José Ramos Bosmediano, educador, miembro de la Red Social para la Escuela Pública en las Américas (Red SEPA, Canadá), ex Secretario General del SUTEP, Perú
Esteves Levitski, hasta donde conozco, hizo su aparición en la escena periodística de opinión durante la última campaña electoral en el Perú, con una posición favorable a ciertos planteamientos de deslinde con el neoliberalismo encarnado en las candidaturas de la ultra derecha, sobre todo del fujimorismo de Keiko Fujimori. Viene del Norte, de Estados Unidos, si es que mi información es correcta. Escribe hoy en el diario La República sobre temas políticos, su campo de trabajo principal, según parece. No sé más pero leo sus artículos y las entrevistas que suelen hacerle sobre la vida política nacional.
En la edición de La República de Lima (24/10/2011, p. 15, Punto de Vista) escribe el artículo "Instituciones politizadas (y cómo combatirlas)". Las ideas centrales del texto se sintetizan en las siguientes afirmaciones: a) la democracia peruana sigue siendo precaria; b) las instituciones democráticas "no funcionan bien" como sí ocurre con las democracias sólidas en Chile, Uruguay y Costa Rica; c) uno de los factores de esa precariedad democrática es la politización de las instituciones y esta politización las vuelve débiles también, las ilegitima y las convierte en instrumentos políticos de quienes están en el poder, con cambios en cada gobierno de turno; d) para terminar con este círculo vicioso hay tres medidas fundamentales: la primera, cualquier reforma constitucional que cambie la estructura del poder debe hacerse para los futuros gobiernos y no para el actual; la segunda, las investigaciones sobre corrupción deben hacerse al gobierno en ejercicio y no a los anteriores para evitar la politización y dar la imagen de "persecución política"; y la tercera, hay que despenalizar la difamación para no encubrir a los funcionarios que, eventualmente, pueden estar abusando de su poder.
¿Una visión ingenua del Estado?
El Estado, como dice bien el Sociólogo Sinesio López Jiménez, desde una concepción liberal clásica del Contrato Social, ("Estado y gobierno". En La República de Lima, 13/08/2011, p. 12, El zorro de abajo), "es una macroestructura (integrada por el sistema legal, la burocracia, el monopolio de la violencia, la distribución del poder en el territorio y un sistema de referencia política para la nación) organizada para ejercer el dominio político y construir el orden legítimo"; agregando que cuando la ley domina y el ejercicio del poder es legítimo, se cumple el Estado de Derecho. Esta visión liberal del Estado, que también comparte Levitski, no puede explicarse adecuadamente puesto que no hay ningún Estado liberal, por más desarrollado que esté, donde el ideal Estado de Derecho sea respetado. Basta ver lo que ocurre en la Europa de hoy, En Estado Unidos y hasta en los países con "instituciones sólidas" como las citadas, especialmente Chile, donde el ejercicio del poder no está en función de las instituciones definidas en sus respectivas constituciones, sus derechos ciudadanos y las obligaciones del Estado. Sería una locura de los mapuches y de los estudiantes chilenos las luchas que vienen desarrollando.
Resulta que el Estado, desde que apareció, siempre ha sido una superestructura (o macro, como lo dice López Jiménez) de dominio de la clase en el poder, cuyo ejercicio se detenta con el uso de la fuerzas institucionalizada, la violencia, las fuerzas represivas dirigidas por quienes están en el gobierno.
Es ingenuo pensar que quienes asumen el gobierno y están de acuerdo con el Estado imperante (economía, distribución de la propiedad sobre los medios de producción, burocracia al servicio de ese Estado, cultura y educación, simbología comunicativa, etc.) renuncien a copar las estructuras del poder político. Así ocurrió durante y después de la Revolución Francesa de 1789, igual en la Alemania de la unificación nacional con Otto Bismarck, pero también, con todas las limitaciones, en todos los países latinoamericanos que se independizaron de España. Si triunfa una auténtica revolución la nueva clase en el poder tiene que cambiar toda la estructura del Estado y las instituciones que permiten ejercer el nuevo poder.
El Estado peruano actual no es un Estado liberal clásico. Apenas es un Estado de simple democracia formal, atrasada, antidemocrática incluso desde el punto de vista de la democracia burguesa, con un autoritarismo que el gobierno aprista también ejerció a través de esa nueva legislación de urgencia ("decretos de urgencia" que impuso la dictadura neoliberal de Fujimori). El gobierno del Presidente Hugo Chávez también las usa para desmontar el dominio de la oligarquía que por siglos dominó en Venezuela y aspira recuperar el gobierno.
Con el neoliberalismo el Perú se ha convertido, qué duda cabe, en Estado neoliberal subordinado a las transnacionales en lo económico y social (TELEFÓNICA y no el Ministerio de Educación premia a los maestros "pioneros" en el uso de la informática en la metodología pedagógica, como parte de su propaganda para legitimar su dominio monopólico en las telecomunicaciones; el INTERBANC premia al "maestro que deja huella, y no el Ministerio de Educación; la misma TELEFÓNICA regaló 5 millones de dólares al gobierno de don Alejandro Toledo para el "Pan Huascarán", que se hizo humo como proyecto educativo, etc.).
El neoliberalismo ha consolidado la corrupción en el Perú, ha convertido al Estado peruano en un Estado corrupto, lo que no significa que no haya gente éticamente sana, y es la mayoría de los peruanos; pero los corruptos tienen el poder del Estado y gobiernan, de arriba abajo. Todas las instancias gubernamentales, funcionan como una unidad de mando, donde los intereses deshonestos de los de arriba (funcionarios y empresarios deshonestos) se relaciona y retroalimenta con los de los escalones inferiores con intereses comunes (deshonestos). Nunca como hoy en el Perú es verdad aquella frase poopular que recoge Carlos Marx para retratar las relaciones capitalistas de producción: "el dinero llama al dinero". En el caso de la lucha por el poder en el terreno electoral, muchas candidaturas dependen de la inversión para luego recuperarla y multiplicarla desde el ejercicio el cargo conquistado.
¿Cómo combatir la corrupción en el Perú?
Si seguimos a Levitski, todos los corruptos anteriores deben quedar impunes o, a lo más, en el limbo, pues no hay que investigarlos porque se corre el peligro de convertirlos en "perseguidos políticos", como vienen afirmando algunos parlamentarios y otros funcionarios públicos de regímenes anteriores, incluidos los fujimoristas. Para los fujimoristas y apristas, las tesis de la "politización de las instituciones" del Estado que esgrime Levitski caen como pera madura, dulce y a punto de alimentar la impunidad más flagrante.
Todas las instituciones del Estado tienen contenido político, con intereses diferentes, antagónicos o no antagónicos. Ni las instituciones judiciales están exentas de ese contenido.
Para aplicar el derecho penal o el civil, y hasta el laboral, no pidamos a los jueces y fiscales que se despojen de sus concepciones filosóficas, ideológicas y políticas y se conviertan en seres angelicales. Hay en los códigos, incluso, una cláusula universal sobre el "criterio de justicia" que los jueces y fiscales pueden aplicar para sancionar o absolver a quienes infrinjan las normas aprobadas en el derecho constitucional y en el derecho positivo, que es diverso.
El hecho de que nuestra cultura jurídica esté plagada de tinterillos con título y lobbystas sin fronteras, no significa que debemos renunciar al ajusticiamiento de anteriores y actuales gobernantes y sus funcionarios. No hacerlo significaría alimentar el círculo vicioso de la corrupción, pues los actuales gobernantes estarían seguros de que sus fechorías serían investigadas en las calendas griegas, es decir, nunca.
Lo que pasa es que luchar contra la corrupción no se agota con el ajusticiamiento de los actuales y anteriores corruptos, sino con la erradicación de las causas determinantes de la corrupción generalizada que impera en el Estado peruano, lacra que viene como herencia del viejo Estado colonial con el cual no hemos roto los cabos del continuismo. Esa herencia no ha estado ni está presente en nuestra historia republicana. Y no lo estará mientras no haya una transformación fundamental de nuestra vida nacional, un nuevo Estado, una nueva economía, una cultura forjada a partir de nuestras raíces y enriquecida por los valores progresistas de la cultura universal.
La despenalización de la difamación es, en el fondo, una patraña, utilizada por los dueños de la gran prensa y de una pequeña prensa manejada por caciques de provincias y regiones para crear la confusión informativa al involucrar funcionarios honestos en actos deshonestos, para decir que "en la oscuridad todos los gatos son pardos". La supuesta buena intención de un periodista "independiente" no puede anular la igualdad ante la ley. La SIP, en realidad, no defiende el derecho de expresión de la mayoría de la población de un país, sino el derecho de expresión de una minoría opulenta. La SIP es brazo empresarial antes que ideal periodístico. Hay periodistas que se dicen independientes, pero cuando leemos sus páginas de opinión, su editorial y las informaciones que ofrecen, se nota inmediatamente qué intereses defienden. Mariátegui fue honesto porque ejerció el periodismo con un mensaje claro y compromiso popular. Sus adversarios se definen independientes, pero defienden intereses opuestos.
Necesitamos una fuerza política y moral que impulse la lucha contra la corrupción pasada y actual. Pero una fuerza alternativa también que construya un nuevo país.
Impedir que los corruptos del pasado queden impunes es proteger el Estado corrupto que nos está envolviendo en su manto de impunidad.
Iquitos, octubre 28 del 2011
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