José Ramos Bosmediano, educador, miembro de la Red Social para la Escuela Pública en las Américas (Red SEPA, Canadá), ex Secretario General del SUTEP (Perú).
Como es de rigor constitucional en el Perú, el día de ayer jueves 25 de agosto el Primer Ministro del Gobierno del Presidente Ollanta Humala Tasso, el empresario Salomón Lerner Ghitis expuso ante el Congreso el Plan de Gobierno para el período 2011-2016 que fue esbozado el 28 de julio próximo pasado por el propio Presidente.
Con la abstención de los fujimoristas y sin ningún voto en contra, el Pleno del Congreso otorgó al Gabinete Lerner su voto de confianza, hecho nada nuevo en el Perú de los últimos 30 años. La abstención del fujimorismo es mucho de que se podía esperar, pues esa fuerza política ("Fuerza 2011" se denominan hoy) no pasa de ser la rémora política más peligrosa para avanzar en el Perú hacia la recuperación, primero, de los derechos sociales, y para seguir avanzando hacia la transformación del Perú en una república con justicia, soberanía, desarrollo integral y bienestar colectivo.
Un Plan de Gobierno de recuperación inicial del Estado y los derechos sociales
Los planteamientos realizados por el gobierno a través de su gabinete ministerial recogen parte de las aspiraciones de la tendencia progresista que votó por la alianza Gana Perú en las dos vueltas electorales, principalmente la que la respaldó el 5 de junio del 2011 frente a la corrupta y entreguista candidatura de los Fujimori y sus socios de las transnacionales.
El planeamiento más significativo es la recuperación del rol del Estado en la conducción de la economía nacional, enfrentando, aun cuando sea tibiamente, la conducción neoliberal que viene desde los años 90 del siglo pasado, que convirtió al Estado peruano en una suerte de facilitadora para la apropiación de sus bienes empresariales y recursos naturales por las empresas transnacionales y ciertos monopolios de origen peruano que funcionan, sin embargo, como intermediarios de aquellas. El anuncio de la recuperación de Lote 88 del Gas, la construcción del Gaseoducto del Surandino, la búsqueda de un precio menor para el gas doméstico e industrial, la construcción de una industria petroquímica, el fortalecimiento y modernización de las empresas del Estado, la anulación del indignante "óbolo minero" que fue negociado entre el gobierno del APRA y las grandes mineras y el cobro de un impuesto adicional de casi 3000 millones de soles anuales (lo que demuestra que, sin mucho chistar, las transnacionales han cedido algo de sus inmensas ganancias, prueba de que no van a retirarse si se les cobra lo que deben pagar por destruir nuestro medio ambiente). Hay que resaltar también la propuesta de la creación de una línea aérea de bandera para amenguar los abusos de ese monopolio llamado LAN, propiedad del Presidente chileno Sebastián Piñera, uno de los empresarios más ricos de América Latina. Como se puede notar, estas políticas no tocan el modelo neoliberal en su conjunto, sino algunas de sus aristas más visibles. Las transnacionales continuarán depredando nuestros recursos naturales, incluso con la aplicación de la Ley de Consulta Previa que acaba de promulgarse. Además, no se ha planteado un nuevo sistema tributario que grave a la renta de los sectores con mayores ingresos, como lo vienen planteando los propios magnates de Estados Unidos y Europa, aunque ellos lo hacen para anticiparse a la rebelión de tantos indignados del llamado "primer mundo". No hay duda que la gran transformación no se asoma por ningún lado, lo que no debe llevarnos a desestimar los esfuerzos del gobierno por recuperar, en parte, la capacidad del Estado como conductor de la economía nacional. No obstante, eso significa que el gran conductor de la economía seguirá siendo el gran capital privado, la libre empresa, el libre mercado, la globalización capitalista neoliberal. No se plantea un Estado por lo menos liberal, socialdemócrata, como el que se perfilaba, hasta los 80, en Costa Rica y Uruguay, hoy sometidos también a la ola neoliberal. La burguesía nacional, representada en el actual gobierno por el empresario Lerner Ghitis, carece de la fuerza de esa burguesía nativa de los países que construyeron las modernas naciones europeas de capitalismo desarrollado. Queda demostrado, una vez más, que la hora de la burguesía para crear una nación fuerte y soberana ya pasó. Es la hora de las fuerzas populares, de la clase obrera, de las amplias masas campesinas e indígenas, de los sectores progresistas de la juventud y los intelectuales. Pero, con todas las limitaciones del programa propuesto, se abre en el Perú una nueva etapa en la lucha contra el neoliberalismo y la creación de mejores condiciones para la recuperación del papel de las fuerzas populares en la lucha por la democracia, la soberanía y el socialismo.
En lo que se refiere a los derechos sociales de los peruanos, no hubo mayores propuestas a las que ya el Presidente Humala había anunciado en su discurso de juramentación el 28 de julio: Pensión 65, Cuna Más, fortalecimiento del programa Juntos, a los que se agrega hoy el mejoramiento de la vivienda, a atención de la niñez y el aumento significativo del presupuesto para la salud y la educación desde el 2012. Estas medidas, sin ser políticas integrales de desarrollo social y humano, servirán para disminuir coyunturalmente en algo la pobreza extrema, pero no disminuir las profundas desigualdades sociales que ha generado el neoliberalismo en el Perú. Estamos frente a una propuesta de neoliberalismo "con rostro humano", caro a los planteamientos de la denominada "tercera vía" que, dicho sea de paso, ni en la propia Europa ha podido frenar el deterioro de la vida de los más pobres en esos países, como lo demuestran los casos de Grecia, España, Inglaterra, Portugal, la propia Francia, país en el cual los más ricos están ofreciendo una partecita de sus riquezas para ayudar al Estado neoliberal francés.
¿Y la educación?
Su crisis es evidente e insoluble desde las posiciones y políticas neoliberales. La reforma educativa neoliberal, de 20 años de vigencia en el Perú, ha fracasado, como lo anticipamos en 1991, 1992 y 1995, cuando ejercíamos la dirigencia nacional del SUTEP. Las nuevas generaciones de dirigentes magisteriales deberían de revisar aquellos documentos de la década de los 90 a través de los cuales el SUTEP le salió al paso a cada propuesta y medida del régimen fujimontesinista de aquellos años. El SUTEP fue la única fuerza social organizada que desenmascaró la política educativa neoliberal, mientras "ilustres" "expertos" apoyaban esa reforma. Las políticas educativas neoliberales fueron consolidadas por los gobiernos de Alejando Toledo (2001-2006) y del demagogo aprista Alan García Pérez (2006-2011), encubriéndolas con la Ley General de Educación 28044, la mal llamada Ley de Carrera Pública Magisterial 29062, la municipalización educativa, la "educación inclusiva", el "Plan Lector", las evaluaciones estandarizadas, el Programa de Formación y Capacitación de Maestros (PRONAFCAP), EL Proyecto Educativo de Logros y Aprendizaje (PELA). Con un presupuesto educativo decreciente se dispuso la segmentación de los maestros y su incorporación a un sistema que tiende a desregular la relación laboral en el largo plazo. La política educativa neoliberal reestructuró el currículo de la educación básica restándole contenido humanista y científico, lo que ha devenido en un proceso de involución en la formación de la niñez y la juventud. Toda la reforma está en bancarrota, como lo está en el "modelo" del cual se calcó desde hace 20 años: el modelo chileno que hoy cruje ante el empuje de las masas estudiantiles, magisteriales y populares de la patria de Gabriela Mistral, Salvador Allende y Pablo Neruda.
Los planteamientos del gobierno del Presidente Humala son importantes pero parciales. La anulación de la municipalización de la educación, planteada por el fujimorismo desde 1992 (Decreto Ley 26011), no solamente ha sido una exigencia de los maestros organizados en el SUTEP, sino que es hoy una necesaria rectificación a partir de lo que viene ocurriendo en Chile, donde esa municipalización educativa produjo más desigualdades educativas y el abandono de las escuelas municipalizadas y las privatizadas y subsidiadas por el Estado. La revisión de la Carrera Pública Magisterial diseñada por el Banco Mundial para ahorrar gasto fiscal (ex Ministro de Economía y Finanzas del gobierno aprista, Luis Carranza, dixit) es, en realidad, una medida que no resuelve el problema de la conculcación de los derechos económicos, profesionales y sociales de los maestros. En materia educativa, lo menos que debe actuar el gobierno es, en primer lugar, la derogatoria de todas las leyes y decretos que configuran la reforma neoliberal y promulgar nuevos dispositivos con una nueva reforma de la educación que considere a esta como derecho social (que incluye lo humano) y servicio público universal, gratuito y de contenido integral, que elimine la privatización de la educación, devuelva al Ministerio de Educación su papel rector y conductor de todo el sistema educativo con sus funciones técnico-pedagógicas y de gestión administrativa. Ningún sistema de becas, por lo demás, resuelve el problema de la falta de universalización de la educación en todos los niveles escolares. Cuando un sistema educativo es democrático, las becas están destinadas exclusivamente a quienes se dedican a la investigación y a los que, por su elevado rendimiento y dedicación al estudio, requieren ampliar su formación académica y de investigación en centros superiores de verdadero prestigio, en el Perú o en el extranjero.
Otras propuestas administrativas del Estado
La más significativa es la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que debe convertirse en un instrumento para promover la investigación básica y la aplicada con miras a convertirnos en un país capaz de desarrollar sus fuerzas productivas humanas, científicas y tecnológicas, con una estrecha ligazón con el Ministerio de Cultura y de Educación, siempre y cuando las universidades públicas se conviertan en los puntales del desarrollo de la superestructura científica del país. Ciencia, cultura y educación son, en todos los procesos de modernización contemporánea, la triada cuya interacción promueve el cambio educativo, la creación de una nueva cultura nacional y del desarrollo de la ciencia en un país. Pero este desarrollo depende también de los encargados, comenzando por los ministros, de orientar los procesos, sin improvisar funcionarios ni designar a estos por ciertos méritos parciales que, sin embargo, no garantizan una visión de conjunto de los hechos.
La creación del Ministerio de Inclusión Social es positiva en cuanto permitirá unificar todos los programas sociales que buscan atenuar la situación de los más pobres, con la atingencia de que no acabará con la pobreza, pues esta solo puede resolverse cuando los peruanos desarrollen actividades laborales (trabajo) en condiciones dignas para alimentarse, vestirse, tener una vivienda digna y solventar sus necesidades culturales y de recreación. Mientras estas condiciones no se den, seguiremos siendo administradores del asistencialismo.
Otro tanto vale para la conversión del actual Ministerio de Justicia en Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La plasmación de los derechos humanos tiene su base en las relaciones sociales justas que deben imperar en una sociedad, donde los derechos al trabajo, a la educación, la salud, la recreación y el goce de los bienes culturales constituyen las herramientas para plasmarlos. El principal derecho, el derecho a la vida, es indesligable de los derechos sociales, incluyendo los derechos llamados de tercera generación. Empezando por el derecho a una justicia igualitaria para todos, gratuita por lo tanto, con jueces y fiscales dignos y justos, el mencionado Ministerio de Justicia recompuesto tendría la verdadera importancia que se le pretende dar. Sin un cambio en su concepción y estructura, poco es lo que se puede avanzar.
Los cambios anunciados en la política penitenciaria, en Indecopi, en el SIS y la política antidrogas, podrían dar buenos resultados aunque sin producir grandes cambios en sus estructuras sociales actuales.
Grandes carencias en el Plan de Gobierno
El Plan no dibuja, por lo menos, un proyecto de desarrollo agrario en el Perú del futuro, pues mencionar el aumento de nuestras exportaciones agrarias no dice nada sobre las masas campesinas sin tierra, la concentración y reconcentración de la propiedad agraria en una burguesía agraria que explota a cientos de miles de asalariados con magras remuneraciones, la inexistencia de un verdadero Banco de Desarrollo Agrario para la pequeña y mediana producción en el campo, la inexistencia de una nueva política pesquera que se dirija al mercado interno en lo fundamental, nuevas relaciones laborales que se plasmen en un Código de Trabajo que garantice todos los derechos sindicales y laborales de los trabajadores peruanos.
Estas y otras carencias son propias de un gobierno que ha concertado con las fuerzas de la derecha para poder gobernar los 5 años que manda la Constitución vigente. Es una concertación, en realidad, con las fuerzas y los intereses neoliberales, especialmente con las transnacionales de la minería, del petróleo y de las grandes obras públicas. Esla misma concertación de Lula da Silva con el gran capital transnacional e interno del Brasil.
Los límites impuestos al gobierno del Presidente Ollanta Humala proceden de poderosas fuerzas externas al Perú, empezando con las transnacionales que presionan, principalmente, a través de la CONFIEP y de la ANMP, cuyos voceros, desde el gobierno aprista, han venido sembrando el miedo en la población para que su voto favorezca a las listas de la derecha y, principalmente, a la lista encabezada por la canalla fujimorista. El otro factor limitante es el conjunto de fuerzas de derecha, neoliberales, que han dado su apoyo al nuevo gobierno para impedir que este toque el meollo del programa neoliberal. Internamente, el frente Gana Perú y el propio Partido Nacionalista del Presidente Humala carecen de estructuras y bases sociales significativas como para sustentar medidas económicas y sociales que vayan más allá del neoliberalismo actual. También tenemos a los medios de comunicación de alcance nacional, cuyos periodistas y columnistas, con algunas excepciones, hablan todos los días de los "peligros" que entrañarían para la estabilidad y el crecimiento del país medidas "más radicales" que hagan huir a los inversionistas, considerados como los hacedores de nuestro desarrollo, nada menos. Estos factores darán la pauta al curso que tomará el gobierno en los próximos años. Y un factor interno que decidió la victoria del Presidente Humala, las fuerzas populares, carecen de la organización y la fuerza suficientes como para contrarrestar al neoliberalismo en acción. La organización y la recuperación de estas fuerzas serían la única garantía para que el nuevo gobierno no se quede el lugar a donde ha llegado.
¿Y cuál sería el programa de gobierno para producir la gran transformación planteada por el Presidente Humala? Será abordado en otro artículo.
Iquitos, agosto 26 del 20011.
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