimagisterial, por tanto, nada adecuada para un desempeño docente en condiciones adecuadas.

Las ilusiones neoliberales y el papel de los maestros

Desde el fujimontesinismo todos los gobiernos y sus funcionarios han considerado, en cada momento, que sus leyes y reformas garantizaban el mejoramiento de la educación; mientras que los maestros del SUTEP señalábamos sus limitaciones e incongruencias, su carácter neoliberal.  Hoy sabemos que 20 años de reformas no han producido sino más crisis educativa.
El presidente Ollanta Humala Tasso y sus funcionarios, más ciertos defensores oficiosos, como Sota Nadal, repiten hoy la misma ilusión neoliberal, pero sin dejar de culpar a los maestros como los responsables de futuros fracasos.
Olvidan que el fracaso del neoliberalismo para resolver los grandes problemas del país es consustancial a la esencia injusta del sistema económico que está haciendo tambalear a las economías de los países más desarrollados, desde donde nos enviaron, precisamente, el capitalismo salvaje que tanto indignó a Juan Pablo II, que es objeto de rechazo por el Reverendo Frey Beto (Brasil) y por otros sacerdotes católicos que luchan con su feligresía para buscar nuevas alternativas frente a las profundas desigualdades entre oprimidos y opresores.
Los maestros canadienses, los de Estados Unidos, los griegos y españoles, los maestros mexicanos y chilenos y los de otros países donde el sistema neoliberal sigue vigente, vienen enfrentado los mismos problemas a los que se enfrentan los maestros peruanos de todos los niveles de la escuela pública, abrumados por los mismos contenidos legales que en el Perú se llama hoy Ley de Reforma Magisterial.  ¿Conocen esta realidad mundial nuestros legisladores, doña Nadine Heredia y su esposo Presidente Ollanta Humala?  Habría que perdonarle al General Daniel Mora, pues su profesión no se acerca ni a los rudimentos de la pedagogía.
¡La lucha continúa, queridos maestros peruanos!
Lima, octubre 25 del 2012
amazonayahuascaramos@yahoo.es
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miércoles, 22 de agosto de 2012

A LOS 40 AÑOS DEL SUTEP LOS MAESTROS PERUANOS SIGUEN LUCHANDO

A los 40 años del SUTEP los maestros peruanos siguen luchando
José Ramos Bosmediano, ex Secretario General del SUTEP
A ellos, a los que siempre luchan
 
EL sábado pasado, 18 de agosto, el Sindicato Único de los Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) ha decidido iniciar una nueva huelga nacional indefinida a partir del próximo 5 de setiembre. 
Una larga historia de heroica lucha
Quién no conoce la historia de la lucha de los maestros en América Latina, como lo demostró José Carlos Mariátegui en su libro "Temas de Educación" al mencionar y valorar el esfuerzo reivindicativo de los maestros chilenos, argentinos y uruguayos, pioneros en la organización sindical de los profesores latinoamericanos cuya lucha por sus derechos laborales estaba unida a la lucha por la transformación social y por una nueva educación, en momentos en que la vanguardia socialista impulsaba la lucha de los trabajadores.  Desde los albores de las luchas sociales en nuestros `pueblos latinoamericanos, pues, ha sido la izquierda la impulsora de ellas, no la derecha, que siempre ha estado comprometida con el atraso económico y social y con la conservación de las estructuras de dominación, desigualdad e injusticia, la que  para encubrir su papel conservador ha solido y suele acusar a los izquierdistas de "manipuladores" de las masas, pero, cuando ha podido, esa derecha  ha utilizado a los maestros para sus fines electorales al servicio de la dominación oligárquica.
Desde la década de los años 60 del siglo XX los maestros latinoamericanos emprendieron un proceso de organizaciónl para fundar sindicatos únicos de tendencia clasista , pues el sindicalismo "libre" exportada desde Estados Unidos había convertido a los gremios de trabajadores en simples instrumentos de pasividad sindical para favorecer a las clases dominantes, hecho que se dio también en los gremios magisteriales, donde había más de un sindicato, fragmentación que impedía la lucha unitaria por sus derechos.  Esa experiencia lo conocimos en el Perú de aquella década.
El movimiento de unificación del magisterio de las décadas de los 60 y los 70 fue continental, incluso mundial.  En ese contexto surgieron los nuevos sindicatos magisteriales en Argentina, Brasil, Ecuador, Honduras, Colombia, etc.
En el Perú se fundó el SUTEP día 6 de julio de 1972 en un Congreso Nacional que por primera vez en nuestro decidió dotar a los maestros de una organización de unidad clasista, con un Pliego de Reclamos que reclamaba los  derechos fundamentales:  un sueldo básico para todos los maestros, su estabilidad laboral, el derecho irrestricto a su organización sindical y a la huelga, pero también el derecho a proponer políticas educativas para cambiar el caduco sistema educativo.  Uno de los aportes más significativos del SUTEP, desde su fundación, es su presencia en las luchas del pueblo peruano, participando activamente en la fundación de los Frentes de Defensa de los Intereses del Pueblo (FEDIP), una relación fluida de los maestros con los sectores explotados de nuestro país, relación que para la derecha es, casi, un "delito" y una "ofensa" contra la vieja concepción que define al maestro como un "apóstol" pasivo e inclinado frente al poder de turno. No es casual que el filósofo Luis Felipe Alarco, cuando fue Ministro de Educación en 1980, dijo que durante los 12 años de la dictadura militar de 1968-1980 fue el SUTEP el que había salvado la dignidad nacional.  Le costó el cargo, pero decía la verdad.   En estos años se sigue escuchando y leyendo opiniones que tratan de negar a los maestros el derecho de participación en la vida política del país, idea oscurantista que tiñe también el proyecto de reforma de la ley magisterial que el gobierno "nacionalista" ha puesto en manos del Congreso de la República.
Hasta hoy son nueve huelgas protagonizadas por el SUTEP, decenas de paros y  movilizaciones, muchos de ellos en unidad con los demás sindicatos y los Frentes de Defensa.  La lucha contra el fujimontesinismo tuvo en el SUTEP uno de los factores más importantes, especialmente en la lucha contra su reforma educativa neoliberal, madre de la política magisterial de los tres primeros gobiernos de este siglo XX y que el actual se empecina en perpetuar.  Aunque se pretenda ocultar, el SUTEP jugó un rol movilizador contra la Constitución fujimontesinista que se impuso a través del fraudulento Referéndum del 31 de octubre de 1993, defendida hoy, sin ninguna vergüenza, por los posteriores gobernantes.
¿Cómo han respondido las clases dominantes y sus voceros oficiales y oficiosos a la lucha del SUTEP?  En una primera etapa, negando las justas exigencias de los maestros y reprimiendo a los dirigentes con cárceles, juicios, maltratos físicos y destituciones del trabajo.  Al arribar el neoliberalismo y su reforma educativa a la chilena, empezaron a esgrimir la mentira de que el SUTEP y los maestros son los culpables de la crisis educativa, argumento con el cual han llegado a embaucar a no pocos padres de familia, periodistas ignorantes y/o venales, así como a tantos "expertos"  en educación.  Para los negociantes de la educación privada este argumento es el mejor recurso para seguir expandiendo ese vil negocio.  Al mismo tiempo, la derecha acusó también al SUTEP por su falta de propuesta educativa, pero cuando el sindicato presentó su proyecto educativo al Parlamento fujimorista (1994) y nuevamente en el año 2002, esa derecha se negó a discutir las propuestas, tal como está haciendo en estos momentos con el Proyecto de Ley Magisterial presentado al Parlamento actual por el sindicato.
En esta larga lucha el factor interno que siempre jugó  un papel disociador y hasta favorable a la acción divisionista de los gobiernos y sus fines antisindicales fue Sendero Luminoso.  Su acción  divisionista se percibe mejor en estos momentos cuando inicia una "huelga nacional" en nombre pero al margen del sindicato, levantando las reivindicaciones contra las cuales se pronunciaba en el pasado.  Su "huelga nacional" fue tan "contundente" que se está desmoronando al margen de los "iluminados dirigentes", quienes están dispuestos a firmar actas en las cuales los funcionarios del gobierno les prometan "conversar después".  En cuanto se enteraron del próximo inicio de la huelga indefinida del SUTEP, los senderistas vienen declarando que la suspensión de su "huelga nacional" es "temporal", como si el regreso a clases de los maestros involucrados en esa irresponsable aventura hubiese sido el resultado de algún evento deliberativo de su organismo supuestamente sindical, el CONARE, fachada del MOVADEF, fachada política, a su vez, de Sendero Luminoso.
Una huelga justa
En condiciones  muy especiales la huelga programada para el 5 de setiembre será una lucha que requiere el máximo acatamiento y la unidad más férrea en torno a la dirigencia nacional y su Comité Nacional de Lucha.
Requiere el apoyo de los demás sindicatos, de los padres de familia, de los estudiantes y de las fuerzas políticas de izquierda y progresistas, pues la  derecha neoliberal está dispuesta a cerrar filas para la defensa de la política magisterial neoliberal que propicia ahorro fiscal con el argumento tecnocrático y productivista de la "meritocracia".  Esa derecha neoliberal se unifica hoy en torno al gobierno del Presidente Ollanta Humala y su Ministro de Economía Luis Castilla, funcionario made in USA-Banco Mundial, funcionario quien podría estar en el mismo cargo con el gobierno español de Rajoy, en esa España donde los derechos de los maestros y el derecho mismo a la educación siguen recortándose para cumplir con las exigencias de los banqueros europeos y estadounidenses.
La derecha neoliberal está dispuesta a derrotar el movimiento magisterial del SUTEP.  Como lo insinuó el único intelectual aprista, camuflado en La República, esa derecha prefiere un SUTEP en manos de Sendero Luminoso, pues no duraría ni un año para desaparecer.  Por su parte, el APRA busca derrotar al SUTEP para generar otro sindicato, dócil al neoliberalismo que ese partido defiende hoy con vehemencia, dando un primer paso con la  conformación de  un segmento magisterial "privilegiado"  a través de su Ley de Carrera Pública Magisterial 2007).
Será, pues, una lucha compleja, difícil, pero también definitoria del futuro desarrollo del SUTEP, mucho mejor con la conquista de una nueva Ley Magisterial que recupere los derechos de los docentes y siente las bases para el ejercicio de la docencia en mejores condiciones materiales y espirituales, en las cuales la llamada "meritocracia" no solamente sobra, sino que es un factor que profundizará aún más la crisis de la educación peruana. 
La huelga que se iniciará el 5 de setiembre es justa y razonable.  Justa porque el diálogo con el gobierno ha sido un engaño por parte del gobierno, de manera que a los maestros no les queda otra alternativa que recurrir a otras formas de lucha.  Razonable, porque las exigencias del SUTEP responden a las necesidades reivindicativas de los maestros peruanos, aspiraciones postergadas y sustituidas por medidas contrarias a los derechos conquistados en tantos años de lucha; y porque el contenido de la Ley de Reforma es, simplemente, un clon de la Ley de Carrera Pública Magisterial vapuleada por la mayoría de los docentes.
Como para demostrar mejor el contenido neoliberal  del proyecto del gobierno, uno de los altos burócratas del Ministerio de Educación, el Viceministro de Gestión Pedagógica, Martín Vegas, está garantizando pensión jubilatoria del 60% de la remuneración mensual; es decir, no hay, según la nueva ley, pensión digna para los maestros que se jubilan, como no hay estabilidad laboral.  En el colmo de la burla contra los maestros, considera como un gran aumento los 100 soles que ofrece el gobierno para todos los maestros, cuando el costo de la canasta básica bordea los 2000 soles.  Para los gobernantes actuales los maestros pueden trabajar con un salario equivalente a cuatro almuerzos de un alto burócrata.  Martín Vegas, como se sabe, viene de Foro Educativo, una ONG que siempre ha ponderado su papel en la generación de un proyecto educativo que permita mejorar la educación peruana.  La Ministra de Educación  viene también de esa cantera, así como la mayoría de los miembros del Consejo Educativo Nacional; y del Consorcio de Educadores Católicos.  En suma: la educación privada orientando a la educación pública.
¡Es demagogia pura hablar todos los días de logros en el aprendizaje manteniendo una política magisterial contraria a las necesidades reales de los maestros!  Esta contradicción indigna a los  maestros peruanos y convierte en justa y razonable la huelga indefinida que iniciarán el 5 de setiembre.
¡Honor a los mártires del magisterio peruano asesinados por el Estado y por Sendero Luminoso!
Lima, 22 de agosto del 2012


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sábado, 11 de agosto de 2012

Nueva Ley del Profesorado: cuestiones previas

José Ramos Bosmediano, ex Secretario General del SUTEP (Perú)
 
Un nueva  Ley para los profesores del Perú se empieza a discutir a propuesta del gobierno del Presidente Ollanta Humala con la denominación Ley de Desarrollo Docente (LDD), que debe ser aprobado por el Parlamento para su promulgación, reglamentación y ejecución.  La nueva norma reemplazaría a la denominada Ley del Profesorado (LP, 24029) de 1984, modificada por la Ley 25212 en 1990; también sustituiría a la Ley de Carrera Pública Magisterial (LCPM, 29062)  promulgada por el segundo gobierno aprista  el 2007. 
La Ley de 1984 y su modificación de 1990 fue, sobre todo, el fruto de una larga lucha del magisterio organizado en su sindicato, el SUTEP, increíblemente con la oposición de los senderistas que ahora dicen luchar para defenderla (hay que reiterar su eslogan de aquellos años: "la ley no se come"). Igual ocurre con los apristas, quienes consideraban que la LP les pertenecía, pero hoy la consideran indefendible, comprometidos, como están, con el programa neoliberal de su nuevo socio político, el fujimorismo con su impronta corrupta  y todo.
 La Ley 29062, en cambio, fue promulgada al margen de las opiniones del magisterio y su sindicato, producto de un largo proceso de imposición de la reforma educativa neoliberal, privatizadora de la  educación y con una política de desregulación del trabajo docente para, en el mediano plazo, desligar las relaciones laborales de los maestros con el gobierno central.  No es casual que los 55 mil docentes incorporados a la LCPM empiezan de cero, hablando de su tiempo de servicios, sin los derechos establecidos en la LP, sometidos a evaluaciones estandarizadas con nulo valor pedagógico. 
No se sabe aún los contenidos que finalmente tendrá la nueva Ley, pues los apristas y fujimoristas, amén de otros sectores neoliberales del desacreditado Parlamento, están dispuestos a defender todo lo que contiene la LCPM, sin ninguna concesión a los derechos reivindicativos de los maestros.  En tal escenario, preferimos establecer algunas cuestiones previas que permitan entender lo que hoy se propone desde el gobierno como nueva ley docente y qué posibilidades tienen los maestros para defender sus derechos como profesionales y trabajadores de la educación.
La cuestión del nombre de la Ley
Tengo la certeza de que los autores del Proyecto  han querido distanciarse de las leyes que pretenden derogar y han elegido una denominación que contiene los dos aspectos  que comprende ser maestro: el de agente principal de la educación, formador en las aulas y  responsable principal del proceso enseñanza-aprendizaje; y el de sujeto de derechos como trabajador de la enseñanza.  Según estos criterios la denominación (LDD) sería pertinente, pero observando que no se aleja de la concepción neoliberal que contiene la LCPM.
Y no es que en las dos leyes en cuestión falten los dos aspectos, pero en la  LCPM, con el pretexto de la evaluación, prácticamente se elimina el aspecto de los derechos con un enfoque individualista de la tan mentada meritocracia en tanto "los mejores maestros" llegarían a los últimos niveles del escalafón, consecuentemente a percibir salarios "envidiables" para "los peores  maestros", con la consecuencia inevitable de que la mayoría de  niños y adolescentes estarían condenados a tener maestros supuestamente ineficientes. En el fondo de este enfoque de la carrera docente está el objetivo de elitizarla para, (1) concentrar el gasto salarial en un grupo pequeño, ahorrando recursos fiscales; (2) dividir a los maestros para debilitar su organización sindical dando paso a un nuevo sindicato de magísteres y doctores en educación, requisitos para acceder a los niveles IV y V. Con esta visión, en el supuesto negado de que sea sincera, nunca se podría mejorar, por lo menos, el destartalado sistema educativo peruano, pues con un grupo mayoritario de maestros mal pagados y considerados "comechados", burros" e "ineficientes", seguiríamos en la misma ruta de la crisis de la educación. Pero como todos los gobernantes del Perú actual, desde alcaldes hasta parlamentarios, magistrados del Poder Judicial, burócratas adecuadamente remunerados, empresarios, amén de empleados privados con cierta holgura salarial, no tienen el menor interés de defender la escuela pública, salvo como pose electoral, ni les interesa el destino de los maestros de esa "escuela de los pobres", pues  el ascenso social de sus vástagos está hoy en la educación privada  que les seguirá asegurando formar parte del puñado de privilegiados.
Si con el nombre de la nueva Ley que se pretende aprobar muy pronto se logra alejarse de la visión neoliberal de la carrera pública magisterial, se podría contribuir, por lo menos en algo, a superar una parte del problema de la educación peruana, que no es, centralmente, el desempeño  docente.
La cuestión del papel de los maestros en la crisis de la educación
Es decir, de la Ley que establece sus derechos y obligaciones.  En los tiempos que corren   desde la imposición de la reforma educativa neoliberal, hace ya 20 años, se ha vuelto un lugar común para "expertos" e ignorantes en teoría educativa que el culpable de la crisis de la educación en el Perú es el magisterio de la escuela pública.  Este discurso se viene repitiendo y está en la base de toda la argumentación que propicia la evaluación estandarizada de los maestros para "seleccionar a los mejores". El Banco Mundial ha promovido esta visión en todos los países latinoamericanos a partir de la desastrosa experiencia chilena que está exhibiendo hoy el fracaso de la reforma neoliberal, donde los únicos que no han fracasado son los dueños de la educación privada subvencionada por el Estado chileno, con altas tasas de ganancias y resultados de mayores desigualdades educativas, reforma que va atada al programa económico neoliberal de los "Chicago Boys".  Los reformadores y evaluadores neoliberales pueden sorprender con su mediocre teoría a los que desconocen los procesos de reforma que, bajo esos parámetros, se han producido en Colombia, Honduras, México, la Nicaragua bajo el neoliberalismo de los 90 del siglo XX, Bolivia de Sánchez de Lozada, etc., experiencias analizadas, con algún optimismo, por el profesor José Rivero en un libro singular escrito en aquella dácada.
Lo que están defendiendo apristas y fujimoristas es la idea de que no importa el salario de un maestro para que su trabajo sea eficiente ya que logrará  ser mejor remunerado cuando haya demostrado ser "el mejor"; mientras tanto, unos 25 años en el mejor de los casos, que siga enseñando y dedicándose al mismo tiempo, para sobrevivir, a otras actividades: taxista, cantinero,  profesor en escuelas privadas en uno de los turnos, jornalero en las plantaciones de la burguesía agraria de la costa, vendedor ambulante, ente otras actividades, de las cuales, entre las profesoras, sobresale la venta de los productos de UNIQUE, actividad que les demanda el precioso tiempo de no menos de 3 horas al día. 
El papel del maestro en un sistema educativo es fundamental en el proceso enseñanza-aprendizaje, pero no va más allá de las condiciones sociales que influyen en la escuela, sus propias condiciones de existencia material y espiritual.  Su preparación profesional, su vocación forjada a lo largo de esa preparación y del ejercicio mismo de la docencia, su mística como forjador de nuevas generaciones: todo tiene sus límites si la sociedad, a través del Estado, desatiende sus necesidades materiales y espirituales.  Para los neoliberales esta visión carece de valor, pues, para ellos, cuanto menos se gasta en la escuela pública más espacio se abre para la expansión de la educación privada.  Los apristas se han convertido en los más entusiastas gestores de la visión neoliberal de la educación con el negocio redondo de la Universidad Privada San Martín de Porres bajo la rectoría del ingeniero industrial  José Antonio Chang, donde regentan una "Escuela de Gobernabilidad" bajo la batuta del señor Alan García Pérez, cuyos dos gobiernos son objeto de sendos juicios por corrupción, con indicios y hasta pruebas, lo que significa que su "escuela" es un modelo de lo que no se debe hacer en educación ni en gobernabilidad.
La cuestión del papel del sindicato magisterial
La  Resolución Relativa a los Maestros que la UNESCO  aprobó el 5  de octubre de 1966 establece que los estados tienen la obligación de tener en cuenta las opiniones de los enseñantes o maestros sobre políticas educativas.  El Perú es firmante de esa Resolución, que además establece la obligación de reconocer los derechos laborales y profesionales de los docentes, incluyendo el derecho a la sindicalización.
Si hay una organización que se ha preocupado permanentemente por el derecho a la educación pública gratuita e integral de todos los peruanos, de la igualdad de oportunidades para todos, de los derechos de los maestros como profesionales y como trabajadores, ha sido el sindicato, el SUTEP, fundado en 1972.  Su crecimiento y consolidación como sindicato único se explica por esa consecuencia en la lucha, incluso unida a la resistencia contra todo tipo de dictaduras (uno de los ministros del segundo gobierno del ex Presidente Fernando Belaúnde Terry llegó a decir que durante la dictadura militar de 1968-1980 el SUTEP había salvado la dignidad nacional), mientras los grupos políticos que se unen hoy para combatir al sindicato y oponerse a participar en el proceso de evaluación de los maestros, se coludieron con esas dictaduras y, como es el caso del APRA, asumieron el programa neoliberal de una de las dictaduras más sucias de la historia republicana del Perú: el programa del fujimorismo.
Apristas y fujimoristas tienen doble razón para defender su sacrosanta LCPM, incluso para conservar el mismo nombre en la futura Ley.  La principal, mantener los contendidos individualistas de la meritocracia y su evaluación estandarizada, elitistas, de la profesión docente.  La segunda, políticamente necesaria para ellos, presionar y chantajear al gobernó para  propiciar, por el lado del fujimorismo, medidas judiciales favorables a la mafia en cárcel, aprovechando la ventana abierta por el magistrado fujimorista Javier Villa Stein. Por el lado de los apristas, el chantaje para frenar la investigación que pesa sobre su segundo gobierno por corrupción, pero también por el juicio contra el grupo criminal Rodrigo Franco de su primer gobierno.
El intento actual de promulgar una nueva Ley Docente no se da al margen de la lucha  del sindicato de maestros, el SUTEP.  Sin su lucha contra ese engendro antipedagógico, antimagisterial y antisindical, la LCPM 2007, no estaríamos en esta etapa de nueva formulación.  La persistencia de los sutepistas para traerla abajo no puede ser desconocida por nadie;  y los apristas y fujimoristas, amén de todos los neoliberales que defienden la privatización de la educación y la situación de pauperización de los maestros de la escuela pública., lo saben perfectamente.  El propio Presidente Humala tuvo que ofrecer restituir los derechos de los docentes para obtener el apoyo de ese sector de trabajadores estatales.
El sindicato, aún con la nefasta presencia del senderismo y su plan divisionista, y de un sector de maestros que siempre han demostrado su indiferencia, cuando no su oposición al SUTEP, seguirá cumpliendo su papel como factor de la lucha por sus derechos magisteriales y por una nueva educación en el Perú, sobre todo por defender la dignidad de los maestros, vistos por los poderosos y sus operadores como "maestritos" que solo tienen derecho a un salario de hambre, casi a ser mendigos y sujetos a las acusaciones más arbitrarias en materia educativa.
Si los "ilustres" legisladores logran aislar al SUTEP de los procesos de evaluación docente y, acaso también, hasta de las comisiones de trabajo administrativo, ello no será una decisión que perjudique principalmente al sindicato, sino a la propia educación, pues la plaga de la corrupción en los organismos intermedios del Ministerio de Educación y de los gobiernos regionales tendrá carta libre para mantenerse y acrecentarse.  Me consta, como ex dirigente del SUTEP, que el sindicato ha tenido un rol de primer orden en la fiscalización de las evaluaciones, procesos administrativos y de  contratos, incluso en las direcciones de escuela, lo que me recuerda que mi subrogación (al lado de otros maestros en Alto Amazonas, Loreto) de 1976 tuvo como motivo "castigarme" por denunciar irregularidades en un colegio, mientras que los juzgadores y cómplices  fueron premiados con cargos de confianza.
Los neoliberales creen que aislando al SUTEP resolverán el problema de la enseñanza, o destruirán al sindicato.  Pero su posición, además de ser antidemocrática, al quitar responsabilidad a los maestros de la marcha de la administración de la educación, no sustraerá al gremio la libertad de  fiscalizar los procesos administrativos, sin necesidad  de tener responsabilidad alguna en ellos.   Por el sistema de corrupción imperante en el Perú,  la decisión neoliberal sobre la no participación del SUTEP en la evaluación de los maestros tendrá efectos contraproducentes para los supuestos objetivos moralizadores de los apristas y fujimoristas, quienes, en el colmo de la ignorancia,  dicen  pretender evitar que "el gato sea el despensero", como ellos lo han sido en el manejo del Estado.
Debe quedar claro que el SUTEP tiene todo el derecho de ser considerado como parte en los procesos administrativos y las comisiones correspondientes.  Que el Estado no considere esa posibilidad es de su absoluta responsabilidad por las consecuencias que esa decisión traería.
La cuestión de los derechos docentes
Según la lectura del primer proyecto de la LDD hay un conjunto de derechos magisteriales recogidos de la LP, aun cuando no se fija bien el derecho a la estabilidad laboral, fundamental  para  los maestros y para todo trabajador, derecho tan venido a menos en el Perú neoliberal que vivimos, en aras de la "productividad" y la "competitividad", cuando no de la "calidad del servicio".
Los docentes de la escuela privada están fuera del alcance de la futura Ley, prueba de que esta no  está  lejos a de la concepción neoliberal de mantener la división del sistema educativo que prioriza la privatización de la enseñanza.  Este enfoque es congruente con el origen social, político  y educativo de los coautores de la Ley,  desde el Presidente de la República cuyas hijas estudian en la escuela privada, hasta los propios conductores del Ministerio de Educación cuyas concepciones pedagógicas son afines a las del Consorcio de Educadores Católicos, promotores de gran parte de la educación privada.  En un marco de concepciones privatizadoras de la educación cualquier reforma  que pueda disminuir el peso de lo privado es, simplemente, imposible.  Las buenas intenciones y hasta las expresiones de "compromiso con los pobres" carecen de importancia para dignificar a los maestros y crear las condiciones necesarias para el ejercicio pleno de la función docente.
La cuestión del "qué hacer" frente a la nueva Ley
El hecho mismo de una nueva Ley Magisterial constituye una derrota política al proyecto aprista-fujimorista que buscó  dividir a  los maestros ("excelentes" / "mediocres") y al sindicato creando una "elite"  mejor remunerada  por igual trabajo, hecho contrario al principio laboral universal de "igual remuneración por igual trabajo", lo que solo puede variar con el tiempo se servicios y el acceso en la escala de carrera profesional.  
 Es evidente que la derrota fuji-aprista es, en gran parte, una victoria del SUTEP Y de la gran mayoría de los maestros que, con la sabiduría acumulada en 40 años de lucha por sus derechos, rechazaron la política magisterial de esencia neoliberal., pese a la exuberante propaganda desplegada por el gobierno aprista usando a supuestos maestros que coreaban las "bondades" de la LCPM en la TV y en las emisoras radiales.  Es casi unánime el positivo criterio de la unificación del magisterio peruano en un solo sistema laboral, necesidad no solamente magisterial, sino educativa.
La nueva ley Magisterial rescata parte de los derechos establecidos en la LP, aunque sin ser especificadas en términos económicos y de financiación.
La presencia de la "meritocracia" como concepción fundamental es parte de la visón neoliberal del gobierno actual y de los coautores del Proyecto, lo que con toda seguridad será refrendada por los congresistas, pues gran parte de ellos son los mismos que dieron su aprobación a la LCPM del gobierno aprista; y casi todos carecen de la capacidad cultural suficiente como para discutir el problema de la educación nacional con criterios plausibles.  La  concepción meritocrática pretende ser llevada a toda la administración pública y será una fuente permanente de contradicciones entre los trabajadores y no necesariamente factor de eficiencia en el manejo del Estado.
El Proyecto de LDD mantiene el sistema de los contratos para el ejercicio de la docencia durante todo el año lectivo.  Los contratos para cubrir licencias o para cubrir horas excedentes son razonables y siempre han existido; pero seguir manteniendo a miles de docentes en contratados no contribuye a mejorar el rendimiento docente ni dar continuidad al proceso enseñanza aprendizaje en las escuelas.  
 El nuevo proyecto introduce el cuestionable criterio de medir la eficiencia docente según el  resultado de los aprendizajes con mediciones que traspasan la evaluación de los maestros en el aula, cuya labor evaluadora quedará sencillamente desautorizada, aprendizajes que "deben producirse" al margen de las condiciones de existencia de los estudiantes, del estado físico de las escuelas y sus carencias pedagógicas que escapan a las posibilidades de los propios maestros.  En este procedimiento también está la teoría productivista traída a la educación desde las empresas de la producción material.
En las condiciones actuales del magisterio peruano, principalmente del SUTEP, queda la posibilidad y necesidad de analizar adecuadamente los alcances de la futura LDD según  el Proyecto de Ley entregado al Parlamento por el sindicato, que recoge  y actualiza lo establecido en la LP, y exigir que la representación sindical sea tenida en cuenta.  De ser negada esta posibilidad, el SUTEP tiene todo el derecho de expresarse públicamente y mantener su lucha reivindicativa.  Por lo demás,  la nueva Ley no reivindicará plenamente a los maestros peruanos, principalmente por los ingredientes neoliberales que mantiene.  Considerarla un paso importante no puede hacer ocultar sus limitaciones.  Esto lleva a preparar las fuerzas para seguir exigiendo las reivindicaciones no consideradas, incluyendo la lucha por un presupuesto adecuado para la educación, la consideración de los maestros de la educación privada y de los cesantes y jubilados, ambos sectores ausentes en la futura Ley.
Solo un análisis integral del Proyecto de LDD y de la Ley aprobada, con la evaluación de las posibilidades reales del sindicato, se podrá orientar a los maestros para proseguir la lucha por sus justas reivindicaciones y por la defensa de la educación pública gratuita, universal e integral, aspectos indesligables para los maestros. 
Ex ministros, ex funcionarios de la burocracia administrativa del Ministerio de Educación y "expertos" que nunca se han opuesto a la reforma educativa neoliberal y su política magisterial, se esmeran hoy en ofrecer sus aportes, sus  críticas y hasta su aprobación al contenido de la futura Ley.  Nada hicieron por cambiar el armatoste neoliberal en educación, más bien se convirtieron en soportes burocráticos de lo hecho por el fujimorismo y de su prolongación programática actual. 
 
El erróneo mensaje que hoy circula desde el gobierno, desde los "expertos" y desde los medios de comunicación es que con la nueva Ley Docente los maestros aseguran la superación de la crisis de la educación peruana.  Mensaje confunde reforma educativa con nuevas condiciones de trabajo para los docentes.  Una Ley Docente,  más justa que sea, carece de la fuerza suficiente para transformar el sistema educativo en crisis.  Esa transformación dependerá de una reforma educacional de fondo.  Es la batalla más grande que deben dar los maestros.
La unidad de los maestros, ahora mejor condicionada en torno a un solo sistema laboral, es la tarea central organizativa, especialmente en el sector de los maestros  jóvenes que, en las últimas dos décadas, han sido formados con criterios pedagógicos neoliberales e individualistas.
El escollo más difícil de salvar es la división construida por el senderismo con un movimiento centrífugo aprovechando las justas aspiraciones de un sector radicalizado de maestros del sur del país.  En el fondo es un movimiento economicista utilizado por el senderismo para sus fines políticos: ensanchar su influencia para exigir la liberación de sus líderes, por un lado, y apoderarse de la dirección del SUTEP,  por otro.   En su movimiento huelguístico se une el anarquismo más irresponsable con el economicismo de las masas magisteriales descontentas que no ven el problema de conjunto.  A los fujimoristas y a los apristas les favorece este movimiento, pues ellos también quisieran de todo se convierta en nebulosa para ocultar sus trapacerías.  Como dijo Robespierre cuando deslindaba contra los "radicales" que pregonaban la guerra y los moderados girondinos que buscaban la salvación del Rey Luis XVI, "ambos polos se juntan", en este caso los senderistas y los fuji-apristas para destruir el SUTEP.
Lima, agosto 11 del 2012
 
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miércoles, 8 de agosto de 2012

Educación peruana: hacia una nueva Ley del Profesorado

Educación peruana: hacia una nueva Ley del Profesorado

 
José Ramos Bosmediano, miembro de la Red Social para la Escuela Pública en las Américas (Red SEPA, Canadá), ex Secretario General del SUTEP (Perú)
 
Una vez más  el  Sindicato Único de los Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) viene proponiendo una nueva Ley Magisterial para recuperar sus derechos conculcados por la reforma educativa neoliberal impuesta en la década del 90 del siglo pasado, continuada  en estos años del siglo XXI.  La propuesta se basa, fundamentalmente, en el contenido de la Ley 24029 y la que la modificó, Ley 25212. La propuesta se encuentra en proceso de discusión y recojo de aportes desde las mismas bases del gremio.  Por su parte, el actual gobierno del Presidente Ollanta persiste en seguir manteniendo la denominada Ley de Carrera Pública Magisterial (No. 29062) promulgada por el gobierno aprista con el apoyo de todos los privatizadores de la educación, es decir, de toda la derecha, el apoyo implícito de algunos grupos que se autodefinen de izquierda.
Como ex Secretario General del glorioso sindicato, atacado desde todos los sectores de las clases dominantes y, evidentemente desde las trincheras de los propietarios de la educación privada, con algunas excepciones por cierto, he participado en las propuestas y luchas anteriores a lo largo de casi 40 años de existencia del SUTEP.  Por tanto, considero conveniente ofrecer algunas apreciaciones sobre el contenido del proyecto de Ley.

Una sumaria y pertinente introducción

Antes de abordar el contenido mismo de la propuesta actual, es conveniente, especialmente para los nuevos maestros, señalar los hechos ocurridos en largos años del SUTEP para conseguir las reivindicaciones de los maestros peruanos de la educación básica, pues hay quienes consideran que lo que hoy se plantea es algo nuevo y que el sindicato nunca hizo nada por los derechos docentes.
Uno de los problemas que la educación peruana y la del mundo han venido afrontando es, sin duda alguna, la de la situación laboral de los maestros, no solo de la escuela pública, sino de los que trabajan en los centros educativos privados. En la propia Europa desarrollada del siglo XIX, no obstante la avanzada conciencia del rol de los maestros y sus derechos como trabajadores de la educación, sobre todo luego de la Revolución Francesa que estableció la formación profesional de los educadores creando la Escuela Normal en 1784, las condiciones de trabajo de los maestros y su misma preparación, eran muy deficientes, casi calamitosas.  Algunos de esos problemas fueron abordados por la reforma educativa de la Unión Europea de 1984-1994). En Latinoamérica y demás países del tercer mundo eran aún mucho peores.
Uruguay, Argentina, Chile y México, desde la segunda década del siglo XX, marcaron un rumbo en la organización sindical de los maestros tanto para reclamar sus derechos cuanto para plantear la superación estructural de sus sistemas educativos para conquistar una educación democrática y científica, pues la herencia colonial supérstite impedía el derecho a la educación de la gran mayoría de sus ciudadanos, a la vez que los educadores estaban sometidos a condiciones laborales ignominiosas, pero a quienes, sin embargo, se les exigía un "apostolado"sin las condiciones adecuadas para ejercer la profesión docente.
Durante la década de los 60 del siglo XX la UNESCO puso un interés especial sobre la situación de los enseñantes, es decir, de los maestros de todo el mundo, tomando en consideración la función social de estos trabajadores y que, como tales, merecen también una consideración especial de parte de la sociedad, de los estados y de los gobiernos.  En tal sentido fue aprobada la Resolución Relativa a la Situación de los Maestros y firmada el día 5 de octubre de 1966 (fecha que ha quedado con la denominación de "Día Mundial de los Docentes"), documento firmado por todos los países del mundo pertenecientes a la ONU en ese tiempo. Hasta entonces, en la gran mayoría de países los maestros estaban ya organizados gremialmente, habiendo desarrollado luchas huelguísticas por sus derechos, como ocurrió, por ejemplo, en el Perú, con la huelga nacional de 1965 que obligó al primer gobierno del Arquitecto Fernando Belaúnde Terry a promulgar la Ley 15215 como Estatuto del docente peruano con un escalafón magisterial que jamás fue aplicado, salvo en las normas referidas a las sanciones a los docentes.
En esa misma década, en numerosos países europeos y latinoamericanos. los maestros empezaron a organizarse en sindicatos únicos para superar su división interna por niveles, a efecto de ganar fuerza para conquistar sus reivindicaciones, corriente que también llegó al Perú dando paso a la preparación y fundación del SUTEP en 1972.
Durante la década de los años 70 los maestros organizados en el SUTEP, frente la dictadura militar  impuesta por el golpe de Estado del 3 de octubre de 1968 y que se prolongara hasta 1980, el SUTEP fue una de las pocas fuerzas sociales que se enfrentó en las calles no solamente para reclamar las reivindicaciones magisteriales, sino también una educación democrática y científica, a la vez que apuntalaba la constitución de los frentes de defensa de los intereses del pueblo. Hoy, quienes detentan el poder del Estado y dicen lo que quieren en los medios de comunicación, ocultan el papel del SUTEP y demás organizaciones populares en la lucha para obligar a esa dictadura, en su "segunda fase" con el hoy "demócrata" Francisco Morales Bermúdez, a convocar a una Constituyente y a un proceso electoral para traspasar el gobierno a los civiles.
No bien instalado el nuevo gobierno civil el 28 de julio de 1980, el SUTEP presentó un Proyecto de Ley del Profesorado para que sea discutido y aprobado en el Congreso Nacional de dos cámaras en aquellos años.  Culminaba ya la segunda legislatura de 1984 y el Congreso no discutía el Proyecto. Lo hizo, sin embargo, presionado por la huelga nacional de hambre y las grandes movilizaciones de los maestros del SUTEP en diciembre de aquel año, confrontación que culminó con la promulgación de la Ley del Profesorado No. 24029, una  Ley que plasmaba muchas reivindicaciones de los maestros peruanos, pese a los recortes realizados en ambas cámaras legislativas. Es risible que viejos dirigentes apristas hayan afirmado que esa Ley les pertenece, como si ellos hubiesen sido los autores de la iniciativa.
Como el proyecto original fue podado en determinados puntos, al iniciarse el primer gobierno aprista (1985) el SUTEP volvió a presentar otro Proyecto de Ley con carácter de Modificatoria de la Ley 24029.  Pero, como en el caso anterior, culminaba ya la última legislatura de 1989, y la mayoría parlamentaria, aprista y acciopepecista, se negaba a discutir la propuesta, razón por la cual el SUTEP desarrolló una nueva huelga de hambre nacional el 29 de noviembre de aquel año, con grandes movilizaciones en todas las ciudades del Perú,  medida de lucha que se suspendió el 14 de diciembre cuando el Parlamento empezó a discutir y aprobar el Proyecto.  Aprobada la Ley por el Parlamento, sin embargo el Presidente Alan García Pérez se negó a promulgarla, devolviéndola al Congreso.  El SUTEP debió de realizar, casi al culminar el primer mandato gubernamental del APRA, una huelga nacional indefinida para obligar al gobierno la promulgación   y la reglamentación de la Ley Modificatoria No. 25212 con su Reglamento correspondiente. Queda claro, entonces, que la Ley del Profesorado 24029, su Modificatoria y su Reglamento no fueron la voluntad de los gobernantes de turno, sino de la acción de lucha de los maestros con su  sindicato, el SUTEP. 
Cabe recordar también que, durante la lucha por las modificaciones favorables a los derechos de los maestros,  los senderistas y sus aliados anarquistas (refugiados hoy, muchos de ellos,  en el gobierno del Presidente Humala) llegaron a afirmar que "la Ley no se come", posición economicista que los maestros rechazaron masivamente. A su vez, los apristas empezaron a "adueñarse" de la nueva Ley sin ruborizarse por su marcada oposición a discutirla y promulgarla, con la excepción del parlamentario aprista Ponce, maestro honesto y consecuente, al lado del también maestro y parlamentario Carranza Piedra, quienes apoyaron a los parlamentarios de izquierda y a los dirigentes del SUTEP en el proceso de discusión del Proyecto.
La nueva versión de la Ley del Profesorado 24029 se aplicó parcialmente hasta marzo de 1991, pues al asumir el gobierno el fujimorismo desde el 28 de julio de 1990, este empezó a aplicar el programa neoliberal dictado por el "Consenso de Washington" que obligaba a privatizar bienes y servicios públicos, disminuir drásticamente los gastos del Estado y, en consecuencia, anular todos los derechos económicos y profesionales de los servidores del Estado.  Fue así que en marzo de 1991 el gobierno del criminal y ladrón Alberto Fujimori decretó la suspensión indefinida de los derechos económicos de los maestros peruanos establecidos en la Ley del Profesorado.  El SUTEP, en defensa de esos derechos y también de la educación pública gratuita y universal, cuya privatización constituía uno de los pilares de las políticas públicas del fujimorismo, realizó una huelga indefinida que duró 109 días (mayo – agosto de 1991): ¡primero son los niños, no la  deuda externa!, fue el eslogan principal en esa huelga.
Toda la década de los 90 y todos los 11 años del presente siglo, los maestros peruanos han venido luchando para recuperar sus derechos conculcados por el neoliberalismo y sus gobiernos (Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García).  Los neoliberales, para justificar sus políticas contrarias a los derechos de los trabajadores, desarrollaron una campaña de desprestigio contra los maestros, a los cuales se les responsabiliza de la crisis educativa, imponiéndoles un sistema masivo de contratos temporales, concursos y evaluaciones estandarizadas para seleccionar "a los mejores", hasta que, finalmente, se les impuso la llamada Ley de Carrera Pública Magisterial, cuyo contenido legal e ideológico pertenece al Banco Mundial, cuyos expositores estuvieron en el Perú en seminarios y oros eventos organizados por el Ministerio de Educación durante el gobierno de transición del ex Presidente Valentín Paniagua (2000-2001), uno de los cuales se realizó a principios del siglo XXI bajo la dirección del extinto profesor de Filosofía de la Universidad Católica, Juan Abugatás.  Los textos de aquellas ponencias contienen los planteamientos básicos de la Ley 29062 (Carrera Pública Magisterial) promulgada por el segundo gobierno aprista que concluyó el 2011.  La nueva Ley, en realidad, promueve una compulsiva y antipedagógica competencia entre los maestros a cuenta de una supuesta "meritocracia", reduciendo la atención en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues el ideal supremo del docente se traduce enelevar su salario no como un derecho laboral de justicia, sino como consecuencia de resolver una prueba estandarizada y acumular diplomas, maestrías y hasta doctorados, de cuya idoneidad lo saben bien las variopintas universidades privadas que han proliferada bajo el manto del decreto 882, promulgado por el fujimorismo en 1966 y mantenido por los posteriores gobiernos "democráticos".
Hoy sabemos que los maestros incorporados a la nueva Ley no son mejores, pedagógicamente hablando, frente a la gran mayoría que ha  rechazado ese engendro neoliberal, como puede notarse en su propio desempeño; pues las deficiencias de todos los maestros deben ser explicadas dentro del contexto y  las condiciones en que ejercen su profesión, las que no han cambiado. Además siguen aplicando el mismo constructivismo fracasado, como parte de la también fracasada reforma educativa neoliberal.  En realidad, los maestros que han postulado a los concursos lo han hecho por una razón pragmática: elevar su remuneración, ya que la propaganda del gobierno aprista incidía en "mejores maestros, mejores salarios", más que en "mejores maestros, mejor alumnos", con spots televisivos tan ridículos como los argumentos del ex Ministro  José Antonio Chang para aplicar las pruebas estandarizadas.
En el momento actual nos encontramos con dos regímenes laborales para los maestros peruanos: el que rige para los maestros (la mayoría) sujetos a la Ley 24029, con salarios congelados y pensiones ridículas en el caso de los cesantes y jubilados, por un lado; y el que rige para los que han sido incorporados a la Ley 29062, con salarios que no van más allá del costo de la canasta básica familiar, que debiera de corresponder, en el peor de los casos, a todos los maestros de la educación básica.  Por supuesto que los neoliberales, aprista y no apristas, han logrado dividir a los maestros para debilitar su sindicato y, por ende, su lucha.
Entre recuperar la plena vigencia de la Ley del Profesorado 24029 o luchar por una nueva Ley Magisterial, el SUTEP, acertadamente, ha optado por esta segunda opción, lo que supone la derogatoria de la Ley 29062. 
Planeamientos centrales previos

Leyendo como un todo la propuesta de Ley del Profesorado como nueva propuesta del SUTEP, nos permite distinguir los planteamientos centrales y plausibles que ayudarían a recuperar los derechos de los maestros, actualizando, al mismo tiempo, conceptos que se relacionan con las nuevas exigencias para el ejercicio de la profesión docente.
Una primera cuestión es la necesidad de recuperar los derechos de los maestros que están considerados en la Ley 24029, siendo uno de ellos el de la estabilidad laboral en la misma plaza y escuela, pues el maestro no puede ser, como todo trabajador civil, sujeto a constantes desplazamientos "por motivos del servicio", como ya era una práctica durante la dictadura militar del General Francisco Morales Bermúdez; y que hoy se ha convertido en práctica permanente a través de los eternos concursos para contratos, a través de los cuales docentes de aula y hasta directores de escuelas no saben dónde trabajarán el próximo año lectivo, convirtiendo el trabajo docente en un desplazamiento continuo que no ayuda a consolidar el trabajo educativo en las escuelas.
Otro de los derechos es al de tener la garantía de una carrera pública y el ascenso correspondiente a través de una evaluación integral que tenga como centro, sin embargo, la práctica docente, es decir, su desempeño en el aula y en la escuela, considerando también la experiencia profesional traducido en tiempo de servicios; sus méritos en el proceso de su trabajo; el reconocimiento de la comunidad y de la sociedad frente a sus actividades en y fuera de la escuela; sus méritos intelectuales expresados en trabajos académicos y de creación cultural, si los hubiere; los diplomas o grados académicos que el maestros pueda obtener a lo largo de su carrera; y, claro, su actualización profesional que puede ser evaluada mediante una prueba de conocimientos y nuevas capacidades.
El derecho al ingreso a la carrera pública magisterial y al ascenso correspondiente a través de una evaluación permanente, integral, sistemática y formativa, dejando atrás la anticientífica evaluación estandarizada que el neoliberalismo ha venido imponiendo en estos años.
El derecho a una jornada laboral pedagógicamente adecuada que permita un desempeño eficiente del docente con el consiguiente beneficio académico para los  estudiantes, pues el trabajo docente no solamente exige un permanente ejercicio de estudio y planificación, sino un estado psicológico adecuado frente a grupos humanos en proceso de desarrollo y con personalidades diferenciadas desde todo punto de vista; realidad no comprendida por aquellos que ven en el maestro a un simple "facilitador" técnico a quien le basta tener conocimientos de la materia que va a enseñar y un poquito de técnicas didácticas.
El derecho a una remuneración que le permita dedicarse íntegramente a su profesión, sin dispersar su atención en otras actividades para buscar otros ingresos, sino también para tener mejores condiciones de superación cultural. La consideración del costo de vida es fundamental, pero no suficiente, pues el maestros tiene que estar también al día para superar la rutina que produce el ejercicio cotidiano de toda profesión ciento por ciento intelectual, como es la de enseñar.  ¿Cuántos libros de su especialidad o de cultura general debe adquirir el maestro,  mensual o anualmente, para mantenerse al día en el desarrollo de la cultura y de las ciencias correspondientes?  Si no tiene recursos para solventar estas necesidades profesionales, ¿con qué derecho los gobernantes le exigen un desempeño excelente?  Tampoco es suficiente: ¿puede el maestro, con sus remuneraciones, asistir a espectáculos de verdadero valor cultural y artístico?, ¿tiene acceso al periódico y a revistas de pedagogía y de investigación científica? Son preguntas necesarias para aquellos que juzgan a los maestros con la ignorancia más supina.
Estos derechos básicos de la profesión docente están incluidos en el proyecto que actualmente debate el SUTEP, con las especificaciones para entender su estructura interna y los elementos que los definen mejor.
Algunas observaciones y algunos aportes

Con una mirada más puntual en algunos conceptos y planteamientos, nos parece pertinente ofrecer observaciones y aportes para mejorar el texto. Seguiré el orden  del texto.
Debe establecerse con claridad el perfil conductor(lo subrayo) del maestro en el proceso enseñanza-aprendizaje para diferenciar ese papel del mero "facilitador", así como del concepto de "agente", palabra de pobre significado cuando se trata de formar a nuevos hombres.  Conducir es enseñar a aprender y también orientar, guiar, formar nuevas personalidades, en el caso de la educación.  Hasta en los orígenes griegos de esta profesión se trataba de "llevar de la mano" a los niños a la escuela, conducción que la pedagogía moderna tiene una traducción más completa.  En una de las tesis educativas que elaboramos en 1992 hay un texto breve sobre el perfil del maestro, cuyos conceptos considero deben ser tenidos en cuenta.
Es también importante diferenciar el peso profesional y pedagógico de lo que en el texto se denomina "formación inicial", término que viene de la UNESCO y su libro de 1996 "La educación encierra un tesoro", del que posee la "formación continua", de la misma fuente.  En realidad "formación inicial" da la idea de que los años de estudio para la consecución de un título profesional pedagógico tienen poco valor frente a la "formación continua".  Es al revés, en los estudios profesionales regulares se adquieren los fundamentos y capacidades fundamentales para ser maestro, como también para formarse en otras profesiones.  El autodidactismo, antesque una regla, es una excepción. La capacitación permanente posterior, práctica y teórica, no puede suplir a la primera.  Un profesional titulado con estudios mediocres no puede recuperar totalmente lo que no ha logrado aprender.  Los cinco años de formación profesional, si son de estudios serios y sistemáticos, no pueden ser iguales a cursos de capacitación permanente a distancia o en períodos cortos presenciales, etc.  Estos pueden ayudar a actualizarse y perfeccionarse en nuevas tecnologías, pero nada más.  Los neoliberales, para justificar la subvaluación de la profesión docente y del título profesional, pretenden otorgar a la "formación continua" el mayor peso académico para formar en los nuevos maestros la idea de que si no se "superan" no tienen derecho a una remuneración adecuada a su profesión.  Considero establecer que la formación profesional que otorga el título pedagógico en estudios universitarios (en adelante) es la principal, básica, fundamental, necesaria.  La capacitación permanente es complementaria.
Al hablar de democracia en educación debe establecerse la expresión"igualdad de oportunidades para todos", niños y jóvenes, sin necesidad de utilizar esa palabreja tan manida por los neoliberales, la "inclusión", con la cual pretenden reemplazar al término "igualdad".  El principio de justicia con el cual debe comprometerse el maestro se orienta a la igualdad como producto de una educación gratuita y universal, derecho humano que no está sujeto al deseo de "incluir" a los demás, pues es responsabilidad del Estado que debe dar las condiciones necesarias y suficientes para que la escuela  (y los maestros) desarrolle su trabajo.
Se debe establecer el derecho que tienen los maestros, a través de su gremio, de proponer alternativas en materia de políticas educativas, que sean escuchados y se promueva un diálogo serio para enriquecer esas políticas.  Otra cosa es que los gobernantes no incluyan los aportes de los maestros, lo que da lugar a la asunción de responsabilidades por quienes, desde el gobierno, imponen sus decisiones.
La formación de profesores debe realizarse, en adelante, en las universidades públicas, pues debe ser gratuita y sujeta a  una planificación en el tiempo y a una estructura curricular científica.  Dispersar la  formación de los maestros en establecimientos de distinta naturaleza y sujetos a intereses de personas y pequeños grupos es convertir a la formación docente en una suerte de fragmentación "formativa", consecuencia  que hoy vivimos luego de 20 años de negocios y mediocridades.
Las becas deben otorgarse exclusivamente para la formación de investigadores en el campo de la pedagogía y/o la administración de la educación.
No se debe dejar de precisar que entre los derechos de los maestros está la participación en actividades políticas y ciudadanas.  El maestro no es un ciudadano de segunda ni tercera categoría.
En el proceso de evaluación docente es necesario establecer que es una función del Ministerio de Educación con  sus instancias regionales, locales y escolares, mas no de terceros, incluidas las universidades, pues estas desarrollan su proceso de evaluación durante la formación de los maestros en sus aulas. Por lo demás, ya sabemos que con la tercerización de la evaluación docente hemos asistido a la mediocridad y al pillaje.
La Maestría y el Doctorado deben tener un peso específico en los puntajes para las evaluaciones, pero no como condiciones necesarias para postular a un determinado nivel de la escala profesional.  No es un requisito necesario tener un grado académico para el adecuado desempeño de la profesión docente en el aula.  Esos grados constituyen niveles superiores de investigación, también del ejercicio de la docencia en el nivel superior universitario.  Quienes han obtenido esos grados casi en ningún caso han permanecido como maestros de aula. Lo que han hecho los neoliberales es mistificar esos grados como sinónimos de "buenas prácticas" en la docencia, pero con el objetivo de llenar las universidades con profesionales convertidos en clientes del negocio de la educación superior.  Para menospreciar más un título profesional, vienen hoy generalizando los términos "pregrado" y "postgrado", haciendo este último un paso obligado para ejercer  con "eficiencia" la profesión.
Es muy objetable que en una nueva Ley Docente se mantenga el sistema de contratos.  Si hay que mantener los concursos para el ejercicio de la docencia, lo mucho que se debe aceptar es que los concursantes deben llegar al nombramiento.  Que los gobernantes no acepten este derecho a la estabilidad laboral es responsabilidad de ellos y no de los maestros y su gremio.
Debo concluir las sumarias observaciones anteriores señalando que se requiere una redacción adecuada desde el puntode vista de la lógica jurídica: orden en la estructura general del texto, mejor redacción para evitar redundancias de conceptos y preceptos (artículos e incisos).  Siendo formales, ayudarán a que el texto sea más coherente en sus planteamientos (coherencia interna).
Final

Finalmente, un llamado a todos los maestros a intervenir en la discusión, ofrecer sus aportes, sus  inquietudes, y tener en cuenta que esta propuesta, para que sea atendida, se requiere de la más grande unidad, pues sin ella no será posible dar la gran lucha para ser escuchados.  Los neoliberales difundirán la mentira de que los maestros están buscando privilegios.  Así fue en el pasado.  Así será en el presente.  Así será en el futuro hasta que un nuevo orden social nos dé la garantía de una nueva educación y de una nueva situación de los trabajadores en la educación.  Se requiere generar una correlación de fuerzas que haga posible la discusión de este proyecto  en el parlamento con el apoyo de los estudiantes y padres de familia, pero convocando también a los intelectuales interesados por una mejor alternativa educativa con la correspondiente política magisterial.
Iquitos, marzo 12 del 2012
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Perú: el nuevo gobierno y la educación, los anuncios y la realidad

Perú: el nuevo gobierno y la educación, los anuncios y la realidad

                    José Ramos Bosmediano, educador, miembro de la Ed Social para la Escuela Pública en las Américas (Canadá), ex Secretario General del SUTEP

 

En los últimos días el gobierno del presidente Humala Tasso ha hecho anuncios sobre el incremento del presupuesto educacional para el año 2012,  la aplicación del Programa Cuna Más que ofreciera durante su campaña electoral y las metas de mejorar el rendimiento en comprensión lectora, matemáticas y ciencias, según los requerimientos de las pruebas PISA.  Mientras tanto, la Ministra de Educación, de las canteras de Foro Educativo y del Consejo Nacional de Educación, al igual que sus viceministros, entre diálogo y diálogo con la dirigencia nacional del SUTEP (Sindicato Unitario de los Trabajadores en la Educación del Perú), sigue persistiendo en buscar la "aplicación plena" de la Ley 29062, mal llamada Ley de Carrera Pública Magisterial (CPM) que el gobierno aprista y el Parlamento correspondiente aprobaron y promulgaron.  

El apoyo interesado de Idel Vexler Talledo

Como ocurre con las propuestas de carácter económico, que tranquilizan a los neoliberales, los anuncios del nuevo gobierno en materia educativa están mereciendo elogios por los mismos funcionarios del gobierno anterior y de aquellos que, sin ser funcionarios, han apoyado todas las políticas educativas de aquel. 

El más significativo de los apoyos viene del profesor Idel Vexler Talledo, ex Viceministro de Educación del gobierno aprista, también integrante  de Foro Educativo y relacionado con la educación privada, premiado con varios Honoris Causa, lo que le otorga la autoridad que mucho pesa en nuestro país del barroco administrativo. De todos los artículos que Vexler viene escribiendo en la columna Notas de un Educador, en la página de opinión de La República, nos parece resaltante el artículo Anuncios sobre educación (La República de Lima, 05/09/2011, p. 12).

Su primera idea no puede ser más contradictoria con la actuación del Ministerio del cual formó parte entre el 2006 y el 2011: "Se han establecido como altas prioridades las de atender la educción inicial y rural, en el marco de una reforma del Ministerio de Educación que fortalezca su rectoría nacional". Semejante saludo a los anuncios serían considerados sinceros si, en su momento, hubiese protestado por el abandono de la educación pública durante el período indicado, con un presupuesto que llegó al 2.9 % del PBI, manteniendo los wawawasis y los PRONEI en la precariedad pedagógica y remunerativa, como siempre han estado,  abandonando la educación rural a su suerte y convirtiendo al Ministerio de Educación en una simple agencia de concesiones de negocios a empresas privadas, incluso para la elaboración de material didáctico de dudosa calidad.

Pero donde sí expresa su reacción sincera es cuando el gobierno actual anuncia la continuidad de la llamada meritocracia a través de la CPM, aun cuando Vexler apruebe también el "énfasis" en "la evaluación de la especialidad y el desempeño", algo impensable en las evaluaciones estandarizadas aplicadas desde 1995 y elevadas a la enésima potencia de la calidad desde el 2007.  No podría ser mejor para Vexler Talledo el continuismo meritocrático, que no solamente se expresa como evaluación estandarizada, sino también como promotor del  espíritu competitivo e individualista entre los maestros, además de ser un instrumento para segmentar a los maestros en un escalafón cuyos niveles IV y V son solamente para no más del 10% de maestros, luego de endeudarse para obtener maestrías y doctorados al precio del libre mercado enriqueciendo a los dueños de las universidades privadas. 

Con falaz afirmación, dice que las críticas que hubo sobre la CPM no fueron  a esta Ley sino a los procedimientos, a su implementación y no a la norma.  Como estaba en su atalaya ministerial, Vexler no pudo enterarse de lo que no le interesaba leer o escuchar. Parece que leyó solamente a periodistas áulicos o ignorantes en materia educativa. ¿Y desde cuando la implementación de una Ley se hace al margen del espíritu de esta?  Lo que debe agregarse es que esa implementación se dio también con el "valor agregado" de la corrupción y el clientelaje aprista.

El colmo de Vexler es que ahora acepta que la municipalización de la educación "no caminó" y que "es un acierto" desactivarla.  Tampoco se enteró que ese engendro pinochetista hace tiempo que fracasó en Chile, en Bolivia, En México y otros países. ¿Ignorancia o intereses burocráticos?

También afirma un acierto seguir en el marco del Proyecto Educativo Nacional, cuyo contenido es simplemente declarativo en sus objetivos generales, pero irreales como proyecto, pues el verdadero proyecto educativo se encuentra en la Ley General de Educación, norma neoliberal que legaliza toda la reforma que dejó el fujimorismo.  Es irreal cuando se dice que con el 0.25% de aumento anual del presupuesto para la educación se llegará en cinco años al 6% del PBI, pues el aumento demográfico escolar y la inflación absorben ese magro incremento.  Además el programa neoliberal, sin no es reemplazado por otro, impedirá un aumento sustancial del presupuesto para la educación.

Como una especie de juzgador, luego de haber cumplido funciones principales en la farsa educativa del gobierno aprista, reclama la jornada escolar de las 8 horas, propuesta que no es condición necesaria para generar una nueva educación en el Perú.  No hay presupuesto ni para los gastos de la jornada actual, y se pretende prolongarla con las mismas remuneraciones a los maestros.

Los anuncios y la realidad

Es muy fácil en el Perú republicano ensalzar medidas políticas sin profundizar el análisis de su contenido y del marco en el cual se realizan.  Tales han sido las reformas educativas de los últimos 50 años, muy pródigas en enunciados efectistas, pero vacías en su relación con la realidad objetiva del Perú.

Soy testigo directo, durante la lucha contra la reforma educativa neoliberal de Fujimori y Montesinos (1990 – 2000). Periodistas y "expertos" ponderaban las medidas de aquel régimen, hasta la construcción de deficientes locales escolares.  Otro tanto ocurrió durante los dos primeros gobiernos del siglo XXI: Plan Huascarán, Colegio Mayo, Colegios Emblemáticos, Meritocracia y evaluaciones estandarizadas, capacitaciones y concursos y, como non plus ultra, la CPM.  En no pocos artículos de opinión en La República de Lima el extinto profesor universitario y lingüista, Luis Jaime Cisneros ha expresado su apoyo a los concursos y las evaluaciones estandarizadas realizados por el gobierno aprista, inclusive con expresiones despreciativas hacia los maestros y su sindicato, muy propio de personas que no tuvieron jamás la necesidad de organizarse para defender sus derechos como trabajadores. .¿En qué hemos quedado con todo el "presupuesto por resultados"? 

¿Es tan difícil restituir los derechos de los maestros y discutir una nueva Ley del Profesorado,  que contenga una verdadera carrera pública magisterial?  Es difícil y hasta imposible si es que no se parte de la revaloración de la Escuela Pública y la reducción drástica de la privatización  de la educación. 

Se requiere una nueva ley de educación, democrática y patriótica, integral y científica, que exprese la unidad de escuela y trabajo, que garantice igualdad de oportunidades para todos con la gratuidad y la universalidad de la educación como derecho y no como negocio.   Al margen de un proyecto de nueva educación, el gobierno del presidente Humala pretende, con sus anuncios, revertir la situación de crisis de nuestra educación.  Sus medidas anunciadas, no cabe duda, son avances frente a los fracasos del pasado, pero no garantizan, por su enfoque parcial, un cambio sustancial como el que requiere el Perú y su pueblo.

Revisar la CPM, aun cuando no se plasme en una nueva ley, podría significar algunos derechos para los maestros.

El incremento del presupuesto para ciertos programas de educación inicial y rural, y otros de la educación básica, nos pueden llevar disminuir las profundas desigualdades educativas y matricular a más niños de los sectores más marginados del Perú.

La supresión de la municipalización educativa es también un golpe certero al proyecto neoliberal de descargar el mayor gasto de la educación en los padres de familia vía las municipalidades, la famosa descentralización del Banco Mundial cuyo responso se está cantando en Chile.  Sabemos que hay sectores interesados en que la municipalización continúe, pues algunos alcaldes y hasta gobiernos regionales tienen la idea de que bajo su control podrán manejar el presupuesto educativo como vienen haciéndolo, con corrupción de por medio.  Pero la municipalización de la educación, además de sus implicancias económicas, tiene también efectos pedagógicos y laborales nada favorables para resolver la crisis de la educación peruana, como no lo tuvieron en Chile.

Con todo lo positivo que puedan tener las recientes, y quizás no únicas, medidas del nuevo gobierno, su capacidad para desmontar la reforma educativa neoliberal es escasa, casi nula, por hoy. 

El diálogo del SUTEP con el gobierno, sin dejar de ser un instrumento de lucha reivindicativa, debe debatir también los aspectos educativos y pedagógicos. 

Iquitos, setiembre 05 del 2012

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